Las cifras forman parte de las proyecciones de la cartera agropecuaria del Banco Nacional de Panamá, donde existen unos 5,400 productores activos. El banco...
- 21/12/2010 01:00
PANAMÁ. El Ministerio de Obras Públicas (MOP) logró ayer ‘estabilizar’ el terreno donde colapsó la losa de acceso al Puente Centenario a inicios del presente mes para evitar un daño mayor en los otros dos carriles. Y es que la magnitud del desastre amenazaba con extenderse hacia los otros dos paños, que actualmente son usados de manera controlada durante las llamadas horas pico.
La Estrella conoció ayer el contenido de un reporte técnico en el que los especialistas al servicio del MOP, tomando en cuenta la inestabilidad del terreno, recomendaron la construcción de un viaducto o túnel en reemplazo del tramo que se derrumbó.
Estos trabajos, conservadoramente hablando, le tomarían a la entidad unos seis meses de trabajo ininterrumpido, por lo que los inconvenientes de los viajeros hacia y desde el interior de la República seguirán, lo que extendería las acciones de control de tráfico por las rutas trazadas por la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre y la Dirección de Operaciones del Tránsito de la Policía Nacional y la sobrecarga en el Puente de las Américas, inaugurado en 1962 y con históricos problemas de mantenimiento desde que la Comisión del Canal de Panamá traspasó la responsabilidad al Estado, a finales de la década del 70.
Según se desprende de la información a la que se tuvo acceso, aún no se cuantifica el alcance de las pérdidas económicas por el desplome de la terracería del acceso Este, aunque la respuesta del gobierno en ese sentido está ‘controlada’ dentro del Estado de Emergencia Nacional que se declaró durante la segunda semana de diciembre, según el informe.
UNA DECISIÓN PERMANENTE
El gobierno mantiene en firme su interés por pasar a la Autoridad del Canal de Panamá el mantenimiento de ambos puentes. Así lo exteriorizó el ministro Federico José Suárez, sin entrar en detalles. La respuesta a una consulta a la entidad que administra el Canal es que prefieren esperar que se formalice esa propuesta. ‘Esta es una corporación madura con altos estándares de calidad y confiabilidad basados en valores y sustentados en sistemas de reclutamiento por méritos, sistema de compras transparentes, índice de desempeño (IDC) medibles a nivel individual pero con resultados corporativos y un estricto código de ética que se aplica y lleva a minimizar la corrupción’, apuntan.
En ese sentido, el ex ministro Benjamín Colamarco opina que el MOP no debe sustraerse del mantenimiento de vías tan importantes como estas. Recuerda que en el 2007 se creó en el MOP el Fondo de Mantenimiento Vial (FOMAVI) y la Unidad de Mantenimiento por Estándares (UME), estableciéndose los criterios de funcionamiento, la definición de la Red Vial Estratégica (RVE) y los manuales de mantenimiento por estándares, y en diciembre de 2008 se incorporaron oficialmente el Puente Centenario y sus accesos.
LOS PLATOS ROTOS
En Obras Públicas, por lo que se sabe, aún no varían su decisión de no entrar a deslindar responsabilidades hasta que se resuelva el problema. Se supo que la misión de ubicar la responsabilidad por los daños ocasionados se maneja, incluso, a nivel del propio Órgano Ejecutivo.
Según las fuentes consultadas en el gobierno, Constructora Urbana, S. A. (CUSA), la empresa responsable del diseño y construcción del acceso Este, ‘quiere sacar el cuerpo’ frente a lo que acontece.
Los cuchillos largos también apuntan hacia la empresa Omniconsult, S. A., encargada de la inspección independiente y responsable de ‘recibir una obra con evidentes desperfectos estructurales’.
Con ninguna de las dos empresas se logró una versión de sus representantes.
Eduardo Quiróz, también ex ministro de Obras Públicas, dice que las lecciones para la actual administración van a salir del resultado de los estudios. ‘Los gobiernos deben aprender que las obras son del pueblo y no de un gobierno de turno y que por eso siempre deben tener mantenimiento’. Recuerda que durante su gestión se realizó la ejecución del contrato y el cumplimiento por parte de la empresa, ‘y hasta agosto de 2004 así se reflejaba’, dijo el arnulfista.