Informalidad: el otro rostro del mercado laboral panameño

Uno de cada dos trabajadores panameños se gana la vida en la informalidad. Detrás de esa cifra hay mucho más que una condición laboral: hay un problema de productividad, de protección social, de recaudación y, sobre todo, de desigualdad.

La informalidad es, quizás, uno de los rasgos más persistentes del mercado laboral panameño. En 2025, alrededor de 784,000 personas ocupadas no agrícolas se encontraban en la informalidad, equivalente al 47.1% del empleo no agrícola. Si se incorpora la actividad agropecuaria donde la informalidad es aún mayor, la proporción se acercaría al 54.0%, según estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Lejos de ser un fenómeno pasajero, la informalidad se ha mantenido durante más de una década dentro de un rango, entre 44.0% y 49.0%. Después de alcanzar su nivel más bajo en 2017, cuando se situó en 43.7%, volvió a aumentar hasta 49.3% en 2024, para descender ligeramente en 2025.

Estos datos muestran que la informalidad no es un fenómeno marginal ni circunstancial. Es una característica estructural del mercado laboral panameño y, por tanto, una de las principales limitaciones para que el crecimiento económico se traduzca en mejores condiciones de vida para una mayor proporción de la población.

La informalidad tiene dos expresiones. La primera corresponde a quienes trabajan directamente en el sector informal: trabajadores por cuenta propia, propietarios de microempresas no registradas y pequeños negocios que operan fuera del marco formal.

La segunda es menos visible y ocurre dentro de empresas formalmente constituidas, donde algunas personas trabajan sin que se realicen las cotizaciones a la seguridad social o se reconozcan plenamente las prestaciones establecidas por ley.

Aunque las situaciones son diferentes, ambas comparten una protección laboral y social insuficiente. Esto aumenta la vulnerabilidad de los trabajadores ante una enfermedad, la pérdida de ingresos, un accidente o la llegada de la edad de jubilación.

Por eso, la informalidad no solo refleja la falta de empleos formales, sino también diferencias en las condiciones y oportunidades laborales.

Durante años, la informalidad tuvo un marcado rostro femenino. Entre 2012 y 2019, la tasa de informalidad de las mujeres fue superior a la de los hombres. Sin embargo, esta relación cambió después de la pandemia. En 2024, alcanzó al 50.0% de los hombres ocupados frente al 48.4% de las mujeres, y en 2025 se mantuvo la misma tendencia, con 47.6% y 46.5%, respectivamente. Panamá figura así entre los pocos países de la región donde la informalidad masculina supera actualmente a la femenina, según la OIT.

Este cambio responde, en parte, a la composición del empleo. Los hombres tienen mayor presencia en actividades como la construcción, el transporte y el sector agropecuario, donde la informalidad es elevada. También influye el nivel educativo: las mujeres han alcanzado, en promedio, mayor escolaridad y participación universitaria, factores asociados con una menor probabilidad de insertarse en empleos informales.

Pero una menor tasa de informalidad no significa necesariamente mejores condiciones laborales. La informalidad femenina continúa concentrándose en actividades de menores ingresos, mayor inestabilidad y limitada protección social, como el trabajo doméstico remunerado y el trabajo por cuenta propia de subsistencia. A esto se suma la carga desigual del trabajo de cuidados no remunerado, que limita la participación de muchas mujeres en empleos formales.

Así, aunque los hombres presentan hoy una mayor tasa de informalidad, la vulnerabilidad laboral de las mujeres persiste bajo otras formas. La educación reduce el riesgo de informalidad, pero no elimina por sí sola las barreras de acceso a empleos de calidad.

La informalidad no es solo un problema de quienes trabajan en ella. Sus efectos alcanzan al conjunto de la economía, especialmente en la productividad, la protección social y la desigualdad.

El acceso limitado al crédito, la tecnología y la capacitación dificulta que los negocios informales crezcan, mejoren su productividad y generen empleos de mayor calidad. Se produce así un círculo difícil de romper: la baja productividad favorece la informalidad y esta limita, a su vez, las posibilidades de aumentarla.

También existe un costo social. Los trabajadores informales tienen menor acceso a la seguridad social y a mecanismos de protección frente a una crisis. La pandemia mostró esta vulnerabilidad al afectar especialmente los ingresos de quienes dependían de actividades informales.

La informalidad también está relacionada con la desigualdad. Panamá combina un ingreso por habitante relativamente alto con una distribución del ingreso que continúa siendo desigual. Aunque el coeficiente de Gini pasó de 51.7 en 2012 a cerca de 49.7 en 2025, la reducción ha sido gradual. Las diferencias en el acceso a empleos de calidad ayudan a explicar parte de esta brecha. Mientras algunos sectores ofrecen empleos más productivos y mejor remunerados, muchos trabajadores permanecen en actividades informales, con menores ingresos y limitada protección social. Por ello, la informalidad no solo refleja la desigualdad existente, sino que puede contribuir a mantenerla.

No existe una única política capaz de resolver la informalidad. Se necesita combinar menores barreras para formalizarse, mayor productividad, protección social y mejores oportunidades laborales.

Un primer paso consiste en facilitar la incorporación de trabajadores por cuenta propia y microempresas a la formalidad. Para quienes tienen ingresos reducidos, registrarse, cumplir obligaciones tributarias y cotizar puede resultar costoso y complejo. Regímenes simplificados, trámites más ágiles y menores costos de entrada pueden facilitar la transición, siempre que la formalización venga acompañada de beneficios concretos.

Pero reducir el costo de formalizarse no es suficiente si la protección social continúa dependiendo casi exclusivamente del empleo formal. En este ámbito, Panamá dio un paso reciente con la reforma de la Caja de Seguro Social mediante la Ley 462 de 2025, que incorpora el principio de universalidad y establece la afiliación y cotización de los trabajadores independientes.

El desafío será convertir esa obligación legal en cobertura efectiva. Para un trabajador cuyos ingresos apenas cubren sus necesidades básicas, exigir una cotización no garantiza que pueda sostenerla permanentemente. La formalización debe ir acompañada de mecanismos que hagan accesible la protección social.

La productividad es igualmente importante. No basta con registrar una microempresa si sus condiciones económicas no le permiten crecer. La formalización debe acompañarse de acceso al crédito, tecnología, capacitación, asistencia técnica y oportunidades de integrarse a cadenas productivas de mayor valor.

La educación también ocupa un lugar central. La experiencia de las mujeres panameñas muestra que un mayor nivel educativo puede reducir la probabilidad de caer en la informalidad. Sin embargo, también demuestra que la educación por sí sola no resuelve las desigualdades del mercado laboral.

Que las mujeres tengan actualmente un mayor nivel educativo y, al mismo tiempo, una participación laboral inferior a la de los hombres revela la existencia de otras barreras. Las responsabilidades de cuidado y la disponibilidad de empleos de calidad siguen siendo determinantes.

Por eso, una política contra la informalidad debe ir más allá de capacitar trabajadores. También debe crear las condiciones para que esa formación se traduzca en mejores empleos, mayores ingresos y trayectorias laborales más estables.

Los datos dejan una conclusión clara: Panamá no enfrenta solo el reto de crecer, sino de lograr que ese crecimiento genere oportunidades para una mayor parte de la población.

La informalidad refleja esta brecha. Una economía puede mantener buenos indicadores agregados y, al mismo tiempo, tener a una parte importante de sus trabajadores con menores ingresos, poca protección social y limitadas oportunidades laborales.

Reducir la informalidad no significa únicamente aumentar el número de trabajadores registrados. Implica crear condiciones para que la formalización sea viable, elevar la productividad y ampliar el acceso a empleos de calidad.

Panamá tiene una economía con sectores altamente productivos y capacidad para generar ingresos. El desafío es lograr que esas capacidades se traduzcan en mejores oportunidades para más personas.

El objetivo final no debería ser simplemente reducir la tasa de informalidad, sino lograr que el crecimiento económico se traduzca en mejores empleos y condiciones de vida para los hogares.