Recomendaciones para evitar la corrupción en compras durante la crisis sanitaria

Los riesgos de compras en el sector público durante una crisis sanitaria, como la que vive el mundo por el nuevo coronavirus, fueron analizados por Transparencia Internacional durante una conferencia virtual la semana pasada.

El organismo internacional instó a los gobiernos a concentrar la información sobre las contrataciones públicas en un sitio específico, como una página web o micrositio oficial, asegurando la estandarización de su contenido.

El modelo de la información debe contener al menos 10 elementos, entre los que están: el precio unitario y global de los bienes o servicios contratados, tipo de procedimiento de contratación utilizado, así como un registro con información sobre la persona natural o jurídica con la que se celebró el contrato. Este registro debe contener la identidad de la persona, ubicación, datos fiscales, información sobre los titulares de las acciones o participaciones sociales e ingreso total.

Otro de los elementos que también debe constar en las contrataciones públicas es la justificación técnica y económica, población o necesidad a la que responde la contratación, así como la entidad y funcionario responsable de la contratación.

“Los recursos destinados a la emergencia y su uso deben ser informados en su totalidad de forma continúa, oportuna, veraz y verificable, y en lenguaje ciudadano”, pidió Transparencia Internacional.

Igualmente solicitó a los gobiernos que el presupuesto designado para atender las emergencias y contingencias por caso de fuerza mayor debe ser administrado bajo los principios de eficiencia, economía, transparencia e imparcialidad. Además de asegurar las mejores condiciones para el Estado.

El Consejo de Gabinete de Panamá ha destinado alrededor de $80 millones para atender la crisis sanitaria provocada por el nuevo coronavirus; entre esos, $50 millones para el programa Panamá Solidario, que ofrece una bolsa de comida y un bono.

“Es indispensable que los gobiernos informen sobre el origen de los recursos que se tienen disponibles para afrontar la contingencia que atraviesen”, consideró Transparencia Internacional, y al mismo tiempo establece unas reglas generales que se deberían cumplir para el uso de esos recursos.

Se debe visibilizar el periodo o condiciones en las que se considerará que prevalece la emergencia, para así evitar hacer un ejercicio indebido de los recursos disponibles.

Adicional, los gobiernos deben hacer auditorías en tiempo real para asegurar el cumplimiento de los principios que rigen a las contrataciones públicas y las reglas de los fondos extraordinarios autorizados para la atención de la emergencia.

El organismo internacional también instó a los gobiernos a evitar que en sus procedimientos de contratación, para atender la emergencia, propicie la concentración o acaparamiento ya sea para la adquisición de bienes o contratación de servicios de consumo necesario durante la contingencia por fuerza mayor.

También deberán tomar las medidas pertinentes para que las micro, pequeñas y medianas empresas participen en la provisión de bienes y servicios necesarios en la emergencia, valorando el costo beneficio que esto representaría; no solo por el costo directo del bien, sino por los potenciales efectos en la promoción de la actividad económica en los países.

Transparencia Internacional consideró que los gobiernos tienen la obligación de evitar y sancionar el alza de los precios, el acaparamiento y la especulación en la prestación de servicios, así como la de eliminar cualquier tipo de potencial o real ventaja a favor de una o varias personas sobre sus competidores.