Ministerio Público estima $767 mil en perjuicio al Estado por diplomas falsos

El Ministerio Público estima que el perjuicio al Estado por el caso de los diplomas falsos en el Ministerio de Educación (Meduca) es de más de 767 mil dólares. La cifra se desprende del monto devengado en salarios y bonificaciones por los maestros durante el tiempo que ocuparon sus cargos. El monto total podría ser mucho más elevado, ya que la denuncia original del Meduca registra al menos 401 casos de registros falsos.

La información fue compartida durante el segundo día de audiencias de la llamada Operación Credenciales I en la que 25 personas han sido indiciadas por diversos delitos. En las audiencias del jueves y viernes participaron 23, las dos últimas fueron aprehendidas la tarde del jueves en Chepo y la comunidad de Isla Esmeralda en el Archipiélago de Las Perlas y deberán tener sus propias audiencias por separado este sábado.

Desde la mañana del viernes hasta las 4 de la tarde, la fiscal Elizabeth Carrión presentó los distintos argumentos de la Fiscalía para imputar cargos. Específicamente, buscan imputar delitos por corrupción de servidores públicos, blanqueo de capitales, delincuencia organizada, falsificación de documentos y ejercicio ilegal de la profesión.

De los 23 indiciados, tres eran analistas en el Meduca y son señalados como los responsables de ingresar la documentación ilegítima al sistema informático que utiliza la institución para determinar cómo se llenan las vacantes y las promociones. Se trata de Henry Julio, Henry Jiménez y Tenaura Mojica. En el caso de Julio, él era la única persona responsable del sistema en toda la provincia de Darién. A él se le atribuyen 17 registros presuntamente ilegítimos.

La plataforma opera bajo un sistema de puntos que todo maestro en el sistema público conoce muy bien. Certificados académicos como postgrados, profesorados, diplomados, cursos o maestrías suman puntos para cada docente. Estos puntos son los que determinan si un maestro dará clases, cuántas materias, y son utilizados para valorar los ascensos y promociones.

Muchos de los maestros indiciados en esta investigación están catalogados como Temporal Hasta Finalizar el Año (THFA). Estos profesores dependen de tener puntuaciones altas para seguir teniendo trabajo cada año. Los puntos expiran periódicamente por lo que deben constantemente buscar nuevas certificaciones.

El objetivo de este sistema es asegurarse que los docentes mantengan una capacitación continua a lo largo de su carrera y recompensar la preparación, pero en la práctica también genera un incentivo a conseguir acreditaciones de cualquier sitio para sumar los puntos necesarios.

Para el Ministerio Público, este habría sido el caso de muchos de los docentes indiciados. De acuerdo al testimonio de una maestra a la fiscalía, una de las indiciadas llamada Antonia De la Rosa cobró miles de dólares por ingresar información ilegítima al sistema para que esta maestra obtuviera un puesto en la institución.

La profesora relató al Ministerio Público que incluso tuvo que pedir un préstamo para pagarle el monto solicitado a De La Rosa. No se ha confirmado aún cuánto dinero recibió en total De la Rosa, pero fuentes del Ministerio Público compartieron que sí se conoce la cifra y será detallada durante el proceso judicial.

De la Rosa trabajaba como maestra en la Escuela Virgen de Guadalupe de Las Garzas. Según las fiscales, ella sería la intermediaria con los analistas del Meduca que finalmente introducirían los presuntos créditos ilegítimos al sistema. Por ello, la fiscalía busca imputarla a ella y a su familiar Abrilineth Murillo De la Rosa como cómplices del delito de falsificación de datos informáticos por el cuál señalan a los analistas Julio, Jiménez y Mojica.

La audiencia fue suspendida alrededor de las 4 de la tarde, mientras la fiscal continuaba con el proceso de detallar los elementos relevantes a la imputación de cargos de cada uno de los indiciados por separado. Está agendada para continuar este sábado a las 10 am en la sede del Sistema Penal Acusatorio (SPA) de Plaza Ágora.

Luego que el Ministerio Público termine de presentar sus argumentos, le tocará a cada uno de los abogados defensores abogar por sus representados respecto a los cargos por los que se busca que sean imputados.

Considerando el número de personas involucradas, se espera que la audiencia continúe por algunos días más, ya que después sigue la imposición de medidas cautelares que determinará si se mantienen en sus casas o en centros de detención.