Varela propondrá usar dinero cautelados para pagar décimos atrasados

Actualizado
  • 13/12/2016 15:14
Creado
  • 13/12/2016 15:14
El proyecto de ley 92 obliga al Estadoa  pagar los  décimos atrasados durante la dictadura

El Órgano ejecutivo propondrá a la Asamblea Nacional utilizar el dinero cautelado de los casos de corrupción para efectuar los pagos de los décimos dejados de devengar por los empleados públicos durante la dictadura (1972 a 1983), como lo ordena el proyecto de ley 92.

"Vamos a plantear que la ley identifique de dónde vienen los ingresos, porque si sancionamos una ley que asume que el Estado tiene que pagar 200 millones de dólares y no identificamos ningún ingreso, podríamos estar violando otras leyes", indicó el mandatario.

Varela explicó que, entre estos recursos, hay $40 millones que están relacionados a Rafael Guardia Jaén, exdirector del Programa de Ayuda Nacional (PAN) y otros $50 millones "que están en otros lugares".

El proyecto de ley fue aprobado el 25 de octubre de este año por la Asamblea Nacional  y, de acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Estado deberá desembolsar $200 millones, monto que no está contemplado en el presupuesto del 2017.

La norma ‘declara como derecho adquirido el cobro de la segunda partida del décimo tercer mes, dinero que fue retenido durante los años de 1972 a 1983 a los servidores públicos y trabajadores del sector privado que laboraron durante este período, por lo que se ordena a la Caja de Seguro Social que realice el pago correspondiente. Las sumas que pague la Caja de Seguro Social (CSS) en cumplimiento de la presente norma no reconocerá intereses', señala el artículo 1 del documento.

El artículo 4 del proyecto de ley establece: ‘La CSS incluirá en el Presupuesto del Estado para la vigencia fiscal 2018-2019 las sumas correspondientes para el pago de estos derechos'.
Mediante el mandato de la Ley 17 de 1983, las sumas correspondientes a la segunda partida del décimo tercer mes fueron destinadas al Banco Hipotecario Nacional para un programa de vivienda obrero campesina y luego, transferidas a la Caja del Seguro Social (CSS), las cuales fueron destinadas al programa de Invalidez, Vejez y Muerte.

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