Restricciones para el acceso y uso de playas siguen generando críticas

Tras las críticas surgidas por las restricciones inicialmente establecidas para el ingreso y permanencia en las playas en el sector oeste del país, la gobernadora de Panamá Oeste, Sindy Smith, dejó sin efecto la resolución No. 035-2022 del 28 de diciembre de 2022 que regulaba el uso de playas, lagos, ríos y balnearios en esta provincia.

En la resolución No. 001-2023 del 5 de enero de 2023, se insta a las alcaldías de los cinco distritos de la provincia de Panamá Oeste, los estamentos de seguridad pública y la fuerza de tarea conjunta, a velar por el fiel cumplimiento de lo dispuesto en esta nueva normativa.

La primera resolución derogada establecía un horario de permanencia en las playas de lunes a domingo desde las 6:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde.

La Cámara Nacional de Turismo de Panamá, entre otras organizaciones, había pedido la eliminación de la Resolución No. 035-2022 del 28 de diciembre de 2022, emitida por la Gobernación de Panamá Oeste.

Sin embargo, la nueva resolución establece un horario de lunes a domingo de 6:00 a.m. a 5:30 p.m. para el acceso y uso de playas, ríos, lagos y/o balnearios públicos dentro de la provincia de Panamá Oeste, para los concesionarios, transportistas, conductores de transporte público de pasajeros o promotores que efectúen actividades con fines recreativos relacionados con excursiones o paseos, y que además cumplan con las regulaciones establecidas en el Decreto Ejecutivo No. 830 de 31 de diciembre de 2009.

Se reitera, además, que de conformidad con el artículo 7 del Decreto Ejecutivo No. 830 de 31 de diciembre de 2009, la Policía Nacional está facultada para tomar las medidas necesarias para reforzar la vigilancia y seguridad en playas, ríos, lagos y/o balnearios públicos de la provincia de Panamá Oeste.

“Ahora plantean en Panamá Oeste un horario para los que van en transporte público y demás, a los ríos y playas, pero si vives en una casa con acceso a playa, eres libre de horario”, planteó el abogado Ernesto Cedeño.

El pasado miércoles, Cedeño le pidió al procurador de la Administración, Rigoberto González, que le certificara la vigencia de las normas legales que regulan el uso de ríos y playas en Panamá en torno al horario y cobro por supuesta limpieza, para analizar las acciones legales que corresponda, tras afirmar que “están abusando” con este tipo de regulaciones.

En tanto, en la provincia de Coclé diversas organizaciones turísticas alzaron su voz de protesta también por las limitaciones establecidas para la permanencia en el agua plasmadas en el Decreto No. 20-2022 del 28 de diciembre de 2022, por medio del cual se dictan disposiciones de un texto único relacionado con el buen uso y control de actividades de playas, ríos y balnearios.

Estas asociaciones cuestionaron, en una carta remitida al alcalde del distrito de Antón, Eric Domínguez, que la Policía Nacional y los estamentos de seguridad estuvieran desalojando a los turistas y residentes desde las 4:30 p.m.

También criticaron lo que calificaron como un “exceso” de retenes policiales con largas filas de vehículos, “de manera especial en Farallón, que llegó hasta la vía Interamericana”, lo que a su parecer “era totalmente innecesario y desalienta a los visitantes”.

“La ribera Pacífica debe medirse con otras ciudades y destinos nacionales e internacionales que no cuentan con las limitaciones de permanencia en el agua que establece el reciente Decreto No. 20-2022 del 28 de diciembre de 2022”, indicaron en la nota dirigida al alcalde, pidiendo enmendar este decreto.

De igual manera, calificaron como innecesaria la medida de exigir a todos los proyectos turísticos y residenciales de playa contar con un guardavidas certificado durante las 24 horas, si el acceso al agua está prohibido de noche.

El pasado jueves el defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, afirmó que tanto el cobro por el ingreso a las playas del país, como imponer horarios de restricción a estas, es ilegal, basado en el artículo No. 258 de la Constitución Política de la República de Panamá, que establece que las playas son de uso público.

El funcionario anunció que la Defensoría del Pueblo enviará cartas de notificación basadas en la ley y apelando a las autoridades de la Alcaldía de Antón y de las gobernaciones de las provincias de Panamá y Panamá Oeste para que deroguen los decretos emitidos que imponen restricciones al uso de playas.

Indicó que de no haber acción por parte de las autoridades mencionadas, la Defensoría del Pueblo presentará una demanda de inconstitucionalidad contra las normas cuestionadas.