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Panamá respalda a Martinica para reforzar la lucha contra el narcotráfico en el Caribe
- 06/07/2026 15:35
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Agrega La Estrella en Google ↗️Panamá respaldó el Llamamiento de Martinica, una declaración regional que busca reforzar la cooperación internacional frente al narcotráfico, el tráfico ilícito de armas y la delincuencia organizada transnacional en el Caribe y el continente americano.
El documento fue adoptado durante la Conferencia Regional de Seguridad, celebrada la semana pasada en Fort-de-France, Martinica, bajo la organización de Francia en el marco de su presidencia del G7. La cita reunió a 26 delegaciones de gobiernos, organismos regionales e instituciones internacionales.
La representación panameña estuvo encabezada por el viceministro de Seguridad, Luis Icaza, e integrada por funcionarios del Ministerio de Seguridad Pública, la Policía Nacional y la Procuraduría General de la Nación.
Hasta el 3 de julio, el llamamiento había sido respaldado por Alemania, Bahamas, Barbados, Brasil, Canadá, Costa Rica, Dominica, España, Francia, Guatemala, Guyana, Honduras, Italia, Jamaica, Japón, Panamá, Países Bajos, Perú, Reino Unido, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago, República Dominicana, además de CARICOM IMPACS y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). La adhesión permanece abierta para otros países.
La declaración establece tres líneas de acción prioritarias para responder al crecimiento de las redes criminales que operan en la región.
El primer eje busca desmantelar las organizaciones delictivas transnacionales, reforzando la cooperación entre cuerpos policiales, aduanas y autoridades judiciales mediante investigaciones conjuntas, intercambio de inteligencia y asistencia jurídica internacional.
También propone fortalecer las investigaciones financieras para rastrear, congelar, incautar y recuperar activos provenientes del crimen organizado, incluyendo el seguimiento de operaciones realizadas con activos virtuales y nuevas tecnologías financieras.
Como parte de esta estrategia, los países reafirmaron la necesidad de combinar las acciones contra la oferta de drogas con políticas dirigidas a reducir la demanda, ampliar los programas de prevención, tratamiento y atención sanitaria, así como ofrecer mayores oportunidades a poblaciones vulnerables.
El segundo eje se concentra en la protección de infraestructuras estratégicas, especialmente puertos, aeropuertos y cadenas logísticas, considerados puntos críticos para el tráfico ilícito de drogas, armas y mercancías.
Los firmantes acordaron fortalecer los controles en estas instalaciones, promover una cooperación más estrecha con operadores privados y desarrollar mecanismos que faciliten operaciones marítimas conjuntas, incluyendo procedimientos de persecución, inspección y autorización rápida entre países.
La declaración también respalda iniciativas impulsadas por el G7 para crear redes de cooperación entre puertos con alta exposición al crimen organizado.
El tercer eje reafirma el compromiso de fortalecer las capacidades de los países mediante programas de capacitación, intercambio de experiencias, investigaciones conjuntas y asistencia técnica.
El documento reconoce el papel de organizaciones como la UNODC, la Organización de los Estados Americanos (OEA), Interpol, el Sistema Regional de Seguridad, la Agencia de Implementación de la Comunidad del Caribe para la Lucha contra el Crimen y la Seguridad (CARICOM IMPACS) y otros mecanismos internacionales dedicados al combate del crimen organizado.
Asimismo, los participantes reiteraron la importancia de aplicar los instrumentos internacionales vigentes, entre ellos la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y la Convención de 1988 contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, como base jurídica para fortalecer la cooperación internacional.
Los países firmantes concluyeron con el compromiso de mantener este esfuerzo mediante una futura conferencia regional sobre seguridad en el Caribe, con el respaldo de socios internacionales y de los países del G7, con el propósito de consolidar una respuesta coordinada frente a la delincuencia organizada transnacional.