Moratoria bancaria y de servicios públicos, 'sin fuerza de ley'; advierte diputada Zulay Rodríguez

El proyecto de ley 257 que busca extender hasta el 31 de diciembre de 2021, las moratoria para el pago de compromisos bancarios y los servicios públicos a aquellos afectados laboral y financieramente por la pademia de covid-19, no podrá ser aprobado hasta que el pleno legislativo inicie en julio el tercer periodo ordinario de sesiones.

La Asamblea Nacional, a través de la Comisión de de Economía y Finanzas, apenas prohijó la semana pasada esta iniciativa impulsada por la diputada del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD), Zulay Rodríguez.

La propuesta extiende la validez y vigencia en todas sus partes de la Ley 152 de 4 de mayo de 2020; que adopta medidas especiales para la suspensión temporal del pago de servicios públicos y otras medidas y la Ley 156 de 30 de junio de 2020; que dicta medidas económicas y financieras para contrarrestar los efectos de la covid-19 en la República de Panamá.

La Ley 152 solo establecía un periodo de suspensión de los cobros de los servicios públicos de energía eléctrica, telefonía fija y móvil e internet; por un periodo de cuatro meses desde desde el 1 de marzo de 2020.

Mientras que la Ley 156 de 30 de junio de 2020 sobre moratoria bancaria, solo abarcaba el periodo del 1 de marzo al 31 de diciembre de 2020.

Para la diputada Rodríguez, los sectores empresariales y sus grupos económicos no quieren hacer cumplir las moratorias y prueba de ello, dijo, es el Acuerdo No. 13-2020, emitido por la Superintendencia de Bancos de Panamá, "que supuestamente extiende la moratoria bancaria hasta el próximo 30 de junio de 2021, lo que es un insulto a la dignidad del pueblo panameño que sufre los embates económicos de la pandemia, ya que ese acuerdo no tiene fuerza de ley".

Destaca que por otro lado, la Autoridad Nacional de Servicios Públicos (ASEP), emitió una resolución para autorizar a las empresas distribuidoras de luz eléctrica, que funcionan de manera oligopólica y además, vendiéndonos la luz más cara del mundo, puedan cortar el servicio público de luz, a todos aquellos morosos que consuman más de 400 kW hora al mes, "sin importarles si esos cortes de electricidad se efectuarán en hogares de familias cuyos miembros estén desempleados, con contratos de trabajos suspendidos o sin ningún tipo de ingresos".

"Esto a todas luces, se constituye en una medida desconsiderada ante la realidad nefasta que vive actualmente el pueblo panameño, máxime cuando el servicio de luz eléctrica, es uno de los servicios básicos que suple las necesidades de las personas, sus hogares y negocios", precisó.

Ante estos escenarios manifestó Rodríguez, su iniciativa que asegura es de interés público y social, busca extender los alivios financieros, para todos aquellos que se hayan visto afectados por las consecuencias económicas producto de la pandemia de la covid-19 en la República de Panamá, como medida de apoyo temporal, mientras se continúa en la lucha por superar la actual situación que aqueja a miles de hogares en la República de Panamá y en el mundo entero.