Fronteras panameñas son vulnerables: informe EU

PANAMÁ. A pesar de los avances y esfuerzos de prevención en el tema de la trata de personas, Panamá necesita fortalecer los controles en las fronteras porque son puntos fáciles de tránsito para que se dé esta situación, según se desprende del Informe sobre el Tráfico de Personas (TIP, por sus siglas en inglés), dado a conocer ayer por la Embajada de Estados Unidos.

El informe explica que aunque se promulgó un paquete de reformas legislativas para fortalecer las leyes panameñas y se aumentó los esfuerzos de prevención, “el gobierno no cumple plenamente con los estándares mínimos” para la eliminación de este problema.

Una de las acciones consideradas positivas en este estudio, es la eliminación de la categoría de visa de alternadora, que era utilizada para tratar mujeres extranjeras para el comercio sexual en Panamá, la mayoría procedentes de Colombia.

En el informe se revela, que Panamá es un país de origen, tránsito y destino para mujeres y niños que son objeto de la trata para el propósito de explotación sexual comercial.

“Algunas mujeres panameñas son traficadas a Jamaica, Europa e Israel para la explotación sexual comercial, pero la mayoría de las víctimas son traficadas hacia y dentro del país para el comercio sexual de Panamá”, se explica en el informe.

Un punto preocupante que se plantea es lo que sostienen las agencias gubernamentales en cuanto a las niñas indígenas, que podrían ser traficadas por sus padres para la prostitución en la provincia de Darién.

“La mayoría de las víctimas extranjeras de la trata sexual son mujeres adultas provenientes de Colombia, República Dominicana y países centroamericanos vecinos; algunas víctimas inmigran voluntariamente a Panamá para trabajar, pero son posteriormente forzadas a ejercer la prostitución”, agrega el documento.

Las recomendaciones que se le hacen a Panamá, están encaminadas a enmendar las leyes contra la trata para que se prohíba el trabajo forzoso, incluidos la servidumbre doméstica involuntaria; intensificar los esfuerzos de la aplicación de la ley para investigar y enjuiciar los delitos de trata de personas, y condenar y sentenciar a los infractores, incluyendo cualquier funcionario público que sea cómplice.

También dedicar más recursos para los servicios a las víctimas, y desarrollar un sistema formal para identificar a las víctimas.