Aumenta el temor a la represión

Actualizado
  • 11/08/2011 02:00
Creado
  • 11/08/2011 02:00
PANAMÁ. Iglesias panameñas y organizaciones de la sociedad de civil se muestran preocupadas por la tendencia del gobierno que, en lugar ...

PANAMÁ. Iglesias panameñas y organizaciones de la sociedad de civil se muestran preocupadas por la tendencia del gobierno que, en lugar de resolver problemas inmediatos como la salud, educación, costo de la vida y seguridad, conduce al país hacia un Estado represivo.

La suma de acciones como la ley ‘carcelazo’, que establece penas de prisión para quienes cierren calles con violencia; el intento de imponer por la fuerza de las armas la derogada ‘ley chorizo’, la propuesta de la pena de muerte y la compra de nuevo armamento para la Policía Nacional son algunos de los factores que preocupan a la sociedad civil.

¿LEY DEL REVÓLVER?

La preocupación es tal que el obispo Pablo Morales, presidente del Comité Ecuménico, que reúne a todas las iglesias de Panamá, pregunta: ‘¿Se está llevando al país a lo que, en su momento, todos conocimos como la ley del revólver, sólo que ahora se usan armas modernas?’.

En abierta crítica, Morales advierte que ante ‘un gobierno que fracasa’ en resolver problemas como la educación, la salud, la seguridad y la intranquilidad de la sociedad, el gobierno responde con represión, como lo que se vivió en Colón a inicios de la semana, lo cual pone en riesgo cualquier sistema democrático, pues la gente empieza a preguntarse si realmente este es el mejor sistema para vivir en sociedad.

TEMOR CIUDADANO

El tono de preocupación se repite en la Alianza Ciudadana Pro Justicia, pero desde otro prisma. Magaly Castillo, directiva de la organización, dice que más que la posibilidad de un Estado represivo, hay que prestarle atención a la actitud pasiva e indiferente que muestra la población. Existe un temor a expresar libremente su pensamiento o qué es lo que sucede, se pregunta.

DEMOCRACIA EN RIESGO

En tanto, la preocupación de la Comisión de Justicia y Paz se centra en la ‘injustificada’ compra de armas y la ausencia de una política criminológica.

Maribel Jaén, directora de la comisión, dice que los partidos venden la lucha contra la delincuencia y una vez en el gobierno, la usan para justificar la adquisición de armas que al final sirven para reprimir a la gente. Lo peor es que al hacerlo, se olvidan de los derechos humanos, lamenta.

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