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Mulino exige mayor presencia para América Latina y eleva agenda global por la naturaleza
- 24/09/2026 00:00
El presidente José Raúl Mulino exigió ante la Asamblea General de las Naciones Unidas una mayor participación de América Latina y el Caribe en los espacios de decisión del Consejo de Seguridad y anunció que Panamá liderará un esfuerzo internacional para lograr el reconocimiento de los Derechos Universales de la Naturaleza.
Los dos planteamientos encabezaron una intervención en la que el mandatario defendió la política migratoria aplicada en la selva de Darién, reafirmó la neutralidad del Canal de Panamá, cuestionó la eficacia de los organismos internacionales y promocionó una nueva etapa de inversiones logísticas.
Aunque no precisó el mecanismo mediante el cual la región debería adquirir mayor influencia en el Consejo de Seguridad, Mulino sostuvo que América Latina y el Caribe merecen espacios con más poder decisorio por su importancia en la producción mundial de alimentos, sus reservas minerales, su biodiversidad y su vocación de paz.
La petición adquirió especial relevancia porque Panamá concluirá en diciembre de 2026 su mandato como miembro no permanente del Consejo de Seguridad.
“No fuimos al Consejo a escoger bandos, fuimos a defender principios”, afirmó el gobernante al evaluar la participación panameña.
Entre esos principios enumeró la soberanía, la integridad territorial, la protección de los civiles y la solución pacífica de las controversias. También aseguró que estas normas son especialmente importantes para los Estados pequeños, cuya existencia depende del respeto al derecho internacional.
En el apartado ambiental, Mulino anunció que Panamá encabezará una gestión internacional para reconocer los Derechos Universales de la Naturaleza y pidió el acompañamiento de los demás Estados.
La iniciativa amplía la agenda que el país presentó en 2025, cuando anunció el Pacto de Panamá con la Naturaleza, también denominado Nature Pledge, y el Fondo Panamá Natural.
El pacto es una hoja de ruta con horizonte a 2035 que reúne bajo un mismo marco los compromisos nacionales relacionados con cambio climático, biodiversidad, desertificación, conservación marina y terrestre, plásticos, adaptación, mitigación y economía circular.
Su propósito es evitar que estas políticas continúen ejecutándose como agendas separadas y vincularlas con las tres grandes convenciones ambientales surgidas de la Cumbre de Río: cambio climático, diversidad biológica y lucha contra la desertificación.
La estrategia contempla espacios de decisión política y coordinación técnica multisectorial, objetivos a corto plazo y mecanismos para dar seguimiento público a su cumplimiento. El Fondo Panamá Natural funcionaría como su principal brazo financiero, al canalizar aportes públicos, privados y de cooperación internacional hacia programas de restauración, gestión del agua, conservación y resiliencia climática.
Entre las metas divulgadas se encuentra la restauración de 100 mil hectáreas de ecosistemas prioritarios, además de una reducción adicional de emisiones, pese a que Panamá se presenta internacionalmente como un país carbononegativo.
Ante la Asamblea, Mulino destacó que el país mantiene bajo protección el 33% de su territorio y el 54% de sus mares. Sin embargo, sostuvo que esa contribución no se ha traducido en suficiente respaldo económico internacional.
Según el presidente, Panamá absorbe más carbono del que produce, pero debe enfrentar con recursos propios los efectos de sequías, lluvias intensas e inundaciones.
El mandatario vinculó esa discusión con el reservorio de Río Indio, proyecto que busca garantizar agua para las operaciones del Canal y el consumo de miles de ciudadanos.
Advirtió que será el propio Canal —administrado y ampliado por Panamá— el que deberá afrontar la inversión requerida para desarrollar el proyecto y dar previsibilidad al comercio internacional.
Mulino pidió a las Naciones Unidas respaldar los proyectos que cumplan criterios sociales y ambientales, pero acompañó ese llamado con una de las declaraciones más severas del discurso.
Sostuvo que no se debe ceder ante organizaciones que buscan la “extorsión bajo el disfraz de luchas sociales” y se amparan en organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
No identificó a las organizaciones cuestionadas ni detalló los hechos a los que hacía referencia. La afirmación, no obstante, dejó expuesta la intención del Gobierno de defender sus proyectos estratégicos frente a presiones que considere externas o injustificadas.
La migración irregular por Darién fue el principal ejemplo empleado para ilustrar la falta de resultados internacionales.
Mulino recordó que desde 2021 la ONU produjo informes, denuncias y recomendaciones, además de instalar una base humanitaria. No obstante, el movimiento de personas aumentó durante 2022, 2023 y el primer semestre de 2024.
El presidente comparó aquella instalación con “un campo de concentración en pleno siglo XXI” y afirmó que la presencia internacional no impidió que redes de trata vinculadas al narcotráfico aprovecharan la ruta.
Mencionó abusos contra mujeres, niños que quedaron huérfanos, desintegración familiar y daños ambientales dentro del Parque Nacional Darién, donde transitaron más de un millón de personas.
Atribuyó a la coordinación entre Panamá y Estados Unidos una disminución de 50% durante el segundo semestre de 2024 y una caída de 99% en 2025.
“Pusimos fin a la desintegración familiar y también terminamos con el lucro de criminales, que nunca serán ni derechos ni humanos”, expresó.
La experiencia de Darién sirvió para sostener su crítica general: los ciudadanos han dejado de creer que las reuniones internacionales produzcan beneficios tangibles.
“El mundo no necesita menos Naciones Unidas, necesita una Organización de las Naciones Unidas que funcione mejor”, manifestó.
En materia internacional, Mulino defendió el diálogo para finalizar la guerra en Ucrania y pidió una paz perdurable en Medio Oriente.
También reclamó elecciones libres, abiertas y transparentes en América Latina y el Caribe, y respaldó al Gobierno de Colombia en sus acciones para disminuir la producción de cocaína.
Sobre la crisis en el estrecho de Ormuz, reconoció que el Canal ha recibido un mayor tránsito de buques, pero rechazó interpretar el conflicto únicamente desde el eventual beneficio económico para Panamá.
Advirtió que los ataques contra embarcaciones comerciales elevan los costos de alimentos, fertilizantes y combustibles para millones de personas.
“La inflación es el impuesto más regresivo que existe”, afirmó.
En ese contexto, reivindicó el Tratado de Neutralidad del Canal, de rango constitucional, como garantía de libre comercio, igualdad de acceso y servicio a todas las naciones.
El presidente cerró su intervención ofreciendo al país como punto de encuentro para el comercio, la inversión y la cooperación internacional.
Mencionó el futuro gasoducto del Canal de Panamá, las concesiones de cinco puertos y la expansión de Petroterminal, activo para el trasiego de hidrocarburos entre los océanos Atlántico y Pacífico.
La intervención fue acompañada por una amplia representación del Ejecutivo, integrada por el canciller Javier Martínez-Acha; los ministros Juan Carlos Navarro, de Ambiente; José Ramón Icaza, de Asuntos del Canal; Felipe Chapman, de Economía y Finanzas; y Fernando Boyd Galindo, de Salud.
También estuvieron los vicecancilleres Carlos Guevara Mann y Carlos Hoyos Boyd, así como el embajador de Panamá ante las Naciones Unidas, Eloy Alfaro.
Ante ellos, Mulino proyectó una política exterior que busca mayor influencia regional, apertura económica y cooperación multilateral, pero preservando capacidad soberana para decidir sobre seguridad, valores, ambiente e infraestructura.
“Panamá elige, por historia y por convicción, seguir siendo el punto de encuentro donde la humanidad edifique un futuro de paz y desarrollo compartido”, concluyó.
El ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha, solicitó ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que Rusia y Ucrania faciliten el retorno de los ciudadanos panameños vinculados con la guerra que manifiesten su voluntad de regresar al país.
La petición fue presentada durante una reunión de alto nivel dedicada al mantenimiento de la paz y la seguridad en Ucrania. El canciller aclaró que la gestión se formula con respeto a la soberanía, las leyes y los procedimientos internos de ambos países.
“Para Panamá, cada ciudadano cuenta. Ningún panameño debe quedar olvidado en una guerra que no es la suya”, expresó.
Martínez-Acha definió la solicitud como una gestión estrictamente humanitaria y consular, cuyo objetivo es proteger y asistir a los nacionales que quieran abandonar el conflicto.
Según los reportes publicados por La Estrella de Panamá, 17 panameños vinculados con la guerra han retornado de manera segura. La Cancillería estima que entre 30 y 60 nacionales han estado o permanecen incorporados a filas militares de los dos bandos.
El ministro agradeció a Ucrania la coordinación que permitió avanzar en varios retornos y manifestó su expectativa de que Panamá pueda recibir una respuesta similar de Rusia.
También expresó preocupación por el reclutamiento de ciudadanos latinoamericanos para participar en la guerra. Investigaciones periodísticas y policiales han advertido sobre redes que utilizan plataformas digitales y WhatsApp para divulgar supuestas ofertas de empleo, acompañadas de bonos de hasta $17 mil, con el propósito de atraer a jóvenes hacia zonas de combate.
El canciller pidió evitar una mayor internacionalización del conflicto y reiteró el respaldo panameño a un cese al fuego inmediato y verificable, al respeto del derecho internacional humanitario y a negociaciones serias que conduzcan a una salida política.
“La paz es también la posibilidad de que las futuras generaciones vivan sin miedo”, concluyó.