Contraloría, una sola institución, pero cada maestro con su librito

Actualizado
  • 07/11/2014 01:00
Creado
  • 07/11/2014 01:00
Desde su fundación, la institución ha tenido 24 contralores, cada uno con una concepción distinta de la forma de ejercer el cargo

Tras el cuestionado ejercicio de Gioconda Torres de Bianchini, la selección del nuevo contralor de la República se ha convertido en un tema que ha despertado el interés de toda la sociedad organizada, y en especial de los grupos políticos como nunca antes en la historia de la institución.

Pero ¿qué es la Contraloría General de la República y cuáles son funciones? Es una pregunta que pocos pueden responder.

Se trata de una institución que siempre ha hecho su trabajo de manera silenciosa, pero que nunca antes había sido tan cuestionada por la gestión tan permisiva que realizó en los últimos cinco años Torres de Bianchini.

Activistas de la sociedad civil como Roberto Troncoso consideran que esta actitud es la que permitió que se dieran los abusos con los fondos públicos en los últimos cinco años.

La gestión institucional de la Contraloría de la República data del año 1930, cuando el presidente Florencio Arosemena creó la Oficina de Contabilidad y Contraloría, pero no fue hasta el año 1972 que se le otorgó rango constitucional. En el año 1984, mediante la Ley Orgánica número 32 del 8 de noviembre, se desarrolló la materia que ya se había considerado en la Constitución Política de la República.

En la Constitución, en el título IX, capítulo III, se define a la institución como un organismo estatal independiente cuya dirección está a cargo de un funcionario que se denominará contralor.

La Carta Magna establece que su mandato es para un periodo igual al del presidente de la República; es decir, cinco años.

El periodo del contralor inicia el 1 de enero del año siguiente a la entrada en vigencia del presidente.

La norma hace énfasis en que durante este periodo, no podrá ser suspendido removido, sino por la Corte Suprema de Justicia, en virtud de causas definidas en la Ley.

Para ocupar el cargo de contralor, los requisitos no son muy estrictos, solo son cuatro. Se establece en la Constitución que se necesita ser panameño de nacimiento, tener título universitario, 35 años de edad y no haber sido condenado por delito doloso con pena de cinco años o más.

QUÉ HACE EL CONTRALOR

Lo que sí deja bien claro la Constitución son las funciones que tiene el contralor. Le establece trece funciones.

Primero, debe llevar las cuentas nacionales, además fiscalizar y regular, mediante el control previo o posterior, todos los actos de manejo de fondos y otros bienes públicos, a fin de verificar que se realicen de manera correcta.

Dispone también que el contralor debe hacer inspecciones e investigaciones de las operaciones que afecten el patrimonio público.

El contralor está en la obligación, además, de informar a la Asamblea Nacional y al Órgano Ejecutivo sobre el estado financiero de la administración pública.

La dirección y formación de la estadística nacional están ente las funciones que le competen a este funcionario.

ENTE NOMINADOR

La misma Constitución Política de la República de Panamá dispone que es función de la Asamblea Nacional el nombramiento del contralor.

CADA MAESTRO CON SU LIBRITO

Cada contralor ha dejado su huella y marcado su estilo de gestión durante su mandato.

Después de la invasión de los Estados Unidos a Panamá y el derrocamiento de la dictadura militar, se eligió al primer contralor en la que sería una nueva época de la democracia, le correspondió a Rubén Darío Carles.

‘Chinchorro’ Carles venía de las filas del partido Molirena, integrante de la Alianza Civilista que llevó a Guillermo Endara a la Presidencia de la República.

Su gestión fue severa, se ganó enemigos dentro de su propio gobierno, entre ellos a los de la Democracia Cristiana, que en ese entonces tenía una mayoría parlamentaria.

La época de ‘Chinchorro’ al frente de la Contraloría se destacó por una minuciosa verificación y control del gasto público.

Devolver al país la confianza, la credibilidad en la Contraloría General de la República, ese fue el concepto de quien tenía la responsabilidad de velar por la hacienda y los recursos del Estado, fue uno de los retos que enfrentó Rubén Darío Carles.

Según los anales de la institución fiscalizadora del uso de los fondos públicos, Carles considera que ‘una Contraloría mediatizada no tiene ningún sentido, nadie la respeta, yo creo que el contralor no está para mandar, sino para que las cosas se hagan bien de acuerdo con la ley’.

José Chen Barría, quien asumió el cargo luego de haber ocupado la subcontraloría junto a Carles, combatió el uso de recursos del Estado en campañas políticas, ‘realizamos esfuerzos y acciones a nivel nacional para eliminar esta tradicional práctica tan nociva para el sistema democrático y perjudicial a los interese panameños’.

Luis Benjamín Rosas, quien sucedió a Chen Barría, fue uno de los contralores que más corto tiempo ha tenido la institución, debió enfrentar las marcadas diferencias entre algunas entidades del Estado y la entidad fiscalizadora.

Rosas es de la opinión que el papel fundamental de la Contraloría en su función fiscalizadora, es de ser una entidad totalmente independiente.

Durante la administración de Gabriel Castro se le dio seguimiento a un programa establecido por el excontralor Aristides Romero, donde buscaba que la Contraloría dejara de ser un obstáculo y se convirtiera en un facilitador, sin embargo reconoce que siempre se tendrá la impresión de que la entidad es un impedimento porque se han confundido los papeles.

Sobre el control previo, Castro enfatiza que éste no debe salir nunca de la Contraloría.

Alvin Weeden, contralor de 2000-2004, describe el control de previo como el alma de la Contraloría, buena parte de los actos y contratos que eran en detrimento del patrimonio público pudieron ser detenidos gracias a éste.

Carlos Vallarino, el contralor que estuvo inmediatamente anterior a la actual contralora, considera que uno de los principales errores fue la elim inación del control previo.

Además, estima que durante su gestión, la actual administración ha sido en exceso permisiva y es eso lo que ha permitido los abusos con los fondos públicos.

En opinión de Vallarino, hay que responder por los desmanes y los abusos cometidos en los últimos cinco años.

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