Primer día del juicio Odebrecht: defensa alega ‘indefensión’

El juicio por el caso Odebrecht empezó este lunes 12 de enero. A la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) acudió un tropel de abogados defensores que eran recibidos por las cámaras y micrófonos de los medios de comunicación en la entrada del Palacio Gil Ponce.

Entre los más de veinte imputados, había quiénes participaron por videollamada, como el expresidente Ricardo Martinelli; su expareja sentimental Aurora Muradas; el excandidato presidencial José Domingo Arias; así como banqueros, empresarios y personas vinculadas a la política como Juan Antonio Niño, Jaime Lasso, Navin Bhakta y Aaron Mizrachi.

Otros comparecieron personalmente a su cita con la justicia. Entre ellos estaban los exministros Demetrio Papadimitriu, Federico Suárez y Frank De Lima. De Lima se mostró confiado de salir airoso del caso, aunque igual preguntó: “Ustedes que están en los medios, ¿han escuchado algo?”.

A las nueve de la mañana arrancó oficialmente la audiencia. La jueza Baloisa Marquínez pasó lista de fiscales, abogados querellantes, y abogados defensores, entre los cuáles estaban defensores públicos para cubrir la eventualidad de que alguien se declarara enfermo para posponer el juicio.

Los imputados también reportaron asistencia, de forma presencial o virtual. Algunos estaban desde sus oficinas, otros en su casa, Riccardo Francolini estaba sentado en su carro con el celular en el muslo, Bhakta y otros lucharon con sus cámaras para que saliera la imagen. Martinelli desde Colombia respondió a la jueza: “Soy inocente, no soy responsable”.

Palabras más, palabras menos, todos se declararon inocentes.

A quiénes no se mencionó fueron al expresidente Juan Carlos Varela, ni a los hijos de Martinelli, Ricardo y Luis Enrique Martinelli Linares, ya que por ser miembros del Parlamento Centroamericano (Parlacen) su caso no le compete a este tribunal.

La defensa de Aaron Mizrachi, padre del actual alcalde capitalino, recordó que se le había concedido un amparo de garantías, por lo que no debería participar en el juicio. La fiscal Ruth Morcillo rebatió que se había presentado una apelación. La jueza Marquínez decidió que participaría en el juicio mientras se resuelve la apelación.

Durante esta primera etapa de la audiencia ocurrieron dos intervenciones claves. La fiscal anunció que se había solicitado una audiencia para un nuevo acuerdo de pena, y que pedían la reserva para explicar la solicitud. Dos veces se ordenó despejar la sala para este propósito.

El abogado defensor Ángel Álvarez, abogado sustituto del expresidente Martinelli, calificó de “absurdo” que los hayan convocado y luego se tenga que hacer pausas y utilizar la reserva. Álvarez aseguró que en el caso de su representado, tienen “toda la disponibilidad e intención para que se evacúe todo el material probatorio”.

Observando la asistencia de los abogados y con informaciones extraoficiales, La Estrella de Panamá pudo conocer que las dos personas que pidieron reunión serían Francisco Pérez y Juan Carlos Espinoza, aunque la información no fue confirmada oficialmente.

Desde temprano también se vislumbró uno de los argumentos principales de la defensa. El abogado Pedro Meilán, quien representa al banquero español Rodrigo Díaz, cuestionó que la defensa no tendrá la oportunidad de cuestionar directamente a personas clave que brindaron testimonio, como Joao Santana, Mónica Moura o André Rabello.

La jueza declaró en la mañana que era su potestad evaluar estos testimonios. Luego del receso de almuerzo, el abogado defensor de Martinelli, Carlos Carrillo, arremetió contra esta decisión de la jueza, señalando que había sido decretada de forma unilateral, que violaba el derecho al contradictorio y los dejaba en indefensión, por lo que solicitaba a la jueza anular esa decisión.

La jueza le respondió que no era el momento de presentar argumentos, y que tendría la oportunidad más adelante de hacer sus reclamos.

Los testimonios de Santana, Moura, Rabello y otros individuos que residen en el extranjero podrían representar pruebas contundentes del esquema de corrupción y sobornos con el que presuntamente operaba Odebrecht en Panamá. Su admisión o exclusión podría ser determinante para el resultado final del caso.

Los abogados defensores también se refirieron a cómo el caso Odebrecht se cayó en Brasil, por lo que en Panamá se estaría argumentando por algo que ya fue descartado en otra jurisdicción.

“La justicia panameña ha pasado por alto fallos en Brasil”, advirtió el abogado de Michelle Lasso, Gilberto Cruz. “Sentimos que la teoría del caso de la fiscalía es bastante endeble. Vamos a mostrar técnicamente que todos y cada una de los cuestionamientos del Ministerio Público no tienen fundamentación jurídica para manifestar un posible dolo”, concluyó.

Finalmente, alrededor de las 2.30 de la tarde se inició la lectura del auto de llamamiento a juicio. Se trata de un documento de unas 400 páginas que contiene los detalles del caso, desde su génesis, pasando por todas las incidencias presentadas y sus resoluciones, hasta los detalles sobre los cuáles el Ministerio Público ha armado su teoría del caso.

La lectura continuará este martes 13 de enero.

La jueza también detalló el horario mediante el cuál se llevará adelante el proceso. De lunes a jueves, desde las 9 am hasta las 6 pm se llevará a cabo el juicio, con pausas entre 12 md a 2 pm para almorzar.

Tanto la defensa como los fiscales y abogados querellantes tendrán la oportunidad de presentar todos sus argumentos, luego de lo cuál la jueza tomará finalmente una decisión.

Este caso inició en 2016, y en 2017 se creó la Fiscalía especializada que ahora lo lleva adelante. Es tan antiguo que se lleva a cabo bajo el Sistema Penal Inquisitivo, que ha sido reemplazado por el Sistema Penal Acusatorio. Los cargos iniciales eran por corrupción y blanqueo de capitales, pero los cargos de corrupción ya prescribieron (aunque se siguen tomando en cuenta como posible delito precedente para el blanqueo de capitales). Por otro lado, la pena por blanqueo de capitales es de entre 5 a 12 años de prisión, similar a la década que lleva este caso en la corte.

Se trata de un caso sumamente complejo, con más de 2.800 tomos. La jueza estimó que tomaría unas 6 horas bajar físicamente el expediente a la sala de audiencia. La misma jueza también fue asignada a otro caso, relacionado a la Operación Fisher y el narcotráfico, que deberá evaluar de forma paralela e independiente.