El CNA presenta anteproyecto de ley para derogar la Ley 256 que impone uso de la factura electrónica a profesionales

Actualizado
  • 02/02/2022 19:44
Creado
  • 02/02/2022 19:44
Artesanos, abogados y profesionales liberales sienten que no fueron tomados en cuenta, por lo que piden que se repare el “error” cometido

El  Colegio Nacional de Abogados (CNA) presentó una iniciativa legislativa, en la oficina de participación ciudadana, que pretende derogar la inclusión de sectores profesionales en la Ley 256, que dicta la obligatoriedad en la expedición de factura electrónica.

La iniciativa ciudadana busca eliminar de la ley que empezó a regir en enero de 2022 lo que se refiere a que los sectores profesionales liberales: artesanos, artistas y quienes ejercen un oficio sean sujetos obligados a facturar electrónicamente.

El presidente del CNA, Juan Carlos Araúz, explicó que la iniciativa de proyecto de ley surge porque los sectores profesionales sienten que no fueron tomados en cuenta, por lo que piden que se repare el “error” cometido, de una manera que los sectores puedan seguir adelante con la protección Constitucional, que está en el artículo 40 de la Constitución.

“Nosotros facturamos manualmente e históricamente es un mecanismo que es eficiente, por eso, nosotros vamos a mantener esa expectativa de que el método no puede ser obligado al cambio”, expresó Araúz.

Los abogados, artesanos y profesionales fueron recibidos por la vicepresidenta de Asamblea Nacional, Kayra Harding, quien les confirmó que elevará las inquietudes al presidente de la Asamblea Nacional, Crispiano Adames y a la Comisión de Economía.

 "Hemos escuchado la posición del CNA, los economistas, artesanos. Nos hemos comprometidos a conversar con la Comisión de Economía de la Asamblea, donde debería prohijarse el proyecto de ley. Ellos ya lo presentaron de manera formal y luego corresponderá a la Comisión de Economía comenzar a trabajar la iniciativa", comentó Harding. 

La Ley 256 de 2021 reitera la obligatoriedad en la expedición de factura o de documento equivalente para acreditar toda operación relativa a la transferencia, venta de bienes y prestación de servicios por parte de las personas residentes en el territorio panameño.

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