Obras públicas a dedo: así se contratan los proyectos en el MOP

Desde “tapahuecos”, trabajos de mantenimiento y dragados hasta la rehabilitación de calles y carreteras. El grueso de estas obras, gestionadas durante la actual administración, está siendo contratado de manera directa por el Ministerio de Obras Públicas (MOP). Hasta junio, la entidad había adjudicado al menos 276 contratos directos por un monto acumulado de $363 millones, una cifra que supera los $225 millones contratados mediante este mismo mecanismo durante todo el quinquenio anterior.

Se trata de una cartera que ha mantenido la tendencia de gestionar más de la mitad de sus contratos mediante procedimientos excepcionales y de emergencia, convirtiendo en práctica habitual lo que la ley de contrataciones públicas contempla como una excepción.

Desde julio de 2024 al 4 de junio de 2026, el MOP ha publicado unas 417 contrataciones en estado “adjudicado” y “autorizado” en el portal de compras públicas Panamá Compra. De este total, más de la mitad, es decir, 276 actos se pactaron de manera directa, sin cotizaciones ni competencia, por $363 millones.

Al hacer la comparación, en el quinquenio pasado durante la administración del expresidente Laurentino “Nito” Cortizo, se ejecutaron 128 contrataciones directas entre los procedimientos excepcionales, así como los contratos por emergencia ambiental, por $225 millones.

La Estrella de Panamá llegó a esta conclusión tras analizar más de 400 actos públicos correspondientes a la actual administración, además de los registrados durante el gobierno anterior, en las dos plataformas de Panamá Compra: v2 y v3.

Este es el resultado, a pesar de que durante el quinquenio pasado la administración Cortizo declaró el estado de emergencia ambiental por daños severos y deslizamientos de los huracanes Eta e Iota, además de las contrataciones durante la pandemia de la covid -19, entre otros.

El patrón de las obras de esta cartera, que es una de las entidades del gobierno central con mayor ejecución presupuestaria, es que más de la mitad de las obras contratadas se efectuaron sin considerar la libre competencia.

Por ello, en trabajos de carretera, caminos y puentes, así como alquiler de equipo, se han contratado unos $363 millones, hasta el 4 de junio, entre los procedimientos excepcionales y los contratos de emergencia ambiental.

Del total de los 276 contratos directos, unos 114 han sido procedimientos excepcionales y 162 por emergencia ambiental.

“Cuando usted tiene una urgencia, un terremoto o un problema gravísimo no va a hacer una contratación pública, porque eso es excepcional y urgente. Pero como no todos los días tenemos terremotos ni efectos de la naturaleza, construir una carretera no parece ser un elemento suficientemente excepcional para que se tenga que hacer una contratación excepcional y directa. Se requiere planificación”, comentó al respecto el abogado Carlos Barsallo.

El jurista y también expresidente del capítulo panameño de la organización Transparencia Internacional destacó que el país sabe las carreteras que necesita desde hace décadas.

En esa línea, el plan de gobierno que José Raúl Mulino presentó durante su campaña presidencial planteaba:

“Volver a poner en marcha un ambicioso plan de rehabilitación y construcción de carreteras y grandes obras para mejorar la infraestructura del país y generar empleos como un efecto multiplicador en la actividad económica”.

También “construir infraestructura de enlace”, lo que incluye carreteras, mejoras e infraestructuras de servicios básicos en distintos puntos del país e “invertir en conectividad para facilitar buenas vías de acceso”, cita el documento.

A su vez, el “Plan Estratégico de gobierno 2025-2029”, ya siendo Mulino gobernante, incluía el “Plan Nacional de Rehabilitación de la Red Vial”, que estipula obras en 436 kilómetros de carreteras. El documento fue firmado por el presidente Mulino, el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, y su gabinete en diciembre de 2024, se aprecia en la Gaceta Oficial.

En este plan se citaron los principales proyectos de inversión, como “el plan de rehabilitación y construcción de carreteras” como la de Viguí -Llano Ñopo en la comarca Ngäbe Buglé; mejoras en infraestructuras en las provincias de Los Santos, Veraguas, Chiriquí y la carretera Panamericana Este y Oeste. También el plan “tapahuecos” para rehabilitar las calles a nivel nacional.

Sin embargo, varias de las obras contempladas en este plan terminaron contratadas mediante procedimientos excepcionales.

Por ejemplo, se rehabilita y da mantenimiento a la carretera Panamericana, para el tramo desde Santiago, en la provincia de Veraguas, a David, en la provincia de Chiriquí, por $50 millones, un contrato excepcional, es decir, directo, a favor de la empresa Ininco.

También el mejoramiento del sistema pluvial del pueblo de Bajo Boquete, provincia de Chiriquí, por $11,2 millones a cargo de Bocas Generation Company fue gestionado de manera excepcional, por mencionar dos ejemplos.

Y del total de los contratos directos para rehabilitaciones y puntos críticos, más de un centenar: 126 son entre $300 mil y máximo de $2,9 millones cada uno, de esta manera se evita presentarlos ante el Consejo de Gabinete y se aprueban en el Consejo Económico Nacional (Cena).

Así se contrataron rehabilitaciones de calles y vías para Tocumen, Arraiján, vía Centenario en la provincia de Panamá, Sajalices, Chorrera en la provincia de Panamá Oeste, así como Penonomé y Natá en la provincia de Coclé. Boquete y David en Chiriquí y la provincia de Herrera, todos por “procedimiento excepcional”.

Todos los contratos excepcionales fueron propuestos por el MOP bajo el mismo argumento de ser de “beneficio social”.

Justamente, a excepción del Ministerio de Educación que tiene el 7% del Producto Interno Bruto por ley, el MOP es la entidad del gobierno central con mayor presupuesto para inversión, con $754millones y una ejecución de 61% a julio pasado, según el reporte más reciente del Ministerio de Economía y Finanzas.

“¿Cuál es la razón para convertir la excepción en la norma?”, preguntó La Estrella de Panamá al ministro Andrade. Y si la necesidad de reparar y dar mantenimiento a las carreteras es permanente, ¿por qué el MOP gestiona más de un centenar de contrataciones directas, amparadas en procedimientos excepcionales y bajo el argumento de “contratos de beneficio social”, en lugar de recurrir a mecanismos que favorezcan la competencia?

El MOP respondió que más de 30 empresas mantienen contratos con la institución, tanto mediante licitaciones —procesos que, según la entidad, pueden tomar hasta 10 meses— como a través de contratos de beneficio social, sustentados en precios de referencia y en la “rapidez de ejecución”.

Las contrataciones directas incluyen contratos de emergencia, programa de recuperación económica y el programa ‘Tapahueco’, confirmó el MOP.

“Los contratos de beneficio social buscan responder con mayor agilidad, de acuerdo a la ley, a necesidades que los ciudadanos señalan en los medios de comunicación”, explicó.

Se trata de problemas concretos de comunidades, como tramos de carretera que, aunque no son considerados grandes proyectos, son vitales para la calidad de vida. El mal estado de la vía perjudica el tránsito, la asistencia de urgencias e incrementa el costo del transporte, argumentó el MOP.

Las contrataciones de Panamá Compra cumplen con todos los requisitos legales y desde el primero de julio de 2024 hasta finales de julio de este año se han adjudicado más de 320 obras en todo el país por más de $1,750 millones, contestó el ministerio liderado por Andrade, a través de correo electrónico.

El MOP no precisó por qué obras programadas en el “Plan estratégico de gobierno 2025-2029“ se contrataron de forma directa.