Niñez, las 29 mil víctimas de hogares rotos y derechos vulnerados

La desintegración del núcleo familiar en Panamá es la causa del aumento de la vulneración de derechos de los niños y adolescentes. Esta es la conclusión a la que llegan diferentes expertas sobre el tema al hablar de la cantidad de menores que han sido parte de casos de abuso, abandono y otras transgresiones a la niñez del país.

Y es que las cifras no mienten, los números más recientes hablan de un total de 29.276 menores de edad que han pasado por el Órgano Judicial por casos de abandono, abuso y otras vulneraciones entre los años 2020 y 2023, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC). Esta cifra representa un aumento del 31% en este tipo de casos con respecto a los años entre 2016 y 2019.

Eventos como la separación de los padres, los embarazos no deseados e incluso la afectación psicológica de alguno de los cuidadores primarios de los menores son otros factores que deben ser tomados en cuenta en el aumento estadístico de los casos de abuso y vulneración de los derechos de niños y adolescentes en el país.

“Nosotros vemos señales de padres que están afectados psicológicamente y lo ignoramos, no buscan ayuda oportuna y repiten el ciclo de abuso con sus hijos”, explicó a La Estrella de Panamá, Yarisel Trejos, trabajadora social.

Por su parte, la psicóloga Dayra Dawson, señaló que es en los niños en quienes se reflejan los cambios que para mal ha sufrido la estructura familiar en Panamá, al ser común familias disociadas u hogares monoparentales.

“Hay casos en los que las familias ni siquiera tienen un espacio para compartir entre ellas. Todo esto ha dado un giro de 180 a lo que es ser familia en el siglo XXI. Luego lo vemos reflejado en las escuelas, cuando estos niños tienen problemas de conductas, problemas de aprendizaje o en casos extremos llegan a problemas de adicciones a temprana edad”, dijo.

Según el INEC, las causas más frecuentes por las que niños y adolescentes ingresan al sistema judicial son la omisión, amenaza o vulneración de sus derechos, el abuso sexual, distintas formas de maltrato y situaciones que requieren medidas de protección.

Solo en 2023, último año con estadísticas disponibles, se reportaron 1.076 casos por omisión de derechos, 1.121 por abuso sexual y maltrato, y 2.147 en los que el menor necesitaba protección.

Las estadísticas también señalan que entre 2020 y 2023, la mayoría de los niños involucrados en este tipo de casos provenían de hogares monoparentales, representando el 69 % del total, es decir, 20.215 menores. De ellos, 16.728 vivían con sus madres, 3.487 con sus padres, y solo 1.667 pertenecían a familias con ambos progenitores.

La mayoría de los casos de estos años se registran en la provincia de Panamá, con 11.501 de ellos. En provincias como Veraguas, Chiriquí, Coclé y Panamá Oeste también hay una alta incidencia oscilando entre más de 2.000 y 3.000 casos, mientras que la provincia con menos casos es Bocas del Toro con tan solo 628.

Ante las estadísticas actuales, las expertas consultadas por La Decana, Yarisel Trejos y Dayra Dawson, advierten que el Estado aún tiene una deuda pendiente en materia de protección a los menores afectados en este tipo de casos y que deben ser recibidos por los juzgados de niñez y adolescencia alrededor del país.

“En los temas de abusos o vulneración de derechos de niños y adolescentes el Estado no busca atacar el problema de raíz, sino apagar el fuego después del escándalo”, dijo Trejos.

La trabajadora social también cuestionó el rol del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) en estos casos y subrayó que uno de los aspectos clave debe ser el seguimiento a los niños y sus familias una vez finalizado el proceso judicial. Este acompañamiento que deben hacer las autoridades, señaló, permitiría a los juzgados evaluar si la decisión tomada realmente garantizó el bienestar del menor.

Dawson coincidió en este último punto y señaló que el sistema falla al cerrar los casos sin atender lo que podría ocurrir después con el niño o adolescente. “Estos traumas [que deja la situación de abuso] no son de corta duración, son traumas que requieren de este acompañamiento longitudinal. Una vez termine el acompañamiento por parte del Ministerio Público o el Órgano Judicial, los chicos deben ser remitidos a un ente que les proporcione precisamente eso”, señaló la experta a este diario.

Por su parte, el Órgano Judicial reconoció que la cantidad de niños que forman parte de este tipo de casos, es una “señal clara de que los mecanismos de protección deben fortalecerse”.

Asimismo, afirmaron a este medio que para que este sistema funcione de manera efectiva, es urgente integrar y unificar las normas existentes −como la ley 285 de 2022 y la ley 409 de 2023, similares con disposiciones de la protección legal de la niñez−, que actualmente están dispersas y a veces duplicadas.

Según la entidad judicial, esta falta de coherencia legal genera confusión, dificulta definir responsabilidades claras y limita la verdadera protección que merecen los menores.

El Órgano Judicial aplica medidas de protección inmediatas para menores en procesos legales, con apoyo de la Policía, el Ministerio Público y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf). Además, la Unidad Técnica Interdisciplinaria de Niñez y Adolescencia evalúa y da seguimiento a los casos en coordinación con entidades como Meduca, Mides y Minsa

Las expertas Dayra Dawson y Yarisel Trejos subrayan la importancia del acompañamiento interdisciplinario en procesos judiciales que involucren a menores y advirtien que la falta de atención oportuna puede generar secuelas emocionales como inseguridad, desconfianza y sentimientos de opresión en el niño o adolescente.

Trejos agregó que muchos padres no buscan ayuda por temor a perder la custodia, y además, que la repetición del testimonio ante distintos profesionales confundey dificulta la confianza de los chicos.

“He visto el temor en los ojos de los niños, porque no saben qué está pasando. También hay padres que no se ponen en el lugar del niño y recurren a la manipulación con tal de tener un resultado en su favor”, mencionó la trabajadora social.

Por su parte, el Senniaf, que recibe casos de este órgano del Estado desde 2022 y de otras instancias, da seguimiento a menores institucionalizados y busca opciones familiares de acogida a través del programa de Fortalecimiento Familiar. El proceso incluye una fase de investigación de seis meses y un año de monitoreo para garantizar entornos libres de vulneraciones.

De 2022 al 2023, el Senniaf atendió 324 casos a los que se dio seguimiento, un 20% de estos originados en el Juzgado de Niñez y Adolescencia del Órgano Judicial. En dichos años, la institución contaba con alrededor de $3.5 millones anuales para los programas de protección a la niñez y un presupuesto total de unos$8 millones, similar al gasto mensual en planilla de la Asamblea Nacional de $7 millones.

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) explicó que a través de dos albergues de protección brinda atención psicológica y acompañamiento a los menores involucrados en casos judiciales.

Los niños y adolescentes permanecen en estos centros durante el tiempo que dure el proceso legal, o hasta que el juzgado determine si pueden ser reintegrados con un familiar.

Pese a los esfuerzos de distintas entidades del Estado, expertos preguntan si estas acciones para garantizar justicia y protección a los niños y adolescentes que atraviesan estas situaciones es efectiva.

Según el INEC, entre los más de 29 mil casos registrados, se reportaron 723 menores que reingresaron al Juzgado de Niñez y Adolescencia, lo que evidencia que, aunque es una proporción menor, algunos niños siguen enfrentando nuevas vulneraciones tras cerrar su expediente inicial.

Dawson expone que aunque existen marcos normativos que contemplan la protección de los menores así como programas e intentos de políticas públicas, las autoridades siguen reaccionando a este problema en lugar de planificar resolverlo a largo plazo.

“En temas de niñez y adolescencia, especialmente, hay esta falta de planificación se traduce en respuestas improvisadas que no abordan las causas estructurales”, señaló.

Con esto coincidió Trejos, quien insistió en que el Estado y ministerios como el Mides deben tener más incidencia en la creación de conciencia sobre qué significa ser una familia. “Perdimos esa calidez como padres y no sabemos cual es el rol de un papá o una mamá más allá de ganar dinero para los hijos”.

Es posible prevenir que los niños caigan en situaciones de abuso si se cuenta con un mejor sistema de apoyo psicológico y estructuras familiares más estables. Es necesaria la existencia de herramientas y espacios de apoyo bien desarrollados por el gobierno, concluyeron ambas.