Presos en Coiba estarían de paso antes de su traslado a Punta Coco, revela alcalde

La presencia de privados de libertad en el Parque Nacional Coiba sería una medida temporal, mientras se adecúa el centro penitenciario de Punta Coco. Este es el argumento que el alcalde de Mariato, Ángel Batista, afirma que les fue comunicado por la ministra de Gobierno, Dinoshka Montalvo.

“Ella me dijo textualmente que será temporal, que no habían hecho comunicado por el tema de la alta peligrosidad de traer reos para acá que eran de alto perfil y que se está rehabilitando la cárcel de Coco Junta Coco en Isla Perla”, compartió Batista a La Estrella de Panamá.

Batista, junto con los alcaldes de Montijo, Río de Jesús, Soná y Las Palmas, forman parte del Consejo Directivo del Parque Nacional Coiba, establecido de acuerdo a la Ley 44 de 2004. Este miércoles 17 de junio se reunieron para coordinar sus posturas.

“Manifestamos rotundamente nuestra oposición a la posible reapertura temporal del Centro Penitenciario en la Isla de Coiba planteada por el Ministerio de Gobierno y Justicia”, expresaron los alcaldes en un comunicado conjunto. “La Ley no se limita únicamente a la creación del área protegida, sino que consagra un régimen estrictamente restringido en el cual el interés ambiental priva sobre cualquier uso o aprovechamiento del territorio, por tanto excluye actividades intensivas o incompatibles con los fines de protección y obliga al estado a implementar instrumentos técnicos de gestión, entre ellos el Plan de Manejo. Esta situación puede dar al traste e incidir directamente con los esfuerzos que se hacen desde los territorios situados en la zona de amortiguamiento del Parque en impulsar actividades de desarrollo local, principalmente en las áreas de turismo sostenible, pesca artesanal, afectando también la paz social y tranquilidad de las comunidades”, concluye el documento firmado por los cinco alcaldes.

No se tomó una decisión definitiva luego de la reunión, más allá del rechazo conjunto. Esto se debe a que están a la espera de tener más información. El alcalde de Mariato adelantó que se tiene prevista una visita a Coiba esta semana en compañía de las autoridades del gobierno central.

“Vamos a ir allá porque nosotros tenemos voz y voto. Yo quiero ir con los medios de comunicación”, afirmó Batista. “Yo veo algo extraño que en toda la vida Republicana se escapen ahora por primera vez 200 reos de una cárcel. Eso no puede ser, eso es ilógico. No tiene pies ni cabeza. Pienso que están buscando una cárcel nueva y de varios millones de dólares”, opinó.

Este miércoles 17 se adjudicó la compra de materiales eléctricos para “la restructuración del sistema eléctrico de la Estación Aeronaval Nelson Tenas” en Coiba. Se trata de una compra menor, pero las fechas alrededor del acto público coinciden con hechos claves relacionados a los privados de libertad.

El 28 de mayo se publicó el acto en el portal Panama Compra. El 29 de mayo se trasladaron más de 200 privados de libertad desde el Centro Penitenciario de Chiriquí a distintas cárceles alrededor del país. Autoridades del Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Gobierno confirmaron que se trataba de una acción coordinada para combatir la influencia de criminales dentro de las cárceles. Tres días después del traslado en Chiriquí, se intentó trasladar reos de La Joyita. Este fue el detonante de la fuga de 195 privados de libertad, decenas de los cuáles permanecen prófugos.

El 13 de junio, el Ministerio de Seguridad comunicó el traslado de 29 privados de libertad “de alta peligrosidad” a Coiba, citando “la vulnerabilidad que presenta el centro de detención de Punta Coco, desde donde se estarían coordinando actividades ilícitas afectando a ciudadanos panameños”.

La Ley 44 que crea el Parque Nacional Coiba prohíbe la ocupación de la isla para fines distintos al ecoturismo, la investigación y otras actividades claramente tipificadas que no incluyen la detención permanente de privados de libertad. También prohíbe la construcción de infraestructuras que no sean para estos fines.

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) se pronunció en una carta del 10 de junio contra la posibilidad de transformar Coiba en un centro penitenciario permanente. En un comunicado posterior al traslado, declararon desconocer de las acciones del Ministerio de Seguridad, apuntando que no se había afectado el patrimonio natural y que los presos estarían recluidos en las facilidades del Senan.

Pero el alcalde de Mariato cuenta cómo se había observado desde hace tiempo movimiento de equipo y materiales de construcción a la isla. “Lo raro aquí es que como el ministro dijo que investiga porque no se había enterado de nada. El ministerio de Ambiente tiene personal en Coiba que debió haber visto el movimiento de las embarcaciones, tractores llevando equipo pesado y material de construcción”, comentó Batista.

No hay aún un pronunciamiento oficial por parte del Gobierno central sobre el tiempo en que permanecerán recluidos los reos en Coiba, ni tampoco detalles sobre qué se planea hacer en Punta Coco, si se invertirá en nueva infraestructura o se construirá un nuevo centro penitenciario.

Tanto Coiba en sus tiempos de colonia penal, como Punta Coco han sido denunciadas por violaciones a los derechos humanos. Punta Coco sería, paradójicamente, al mismo tiempo demasiado laxa y porosa con el flujo de información de criminales, y presuntamente responsable de violar derechos humanos. Invertir en Punta Coco y llevar a los presos allá reabriría el debate sobre el sistema penitenciario, pero al menos utilizaría el sitio para lo que fue diseñado, contener criminales de alta peligrosidad. Mantener a los presos en Coiba representa una amenaza para la economía local y podría poner en juego su estatus como patriomnio de la humanidad.