Un inocente pasa siete años en la cárcel por falso testimonio

‘Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía', reza la frase del filósofo Lucio Anneo Séneca. Esta cita parece aplicarse al caso de Félix del Rosario Brujan, quien estuvo seis años y medio detenido por el falso testimonio de Alcibiades Méndez, asesino confeso de cinco jóvenes panameños de ascendencia asiática en La Chorrera, quien lo identificó como su cómplice por una venganza personal.

Puesto en libertad tras la audiencia del juicio, siete años después de su detención, tras no comprobarse evidencias en su contra, Brujan dice haberlo perdido todo.

Estos hechos vulneran las garantías ciudadanas y ponen en evidencia las carencias de la instrucción judicial, consideran abogados consultados sobre el tema, por este medio de comunicación.

En 2011, Méndez acusó a Brujan de haber participado en el secuestro de Yessenia Lou Kan (18 años), Young Wu Ken (27), Georgina Lee Chen (18), Joel Liu Wung y Samuel Zeng Chen (19), que luego fueron asesinados. Su testimonio fue suficiente para que la fiscalía dictara una medida de prisión preventiva conta el acusado.

La línea de la fiscalía fue entonces que el último de los secuestros, en el que cayeron tres jóvenes, requería la participación de tres personas para someterlos. Con esta premisa se le ordenó una medida de prisión preventiva a Brujan, a pesar de que en su declaración indagatoria advirtió que Méndez era su enemigo declarado y que los separaban muchos altercados.

Brujan pasó momentos muy difíciles en la cárcel, en los que incluso intentó quitarse la vida, según la declaración de la única persona que le brindó apoyo mientras estuvo detenido. Tuvo que pasar casi siete años para que recuperara una libertad todavía ‘condicionada'. Esto fue el pasado 29 de junio de 2017, en el último día de audiencia de este caso, cuando un tribunal conformado por Georgina Tuñón, Marlene Morales y María Luisa Vigil decidió cambiar la medida de prisión preventiva a impedimento de salida del país, considerando que ni los querellantes ni la fiscalía se oponían a la solicitud del abogado defensor, Harry Iglesias.

MALA INVESTIGACIÓN

‘He perdido todo. Mis hijos le dicen papá a otro hombre. Tengo que comenzar desde cero', comentó Brujan, ciudadano dominicano, al salir de la audiencia.

Félix Brujan explicó a los medios de comunicación que los problemas con Méndez surgieron por la venta de un terreno que le hizo, y que posteriormente no le gustó. Méndez le había dicho que un día ‘se la pagaría'.

El abogado Ernesto Cedeño, especialista en derecho procesal, reconoció ‘que estas son las miserias del proceso'. A su juicio, un caso mal llevado por el Ministerio Público (MP) ha causado perjuicios irreparables.

Cedeño considera que estas irregularidades son producto de las carencias del sistema de investigación y de los abusos del MP.

Por su parte, Juan Carlos Araúz, presidente del Colegio Nacional de Abogados, culpa al sistema inquisitivo de lo ocurrido. El modelo de justicia ‘está expuesto como violatorio de las garantías ciudadanas. Esa es la razón del cambio al penal acusatorio', concluye Araúz.

Carlos Lee, abogado y miembro de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, coincide con Araúz. Esto ‘es parte de los defectos que tiene el sistema inquisitivo, que la detención preventiva se convierte en una pena anticipada y cuando la investigación no se hace adecuadamente, se dan estas injusticias', señaló.

Lee explicó que más del 60% de los actuales privados de libertad están a la espera de juicio. De este total, vaticina que entre el 40% y 50% saldrán sin condena porque los procesos del antiguo sistema de investigación son deficientes. ‘Al final, las personas salen libres sin que se les pueda comprobar la responsabilidad penal', puntualizó.

DEMANDA AL ESTADO

En contraste, el sistema penal acusatorio es mucho más garantista porque la última de las medidas que debe aplicarse es la privación de la libertad, aclaró el miembro de la Alianza Ciudadana Pro Justicia.

En este caso, agrega Lee, podría ensayarse una demanda contra el Estado. Cedeño, sin embargo, no ve una norma jurídica que permita la reparación del perjuicio, ‘de manera clara (...). Veo difícil que ganen', apunta.

La defensa de Brujan asegura que cabe una demanda civil contra el Estado para que se le indemnice por daños y perjuicios —por lucro cesante y daños morales—. Brujan espera la emisión de una resolución del Segundo Tribunal de Justicia que abarque la situación jurídica de nueve acusados que participaron en la audiencia y en donde espera recibir la libertad absoluta, explicó su abogado a los medios.

El abogado especialista en derecho penal Víctor Orobio considera que la investigación de los crímenes de los jóvenes chorreranos de origen asiático es una de las peores que ha hecho el MP ‘Siento que aquí hubo una complicidad, que si no fue dolosa fue por negligencia, por descuido o por falta de interés de investigar', indicó.

FISCAL, SIN CASTIGO

Según Orobio, hace falta una norma que le atribuya responsabilidad penal y civil al funcionario que investiga o al juez de la causa que permita que una persona permanezca más de un año encarcelada injustamente.

En este caso, al fiscal no se le puede hacer nada debido a que no habrá forma de demostrar que actuó de mala de fe, que recibió alguna promesa económica o bajo el convencimiento de que le estaba haciendo un daño a esa persona para mantener a este hombre privado tantos años. ‘La conducta del fiscal quedará sin sanción porque no se va a poder probar ninguna de las premisas anteriores', agregó Orobio.

El abogado sostiene que la fiscalía tuvo las evidencias, el tiempo y la forma para evitar que asesinaran por lo menos a los últimos tres jóvenes secuestrados.

Desde 1990, cuando se reinstauró el sistema democrático en el país, el reto más difícil de los fiscales ha sido desarrollar investigaciones robustas y condenatorias, según reconocen los abogados en práctica en el país.

En Panamá, de acuerdo al VI Informe de Seguridad Ciudadana de la CCIAP, el 65% de las víctimas prefiere no presentar una denuncia porque desconfía de la ejecución de los funcionarios judiciales.

El MP carece de datos básicos para evaluar a los fiscales y no cuenta con un índice preciso de impunidad general, lo que obstaculiza una comparación histórica que muestre la eficacia de las investigaciones judiciales, aseguran los juristas. Tampoco hay datos sobre el tiempo que permanece un expediente en los despachos de los fiscales, añaden. A pesar de que la ley establece cuatro meses para la investigación, el fiscal puede solicitar prórrogas. En pesquisas relacionadas con homicidios, la investigación puede durar años. ‘Lo difícil de las investigaciones es la cantidad de personas vinculadas al delito', retrasan el proceso, expresó previamente el MP.

DIOSILA MARTÍNEZ, OTRA ‘FALTA'

El 11 de noviembre de 2016, Diosila Martínez, una profesora de educación física de 41 años, desapareció de su casa, en Chiriquí.

Veintitrés días después, su cadáver fue hallado en una finca en Salitral de Santa Cruz. El único sospechoso —su pareja sentimental— fue indagado y puesto en libertad. Hoy se encuentra prófugo de la justicia que lo busca para que enfrente cargos por el presunto homicidio de la docente.

A la pareja sentimental de Martínez no se le impuso medida cautelar, a pesar de evidencias encontradas en su automóvil que lo relacionan con el homicidio de la docente chiricana.

La Fiscalía de Homicidios y Feminicidios de la ciudad de David, en Chiriquí, inició las investigaciones.

Según una publicación del diario El Siglo , las autoridades realizaron una inspección al vehículo de la pareja sentimental de la profesora y hallaron una mamadera que, se presume, pertenecía a la hija de la mujer.

El diario conoció que la pareja de la profesora no ha regresado a su puesto de trabajo, y se presume que abandonó el territorio nacional después de vinculársele con el crimen.

Las investigaciones determinaron que la mujer murió por trauma contundente en la cara.