Transparencia Internacional hace ‘llamado enérgico’ ante retroceso en transparencia de las contrataciones públicas

“En el pasado, la opacidad en la información de beneficiarios finales de los contratistas del Estado ha sido la vía para diversos esquemas de corrupción, hacemos un llamado enérgico a la ciudadanía ante el retroceso en la transparencia de las contrataciones públicas”.

Así reaccionó la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, que conforma el capítulo panameño de la organización Transparencia Internacional, ante la revelación de La Estrella de Panamá en su edición de este martes 26 de agosto con la noticia “Contrataciones Públicas restringe información de beneficiarios finales de personas jurídicas”.

La Decana publicó que la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) negó información sobre los beneficiarios finales de un acto público de esta administración, cuyo precio de referencia es de $14 millones.

Esta información anteriormente era pública, demostró el abogado y expresidente de la fundación, Carlos Barsallo, se encontraba en el expediente electrónico de Panamá Compra, amparado en la normativa vigente.

La ley de contrataciones públicas establece que las personas jurídicas que participen en procesos de selección cuya cuantía exceda los 500 mil dólares presentarán una declaración jurada donde se certifique el nombre de la persona natural que sea beneficiario final de, al menos, el 10% del capital accionario y emitido y en circulación.

Con base a esto y a la Ley de Transparencia o Ley 6 de 2002 se solicitó esta información que fue negada para todos los actos públicos, ya que según la DGCP se entregaba por una “mala práctica”.

“Mientras el mundo avanza hacia la desclasificación de información, Panamá retrocede en transparencia y acceso a la información. Los contratistas del Estado reciben dinero público y deben cumplir con los más altos estándares de publicidad y rendición de cuentas”, manifestó el capítulo panameño de Transparencia Internacional.

Para Barsallo, está imperando un criterio “restrictivo” mientras que Carlos Gasnell profesor de Derecho Administrativo y exasesor legal de la DGCP comentó que “el objetivo de la norma es saber quiénes son los verdaderos dueños de la sociedad y así verificar si las propuestas son del mismo grupo económico”, lo que ahora no será posible y tampoco lo valida la DGCP.