Piden al Gobierno cesar campaña de desprestigio

Sobre las sanciones económicas que ha recibido el grupo editorial Epasa, del Tribunal Electoral y del Gobierno, sobre la retención del periodista argentino Santiago Fascetto en el Aeropuerto Internacional de Tocumen por parte de las autoridades migratorias, que nunca explicaron las razones, y sobre la conducción y detección del presidente de NexTV, Riccardo Francolini, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) emitió una resolución que resuelve:

Como primer punto pide al Gobierno del presidente Juan Carlos Varela que cese la campaña de debilitamiento y desprestigio emprendida en contra de los medios antes mencionados, sus directivos y los periodistas que laboran en ellos.

En el segundo punto solicita a las autoridades nacionales mostrar plena disposición y tolerancia al libre ejercicio de la libertad de expresión, información y prensa de los mencionados medios y sus periodistas.

El tercer punto de la resolución es un llamado a las autoridades de tributación y electorales de Panamá para que den fin lo antes posible a los procesos que les tienen instaurados a Epasa, en cumplimiento de la ley.

Como cuarto punto piden poner fin lo antes posible a la detención innecesaria de Francolini, presidente de Compañía Digital de Televisión, en cumplimiento de la ley.

Y como punto concluyente, instan al Gobierno el cumplimiento de la Constitución y de los tratados internacionales sobre la libertad de expresión, información y de libre prensa en relación a los medios mencionados y sus periodistas.

POSICIÓN DEL GOBIERNO

El Ejecutivo, mediante nota de prensa, rechazó enfáticamente que se utilice un organismo del nivel y la trayectoria de la SIP para debilitar los esfuerzos de un órgano del Estado panameño por investigar posibles delitos contra el patrimonio del Estado.

Asegura que esta administración ha dado muestras concretas de respeto absoluto al ejercicio del periodismo, así como de la libertad de prensa y expresión.

‘Nos sorprende el tenor de dicha resolución, la cual confunde un tema de justicia y rendición de cuentas con los sagrados principios de la libertad de expresión. Los procesos que adelanta el sistema judicial panameño contra actos de corrupción versan sobre delitos comunes', dijo.