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- 29/08/2026 00:00
La opinión del procurador forma parte del proceso que analiza la Corte Suprema contra el Acuerdo 162 del Consejo Municipal de Panamá
El procurador general de la Nación, Luis Carlos Manuel Gómez Rudy, emitió una opinión dentro de la demanda presentada contra el acuerdo que regula la Policía Municipal de la Alcaldía de Panamá y coincidió con el planteamiento de que la norma es inconstitucional.
La opinión forma parte del proceso que adelanta la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre el Acuerdo No. 162 del 17 de junio de 2025, aprobado por el Consejo Municipal del Distrito de Panamá y publicado en la Gaceta Oficial No. 30339 del 7 de agosto de ese año.
El acuerdo establece la organización y funcionamiento de la Dirección de Policía Municipal de la Alcaldía de Panamá.
La demanda fue presentada por el abogado y diputado del Movimiento Otro Camino, Ernesto Cedeño, quien solicita a la Corte Suprema declarar inconstitucional el contenido íntegro del acuerdo.
La acción judicial cuestiona las facultades del Consejo Municipal para establecer y regular una estructura de seguridad de este tipo y cita disposiciones constitucionales relacionadas con el régimen municipal, además de la Ley 106 de 1973, sobre el Régimen Municipal.
La parte demandada es el Consejo Municipal del Distrito de Panamá, órgano que aprobó el Acuerdo 162.
La admisión de la demanda no significa que la Corte Suprema haya declarado inconstitucional el acuerdo. El proceso debe continuar hasta que el Pleno analice los argumentos y emita una decisión.
El cuestionamiento jurídico ocurre mientras la Policía Municipal enfrenta críticas por su actuación durante un enfrentamiento con exfuncionarios de la Alcaldía de Panamá que protestaban por el pago de la prima de antigüedad.
El incidente ocurrió en las inmediaciones del Edificio Hatillo y dejó tres personas heridas. Uno de los manifestantes recibió atención en el Hospital Santo Tomás por una lesión cerebral.
Tras el hecho, el presidente José Raúl Mulino cuestionó el nuevo modelo de Policía Municipal y expresó su deseo de que la iniciativa fuera detenida. El alcalde Mayer Mizrachi, por su parte, informó que evaluaba posibles suspensiones a agentes municipales.
Ahora, el Pleno de la Corte Suprema deberá determinar si el Acuerdo 162 se ajusta a la Constitución y al marco legal que regula las competencias municipales.
La opinión del procurador forma parte de los elementos que deberá considerar el tribunal, pero la decisión final sobre la constitucionalidad del acuerdo corresponde a la Corte Suprema de Justicia.
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