Panamá pierde más de 8,000 hectáreas de bosque al año

Para 2012, la República de Panamá contaba con una cobertura boscosa de 4,982,159.21 hectáreas (has), pero para 2019 se redujo a 4,925,789.72 hectáreas.

Esto significa que el país perdió 56,369.49 hectáreas de su zona boscosa en tan solo siete años, revela el diagnóstico de cobertura boscosa de Panamá que presentó hoy el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) .

“El país ha perdido casi el 2% de su cobertura boscosa en siete años, a razón de 8,050 hectáreas por año”, afirmó el ministro de Ambiente Milciades Concepción dentro del marco de la presentación del diagnóstico y del Sistema Nacional de Información Ambiental.

Las provincias con mayor cantidad de bosque perdido son: Veraguas con 48,758.12 hectáreas, seguida de Panamá con 30,735.32 hectáreas y Darién con 15,580 hectáreas, según el diagnóstico de cobertura boscosa.

La evaluación precisó que hasta 2019, la República de Panamá contaba con un 65.4% de bosques y otras tierras boscosas, 32.5% de otras tierras y 2.1% de cuerpos de aguas continentales (ríos, lagos y lagunas).

Respecto a la deforestación, el ministro afirmó que su mayor parte es ocasionada por la tala ilegal. “El 90% de la deforestación en Panamá es causada por la tala ilegal, es decir los que no tienen permiso por el Ministerio de Ambiente para talar árboles”, afirmó Concepción.

Explicó que para antes del 2012 la tasa de deforestación anual del país era de más o menos 10,500 hectáreas. Pero de 2012 a 2019, se deforestan casi 8,050 hectáreas al año.

Para el caso de Veraguas, indicó que básicamente en la parte norte la pérdida de bosques es originada por proyectos y la ganadería extensiva.

“Sabemos que vamos a tener que reforzar la regional de Veraguas para detener esa deforestación creciente al norte de la provincia”, reconoció el regente de Ambiente, quien remarcó que, precisamente, el mapa de cobertura boscosa les va a proporcionar los elementos para afinar estrategias y acciones para detener la tala ilegal en estas provincias.

El director forestal de MiAmbiente, Víctor Francisco Cadavid, recalcó que históricamente la mayor preocupación de la deforestación se concentró en el Arco Seco, en la parte de Azuero (Herrera, Los Santos) y en Darién, pero en los últimos años el problema se observa en Veraguas, lo cual llama la atención de que hay que atender el problema como país y no como región, porque “mientras hemos estado enfocados en una sola zona, por la puerta de atrás nos han estado sacando lo valioso de nuestros bosques”.

El biólogo del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), Isaías Ramos, calificó como positivo que se haga una actualización en cuanto a los análisis de cobertura boscosa del país y que se creen herramientas de acceso al público de esta información por parte del Ministerio de Ambiente.

Sin embargo,  "es necesario que esta actualización se haga de manera constante y que las instituciones que planifiquen proyectos, (léase MOP, MIVIOT, MEF, AMP, etc) al igual que las empresas que desarrollen proyectos, entiendan cómo han disminuido nuestros bosques por las diferentes prácticas, pasando de un 70% de bosques en 1992 a los 65.5% contabilizados para 2019".

En este sentido,  la abogada ambientalista y presidenta de la Alianza para la Conservación  y el Desarrollo (ACD), Susana Serracín,  recordó que el año pasado se divulgó que el 50% de los bosques en Panamá habían sido deforestados y ello motivó la decisión de MiAmbiente de emitir una resolución sobre la moratoria de tala en un año.

Y es que  para ella  lo que  sucede es que la política en materia forestal durante los últimos años ha sido “raquítica”. “Por un lado está lo que establecen las normas jurídicas y por otro lado, lo que hace”, apuntó.

En resumen, manifestó Serracín, “se talan más árboles que los que se siembran”, pues “las autoridades han dado luz verde a proyectos lesivos durante muchos años.  Y aunque esta administración está tratando de buscar medidas para solucionar el problema, es necesario que se revisen las concesiones forestales que fueron otorgadas en administraciones anteriores (caso de Darién) ya que las comunidades señalan, específicamente los emberá wounaan, que la tala criminal sigue en Darién y el Ministerio alega que como ya fueron otorgadas no pueden derogarlas por respeto a la 'seguridad jurídica'”.

Para la abogada “es inaceptable pensar que un permiso forestal otorgado irregularmente no puede ser revocado si riñe con la Constitución, los Convenios Internacionales y otras leyes nacionales”.

Manifestó que “tenemos una crisis del agua y efectos del cambio climático, por lo que no podemos darnos el lujo de cometer errores, se deben revocar permisos irregulares, incentivar la reforestación y no aprobar proyectos que destruyan nuestros bosques”, puntualizó Serracín, a quien “la estadística presentada por el Ministerio le sigue preocupando sobremanera”.

Con respecto a los países de Centroamérica, Cadavid aseguró que Panamá está mejor en materia de cobertura boscosa.

“Estamos por encima de los países de nuestra región en cobertura boscosa y en biodiversidad. Podemos decir que estamos adelante, pero no vamos a claudicar en el intento de seguir conservando nuestros bosques y nuestros recursos”, señaló.

Se estima que para el 2017 Panamá tenía una superficie total de bosques y otras tierras boscosas  de 7,500,000.00 hectáreas (62%), según datos del Forest Resources Assessments (FRA) de la FAO que citó la directora del sistema nacional de información ambiental y el diagnóstico sobre la cobertura de bosques y otras tierras boscosas, Diana Laguna, en el lanzamiento del trabajo de evaluación de los bosques.

Por su lado, Honduras comprende 11,210,000.00 hectáreas (41%), Guatemala 10,300,000.00 hectáreas (32%), Nicaragua 12,143,000.00 hectáreas (26%), Costa Rica 5,110,000.00 hectáreas (54%), Belize 2,300,000.00 hectáreas (59%) y El Salvador 2,104,000.00 hectáreas (13%), según FRA.

Frente a este panorama, Cadavid consideró que en Panamá la visión de las áreas protegidas, de las cuales hay alrededor de 125 en todo el país, ha sido un punto clave para poder mantener la cobertura boscosa del país.

También hay que reconocer que las áreas comarcales protegidas, que tienen arriba del 90% de bosque, nos lleva a estar por encima de otras zonas, pues son conservadas por los pueblos originarios.

Y es que la mayor parte de la cobertura de bosques se concentra en la comarca Guna Yala (99%), comarca Emberá Wounaán (98%), comarca Ngäbe Buglé (81%), Bocas del Toro (84%), Darién (81%) entre otras, de acuerdo con el diagnóstico.

“Definitivamente, hay una deuda pendiente país de un sistema integral de reconocimiento para aquellas personas, entidades, instituciones que están conservando y manejando adecuadamente el bosque y los recursos a nivel nacional y eso se puede ver reflejado también en la implementación que esperan hacer este año de la ley 69, de incentivos forestales, con el Fondo Reforesta Panamá”, apuntó Cadavid.

Para atacar la tala ilegal y concienciar a la población de las "nefastas" prácticas de la deforestación del país, Concepción dijo que están trabajando de la mano con la Policía Ambiental y Senafront, en programas de educación ambiental. Pero también apelan a la comunidad para que hagan sus denuncias.

“La deforestación ilegal se redujo sí, pero aún tener 8,000 hectáreas deforestadas al año es demasiado. Significa que vamos a tener que recrudecer las normas y los sistemas de vigilancia y control para que los ciudadanos en las áreas rurales, en las montañas, denuncien el delito ambiental porque es responsabilidad de todos proteger nuestros recursos naturales”, sentenció.

El titular de ambiente, a su vez,  detalló que la entidad que dirige tiene programas para recuperar los bosques, pero los están afinando y fortaleciendo como, por ejemplo, la Alianza por el Millón, para lograr la meta de la reforestación en el país.

Sin embargo, lamentó que actualmente la meta de lo que se está haciendo en reforestación es muy baja. “Era de 50,000 hectáreas al año y no se están reforestando, aproximadamente, 10,000. Así que estamos tomando acciones para incrementar ese nivel”, expresó.

Comentó que la campaña de vigilancia y control que ejecutan también es muy importante, porque están deteniendo personas a las que se les está aplicando el Código Penal y, en ese sentido, el otro semestre van a presentar un proyecto de ley en la Asamblea Nacional para que la penas sean mayores de cinco años y exista cárcel para los infractores, y no puedan pagar multas.

“El problema es que ahora las penas son menores de cinco años, se paga una multa y salen libres”, arguyó Concepción, quien reconoció que todavía hay deforestación pero que el monitoreo con satélite está dando resultados, pues asegura que en estos seis meses de Gobierno y ahora con el inicio de verano la tala de bosques ilegal ha sido menos agresiva que en años anteriores.