Testigos revelan maniobras para ocultar a dueños de Epasa

Testigos citados por la defensa dentro del juicio del caso New Business revelaron las maniobras que se usaron para ocultar el nombre de los verdaderos dueños de Editora Panamá América, S.A. (Epasa), donde el expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) mantiene el 60% de las acciones.

Greysy Rodríguez era secretaría de una firma de abogados, pero al mismo tiempo fungía como directora nominal de la empresa The Panamá América Holding Company Inc (TPAHC), que es tenedora del 100% de las acciones de Epasa.

La mujer aseguró que nunca asistió a ninguna reunión de la junta de accionistas de la empresa. Y que lo único que hizo fue firmar un acta de la junta de accionistas, que en algún momento presidió, para ser llevada al Registro Público. Por este servicio la secretaría recibía un cheque de $25 mensuales.

La escritura legal, que firmó la secretaría, llegó a su sitio de trabajo a manos del mensajero de la firma de abogados Chanis y Asociados, S.A. Esa persona resultó ser Dorians Ulloa, quien recibía órdenes de Desiré Castro, asistente legal de Ricardo Chanis, quien en el pasado fungió como director de Epasa.

El mensajero también firmó documentos en los que supuestamente se había dado una reunión de la junta directiva de TPAHC, pero, al igual que Rodríguez, nunca asistió a ninguna reunión de accionistas. En su declaración, el testigo reconoció que recibió un poder de Chanis para participar de la reunión de accionistas. Pero eso era cierto solo en “papel”, detalló.

Ulloa tenía múltiples roles. También fungió como pasante de la firma de Chanis. Estuvo encargado de protocolizar el acta de la reunión, que físicamente no se daba, y de llevarla al Registro Público para oficializarla. Antes de trabajar en la firma Chanis y Asociados, Ulloa estaba asignado al Ministerio de Gobierno ocupando la posición de seguridad y conductor de la institución, en 2010, mientras Martinelli era presidente.

Ambos testigos –Rodríguez y Ulloa– aseguraron desconocer las responsabilidades y pormenores que representaba su participación en las empresas.

Más temprano, en la mañana del jueves, se presentó como testigo de la defensa del expresidente, Osvaldo Borrel, vicepresidente senior de Global Bank. Era la persona que manejaba la relación del banco con Moisés Levi, dueño de la cuenta de la sociedad New Business que sirvió de canasta para recolectar $43,9 millones en menos de dos semanas para comprar el grupo editorial Epasa, en diciembre de 2010.

Borrel, a quien la jueza Baloisa Marquínez le llamó la atención por mirar a la defensa durante su comparecencia, explicó que al comité de análisis del banco le llamó la atención el volumen de depósitos que estaba recibiendo la cuenta New Business, que recibió diferentes transacciones de cuentas relacionadas con empresarios, contratistas estatales. Este fue el motivo para levantar un reporte de “actividad sospechosa”, que posteriormente fue elevado a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

Borrel explicó que la cuenta de New Business era offshore y que desconocía dónde había sido abierta.

En calidad de testigo también compareció Francisco Arias Vallarino, antiguo dueño de Epasa, y explicó que no tenía el diario en venta cuando recibió una oferta del empresario Henri Mizrachi, quien le dijo que con él vendrían otros. Eran Moisés Levi y Alberto Esquenazy.

En esta transacción –dijo Arias– se recibieron dos cheques: uno por $5 millones y otro por $33 millones.

No hubo ningún anuncio de venta de Epasa. Y mucho menos existió ninguna otra propuesta para vender la editorial, aclaró Francisco Arias Galindo, quien testimonió en el juicio por su trabajo como abogado de la familia Arias en la venta de Epasa.

Entre el miércoles y jueves –23 y 24 de mayo de 2023– 11 personas han atestiguado en el juicio. Otros 19, entre ellos dos testigos protegidos, han estado ausentes. Solo tres han presentado incapacidad.

La jornada de ayer –24 de mayo de 2023– del juicio del caso New Business se resume en la comparecencia de siete testigos de la defensa. Dieciocho testigos citados previamente estuvieron ausentes, entre ellos dos que estaban en calidad de protegidos. Tan solo tres de los ausentes presentó una excusa justificada. Alfredo Vallarino, defensa del expresidente, pidió la cooperación de la fiscalía para ubicar a los testigos protegidos y poder interrogarlos.

La ausencia de los testigos protegidos en el juicio fue objeto de discrepancias entre la fiscalía y los abogados defensores, quienes exigieron a la jueza la presencia de los testigos para evitar la suspensión de la audiencia hasta por 5 días.

El Ministerio Público, que está representado por la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada, que dirige Emeldo Márquez, dijo que la solicitud de la defensa no era más que una táctica dilatoria. Y evocó el artículo 2244 del Código Penal, que establece que el testigo debe concurrir a la diligencia y si no lo hiciera su testimonio tendrá el valor que le conceda la jueza de acuerdo con las reglas de la sana crítica.

El MP agregó que los defensores tenían la oportunidad de encarar a los testigos protegidos durante la instrucción del expediente, pero ninguno lo hizo.

La jueza Marquínez decidió que no había razones para suspender la audiencia porque no se había presentado una justificación de impedimento físico de los testigos para hacerlo.

El tercer día de juicio que se les sigue a 15 personas, entre ellas al expresidente Martinelli e importantes empresarios, contratistas estatales, por supuesto delito de blanqueo de capitales, concluyó a las 4:55 de la tarde del día de ayer.

El martes 23 de mayo de 2023 la fiscalía concluyó con sus cuatro testigos, entre ellos el empresario Gabriel Btesh, exmiembro del círculo cero del expresidente Martinelli, quien declaró cómo se adquirió el grupo editorial con fondos estatales.