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- 16/10/2025 08:38
El proyecto de ley N.º 426, que propone crear un sistema de protección digital integral para niños, niñas y adolescentes, dio un paso importante en la Asamblea Nacional al ser enviado a una subcomisión para su revisión técnica y legal.
La iniciativa, impulsada por jóvenes universitarios a través del mecanismo de participación ciudadana, plantea regular el acceso de menores a las redes sociales y proteger su salud mental frente a los riesgos del entorno digital.
La presidenta de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia, diputada Alexandra Brenes, calificó el debate como “polémico, pero necesario” y asumió la presidencia de la subcomisión que deberá perfeccionar el texto antes de su discusión final.
El anteproyecto, presentado por estudiantes de la Universidad Santa María la Antigua (USMA), busca establecer un marco legal de responsabilidad compartida entre el Estado, las familias y las empresas tecnológicas para garantizar los derechos digitales de los menores.
Uno de los proponentes, Manuel de Freitas, explicó que la propuesta surge “ante la urgencia de proteger la salud mental de la niñez y la adolescencia”, advirtiendo que la exposición descontrolada a las redes sociales está afectando el desarrollo neurológico y emocional de los niños.
La exposición de motivos cita estudios científicos internacionales que relacionan el uso excesivo de redes sociales con un aumento de la ansiedad, la depresión, las autolesiones y los trastornos del sueño en menores.
Según datos de UNICEF y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), entre 2010 y 2020 la depresión en adolescentes creció más del 150 %, mientras que el suicidio en niñas de 10 a 14 años aumentó un 167 %.
El documento advierte que las redes sociales son entornos altamente adictivos y difíciles de autorregular, sobre todo para los menores, cuyo córtex prefrontal —la zona del cerebro encargada del autocontrol— no se desarrolla por completo hasta los 25 años.
Durante la presentación del proyecto, surgieron inquietudes sobre un posible intervencionismo estatal en la educación familiar. De Freitas aclaró que el objetivo no es que el Estado se entrometa en la crianza, sino brindar herramientas de apoyo a los padres ante los riesgos crecientes del mundo digital.
El proyecto de ley N.º 426 se basa en tres pilares de acción preventiva y control parental:
Consentimiento parental verificable: las plataformas deberán contar con autorización formal de los padres o tutores para recopilar, usar o tratar datos de menores.
Controles parentales obligatorios: las empresas tecnológicas deberán ofrecer herramientas accesibles e intuitivas para gestionar el tiempo de uso, la privacidad y los contenidos.
Edad mínima de 16 años: los menores de esa edad no podrán abrir cuentas personales en redes sociales sin verificación de identidad y consentimiento familiar.
Además, el texto incorpora el principio de “seguridad por defecto”, que obliga a las plataformas a priorizar la privacidad y la protección de los menores desde su configuración inicial.
De Freitas destacó que la aprobación de la norma colocaría a Panamá como referente regional en materia de protección digital infantil, al ser el primer país de Centroamérica con una legislación integral de este tipo.
El proyecto toma como referencia la Online Safety Act del Reino Unido y las directrices de la Unión Europea sobre seguridad digital, adaptadas al contexto panameño.
Para su puesta en marcha, se contempla un periodo de transición de 12 meses tras su promulgación en la Gaceta Oficial, a fin de que empresas, instituciones y familias puedan adecuarse a las nuevas reglas.
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