Empresarios piden ajustar medidas de seguridad ante criminalidad

La Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá (CCIAP) exhortó hoy a las autoridades gubernamentales a evaluar la política de seguridad para ajustarla "a las nuevas modalidades criminales" que se registran en el país.

"Queremos incentivar a las autoridades a evaluar las acciones o mecanismos de prevención y represión del crimen que en la actualidad se implementan, seguramente hay que ajustarlas a las nuevas modalidades criminales que se están desarrollando", expresó este domingo la CCIAP en una declaración pública.

La institucionalidad "debe estar un paso adelante de las dinámicas criminales para beneficios de todos, y de esta manera lograr una sociedad más segura", añadió el gremio, que agrupa a más de 1.600 empresas de 15 sectores económicos de Panamá.

El llamado de la cúpula empresarial llega cuando la inseguridad se ha posicionado como una de las principales preocupaciones en Panamá, un país con cerca de 4 millones de habitantes y una tasa de homicidios que cerró el 2016 en 9 por cada 100.000 habitantes, por debajo de la de 17 que registraba en el 2014, según datos oficiales.

El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, dijo el pasado miércoles que en materia de seguridad el país ha "tenido un inicio de año difícil", en especial "los últimos 15 días", pero garantizó que su Administración no bajará la guardia.

El Ejecutivo panameño defiende el éxito de su política de seguridad, aunque ha reconocido que los crímenes de alto impacto, como el asesinato a tiros de una abogada el pasado día 18, en una cafetería de un hospital en una exclusiva zona de la capital y plena luz del día, afectan la percepción de la población sobre el tema.

Sectores políticos opositores y portavoces civiles se quejan además de que las autoridades no se refieren al supuesto aumento de robos y hurtos en el país.

La Policía Nacional dijo el pasado miércoles que ha "detectado audios falsos de supuestas situaciones delictivas" que han circulado en las redes sociales, ante lo que el presidente Varela pidió aplicar la ley local, que castiga esa conducta, cuando se cumplen supuestos como poner en peligro la economía nacional o el crédito público, con entre 2 y 5 años de cárcel.

La CCIAP alertó este domingo que las políticas de seguridad ciudadana "no deben responder a medidas reactivas ante la presión del ciudadano y al temor a ser victimizados".

Las mismas se deben "concebir como parte de una agenda de Estado, que permita su sostenibilidad, fundada en los principios de desarrollo humano sostenible, prevención, participación ciudadana, justicia social y el respeto a los derechos humanos", añadió.

La cúpula empresarial resaltó que, a su juicio, "la acción inmediata más importante a implementar (...) es hacer cumplir las leyes", porque en Panamá "actualmente no existe una cultura de respeto a las autoridades ni a la Ley".

Esa situación se puede percibir "a diario en quienes arrojan basura a las calles, no respetan las normas del tránsito, entre muchas otras situaciones donde no impera la certeza del castigo", indicó.