- 18/12/2008 01:00
PANAMÁ. La propuesta de modificación de artículos de los códigos Penales y Judicial que endurece las penas está en la Comisión de Gobierno desde el martes 16 de diciembre, pero ayer no se sometió a discusión en primer debate, a pesar de la urgencia.
La creciente ola de delincuencia en la que se ven atracados los ciudadanos, los carros blindados, bancos, tiendas, almacenes e incluso los paleteros, más las estadísticas de la Fiscalía Auxiliar, revela, que de enero hasta noviembre de 2008, hubo 464 casos de posesión ilícita de arma de fuego, lo que permite que sus portadores consuman otros hechos de mayor gravedad.
Por el uso ilegal de armas la legislación anterior sancionaba con pena de dos a cuatro años de prisión y permitía la aplicación de la detención preventiva como medida precautoria de carácter personal y excepcional.
La propuesta del Ejectivo plantea aumentar de cuatro a seis años de prisión. También se aplicará esta pena cuando la lesión se produzca como consecuencia de actos de violencia doméstica, cuando se produzca a un servidor público o cuando se haya causado con la finalidad de extraer un órgano vital a la víctima.
Esta sanción se le aplicará a quienes hurten a un turista, a los conductores y usuarios del transporte público.
En el caso de posesión de armas ilícitas se le aplicará de cuatro a siete años de cárcel si la posesión es de cinco o más armas, si el arma es de guerra o de gran poder destructivo, si es para apoyar a alguna organización criminal o grupos insurgentes y si el dueño del arma la presta.
El artículo 2173 del Código Judicial quedará así: no podrán ser excarcelados bajo fianza los imputados por delito que la ley penal sanciona con pena mínima de cuatro años de prisión.
Entre otras cosas, los delitos de homicidios doloso, secuestro extorsión, violación sexual, peculado cuando exceda de 100 mil dólares y los delitos contra la libertad individual, cometidos con torturas, castigo infamante o vejaciones.
La Alianza Ciudadana Pro Justicia envíó una misiva al ministro de Gobierno y Justicia Dilio Arcia, en donde expresa que el Consejo de Gabinete debe aprobar la política de seguridad ciudadana discutida, en junio del 2008, por la Comisión de Estado por la Justicia, que establece medidas integrales para enfrentar el problema de la inseguridad ciudadana.
Entre tanto, el diputado opositor José Blandón Figueroa dijo que esta propuesta es “una chambonada que está mal redactada”, y que el gobierno lo presentó para hacer ver que está trabajando. “Esto no va resolver el problema”, agregó.