Pasaportes retenidos y amenazas: así operaban quienes enviaban panameños a Ucrania

La investigación del Ministerio Público sobre el reclutamiento de panameños para combatir en la guerra entre Rusia y Ucrania sumó ayer miércoles un nuevo imputado. Efraín Alexis Ryfkogel Almengor, panameño veterano de guerra de Ucrania de 63 años, fue llevado ante el Sistema Penal Acusatorio (SPA), donde se le imputó el presunto delito de tráfico de personas y se ordenó su detención provisional mientras avanzan las pesquisas.

Ryfkogel había sido detenido el pasado 10 de agosto en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, cuando se disponía a abordar un vuelo de Turkish Airlines con destino a Estambul, para luego dirigirse a Ucrania. Según su propia versión, su viaje estaba relacionado con trámites como veterano de guerra y con la culminación de un proceso de incapacidad médica en el país europeo.

La fiscal superior contra la Delincuencia Organizada, Elizabeth Carrión, explicó que este caso no tiene relación con el del taxista jubilado detenido días antes en Tocumen, quien es investigado por presuntamente reclutar personas para combatir del lado de Rusia. En el caso de Ryfkogel, la ruta investigada conduce hacia Ucrania.

Las pesquisas comenzaron el pasado 15 de junio, después de que dos víctimas acudieran ante las autoridades y describieran la existencia de un grupo de personas que se dedicaría a captar panameños para trasladarlos al conflicto bélico.

La Fiscalía sostiene que se trata de una estructura en la que incluso aparecen personas vinculadas por lazos familiares. Tres víctimas entrevistadas identificaron directamente a Ryfkogel como la persona que las reclutó y financió parte de las gestiones necesarias para llevarlas hasta Ucrania.

La captación, según la investigación, se realizaba principalmente mediante redes sociales, con TikTok como una de las plataformas utilizadas.

Los anuncios y perfiles empleados mostraban el escudo de las Fuerzas Armadas de Ucrania y utilizaban números telefónicos con códigos de ese país. Para los jóvenes que atravesaban dificultades económicas, las ofertas podían resultar especialmente atractivas: salarios de entre $3,000 y $6,000 mensuales si no tenían que participar en misiones y de $6,000 a $9,000 si eran enviados a ellas. A esto se sumaba la promesa de un seguro de vida de hasta $500,000.

El ofrecimiento, según la Fiscalía, no era presentarse directamente como una oportunidad para ir a combatir al frente. A algunos se les habría dicho que realizarían labores de construcción o prestarían servicios relacionados con artillería y que no serían enviados a zonas de combate.

Una vez que los interesados aceptaban, comenzaba una segunda etapa. El reclutador los citaba en los alrededores de la estación del Metro de Iglesia del Carmen. Desde allí eran llevados a las oficinas de pasaportes para iniciar los trámites de sus documentos, que era cubierto por los reclutadores.

Después, los jóvenes eran trasladados a dos lugares identificados por la Fiscalía: una vivienda conocida como “La Mansión”, ubicada en Bella Vista, y el Hostal Zebulo, en Obarrio.

En estos sitios, los investigadores encontraron documentos personales pertenecientes a reclutados y recibos de pagos relacionados con las gestiones realizadas. El procedimiento incluía, además, la retención de los pasaportes de las víctimas mientras permanecían hospedadas.

Una vez listos los viajes, los reclutadores adquirían los boletos de avión y los jóvenes eran trasladados al Aeropuerto Internacional de Tocumen.

El contacto y las instrucciones continuaban a través de WhatsApp. Después de obtener sus pasaportes, los captados eran incorporados a un grupo denominado “RUG Guardia N/Panamá”, en el que se concentraba información relacionada con los viajes y el proceso para llegar a Ucrania.

El canciller de la República, Javier Martínez-Acha, solicitó este miércoles 12 de agosto a Rusia y Ucrania la repatriación de ciudadanos panameños vinculados al conflicto bélico entre ambos países. Además, confirmó que el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene conocimiento de que 60 panameños podrían estar relacionados con el Ejército ruso, mientras que 17 estarían integrados en las fuerzas armadas ucranianas.

El Gobierno aclaró que se trata de una estimación y no de un registro definitivo, debido a las dificultades para verificar la situación de cada ciudadano en medio del conflicto.

La Cancillería también reconoció que existen casos en los que los panameños habrían firmado contratos para realizar determinadas funciones, incluso de cocina o servicios específicos, pero que al llegar al territorio en conflicto las condiciones encontradas no correspondieron con lo que se les había prometido.

Ante la situación, la Cancillería aseguró además que “no vamos a abandonar a ninguna familia panameña”, en un compromiso que, según el Gobierno, se mantendrá sin importar las circunstancias en las que sus ciudadanos hayan llegado al conflicto.

El fenómeno, además, no sería exclusivo de Panamá. Las autoridades señalaron que países como Brasil, Colombia, Chile y Cuba también han reportado ciudadanos involucrados o afectados por redes de reclutamiento relacionadas con la guerra.

Promesas falsas

La parte más delicada de la investigación aparece una vez que los jóvenes llegaban a Ucrania. De acuerdo con la Fiscalía, más de 18 personas habrían sido trasladadas mediante este esquema.

Según los testimonios incorporados a la investigación, las condiciones cambiaban al llegar a territorio ucraniano. Sus documentos eran presuntamente retenidos, los pagos prometidos no se materializaban y, después de aproximadamente 15 días de entrenamiento, algunos eran enviados a zonas de combate.

Las víctimas también describieron situaciones de presión y amenazas. Quienes se negaban a cumplir las órdenes habrían sido intimidados, incluso con armas de fuego. Para quienes intentaban abandonar el grupo, el mecanismo presuntamente incluía otra barrera: se les exigía pagar hasta $2,500 para poder retirarse.

Durante las diligencias, las autoridades encontraron en el teléfono celular de Ryfkogel fotografías de pasaportes pertenecientes a víctimas y de personas identificadas en Ucrania.

Ryfkogel negó ser reclutador y aseguró que simplemente había prestado ayuda a personas que se acercaron a él. También manifestó que la información y las fotografías encontradas en su teléfono le habían sido proporcionadas desde Ucrania.

Además, negó que las personas que aseguran haber sido engañadas para viajar al conflicto estén diciendo la verdad.

Su defensa también mencionó a Rolando Ryfkogel, señalado como sobrino de Efraín, quien igualmente habría viajado a Ucrania después de reclutar a otros panameños.

El imputado, por su parte, explicó que se dirigía nuevamente hacia Ucrania como parte de trámites relacionados con su condición de veterano de guerra y para culminar un proceso de incapacidad médica. Durante la audiencia manifestó padecer hipertensión, diabetes, pérdida de visión asociada a la presión arterial y problemas pulmonares.