Fuego de PH Metric sin responsables

PANAMÁ. Han pasado tres años desde aquel 13 de agosto de 2010, cuando a las 11:00 a.m. se produjo una explosión de gas en el apartamento 5A del PH Metric, ubicado en la Vía Brasil.

Esta explosión cobró la vida de la ciudadana colombiana Magda Imelda Rodríguez, propietaria del apartamento, además de la de Celeste Martínez Rovira, Luis Carlos Cedeño, Alberto Isaac Castro y Carlos Enrique Pitty González.

El suministro del gas butano era proporcionado por la empresa Tropigas de Panamá. Los familiares de Magda Imelda Rodríguez, una de las víctimas y que a menudo viajan a Panamá desde Colombia, ven como desalentador todo el proceso para conseguir justicia, toda vez que Adolfo Mejía, magistrado del Segundo Tribunal de Justicia, determinará que existían las evidencias para formularle cargos a los directivos de la empresa de gas por homicidio culposo, al enviar al apartamento 5A del PH Metric personal no idóneo para atender emergencias de escape de este combustible de uso doméstico. Lo que ha llamado la atención de la familia, cuenta uno de sus miembros a La Estrella, es que, inexplicablemente, de manera unilateral, se procedió a revocar la decisión del magistrado para que los directivos no fueran sometidos a indagatoria, sin notificar a los apoderados judiciales de las víctimas.

Uno de los abogados de las víctimas contó a este diario que han presentado un amparo de garantías constitucionales contra la decisión del magistrado Mejía, quedando las dos acciones constitucionales en manos del magistrado de la Corte Suprema Oydén Ortega, desde el 10 de mayo de 2013, sin que hasta este momento se haya dado un pronunciamiento al respecto, ‘lo que aumenta la sensación de impunidad que sufren los familiares de los fallecidos’, indicó.

Juan de Dios Hernández, abogado de Martínez y Rodríguez, sostiene que con la decisión de dejar sin efecto la orden para indagar a los directivos de la empresa de gas se violó el debido proceso. Agregó el abogado que esperan que ahora que el tema se mantiene en la CSJ, se puedan resolver los amparos de garantías constitucionales presentados contra la orden del magistrado Mejía.