El papel de la justicia

Santa Mónica solicitó, el 24 de junio último, a la Corte Suprema de Justicia devolverle parte de las 54 hectáreas de Juan Hombrón, al alegar que fueron tituladas a pescadores pese a que le pertenecían desde 1914.

Lo anterior lo introdujeron en un escrito de argumentos a una demanda de inconstitucionalidad que presentó el abogado Miguel Antonio Bernal, apoderado de Trapp Real Estate Corporation (una de las poseedoras de títulos en Juan Hombrón) por la forma en la que el gobierno de Ricardo Martinelli expropió las fincas, a través del Decreto Ejecutivo 425.

‘El interés de Hacienda Santa Mónica, S. A. es que se reconozca y se le entregue aquella superficie de terreno que hoy en día forma parte de las fincas expropiadas, pero que se obtuvo de manera ilegal, pues dichas áreas de terreno pertenecen a nuestro representado. Tales fincas expropiadas tienen otra parte de terreno que no debió ser objeto de adjudicación toda vez que forman parte de la ribera de mar, lo cual se encuentra expresamente prohibido por ley’, planteó la compañía a la Corte Suprema.

El caso está en manos del magistrado Hernán De León, nombrado en 2011 por el presidente Martinelli.

Tras el estallido de la solicitud de Hacienda Santa Mónica, la compañía confirmó que el Grupo Verdeazul, del exministro Alberto Vallarino, compró la mayor parte de las acciones.

Los abogados han encendido las alertas. Sostienen que sería ilegal que la Corte decidiera a quién entregarle las tierras de Juan Hombrón en una demanda por la inconstitucionalidad de un decreto.

‘La Corte sólo puede hacer dos cosas: declarar si es constitucional o no lo que hizo el Gabinete. Y nada más’, así lo planteó el exprocurador general de la Nación. Rogelio Cruz.