Tribunal Superior confirma secuestro contra La Prensa

Actualizado
  • 26/10/2020 00:00
Creado
  • 26/10/2020 00:00
Tres magistrados ratificaron la decisión de la jueza Lina Castro, quien ordenó el secuestro del rotativo por $1.3 millones, acción que ha sido calificada por el diario como un atentado a la libertad de expresión e información
Ernesto Pérez Balladares, expresidente de Panamá, 1994-1999.

El Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial confirmó el Auto del 22 de junio pasado dictado por el juzgado Decimoquinto de Circuito Civil dentro del secuestro solicitado por el expresidente Ernesto Pérez Balladares contra la Corporación La Prensa. La decisión fue colgada en edicto el pasado 21 de octubre con el propósito de notificar a los interesados.

El caso refiere al secuestro por $1.1 millones en bienes y valores (que con costas asciende a $2 millones aproximadamente) que interpuso el exmandatario Ernesto Pérez Balladares contra el diario La Prensa el pasado 20 de diciembre de 2019, a raíz de una demanda civil por daños y perjuicios presentada en 2012, en la que reclamó $5,5 millones al diario.

El rotativo apeló el secuestro ordenado por la jueza Lina Castro por un monto de $1.3 millones sobre los activos del diario, no obstante, el primer Tribunal integrado por los magistrados Miguel Espino, Nora Jovel de Espinal y Víctor Torres, confirmó la primera decisión.

La medida cautelar está encaminada a garantizar las acciones legales que emprendió el expresidente Ernesto Pérez Balladares por la difusión de información en una serie de artículos publicados el 21 y 22 de marzo de 2011 en las versiones impresa y digital de dicho medio.

A raíz de las notas periodísticas, el exmandatario solicitó la retractación al diario debido a la errónea interpretación de una prueba que se obtuvo del expediente. La versión de la defensa del exgobernatne es que antes de interponer la demanda, se hizo la petición pero sin éxito, manchando la honra de su representado.

El diario La Prensa advierte sobre una amenaza al ejercicio periodístico en el país.

Los abogados de Pérez Balladares establecieron que las notas periodísticas hicieron alusión directa y sin fundamento a que el exmandatario estaba involucrado en un caso de blanqueo de capitales que era investigado por la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada del Ministerio Público.

El diario, por su parte, ha calificado la acción como una sin precedentes, que pone en riesgo la libertad de expresión, de información y de prensa. "Un ataque directo a la libertad de prensa y derecho a la información que tienen todos los ciudadanos ya que reprime la continuidad operativa de la empresa", describió el diario en su cuenta de Twitter cuando fue secuestrado. De igual forma, denunciaron el hecho ante la Sociedad Interamericana de Periodistas (SIP) que en su último informe observó el incremento de acciones judiciales contra medios de comunicación, periodistas y generadores de opinión o influencers, como un mecanismo de intimidación para promover la autocensura.

Según conoció este diario, en el proceso ya se ha efectuado la práctica de pruebas entre las partes con la presencia de sus respectivos peritos, lo que debe dar paso a la decisión final de la jueza Castro.

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