¿Impunidad en las megaobras viales?

Una carretera urbana cuya ampliación costó más que haber construido una nueva. Una autopista que se hizo mal y por la que se cobró un tercio más de ‘lo que se debía'. Un juego de puentes con problemas y defasado. Y un viaducto con más sombras que las luces que destila de noche.

Ninguno de estos supuestos ha hecho parpadear al gobierno de Juan Carlos Varela, que 13 meses después de haber llegado al poder no ha puesto una sola letra de denuncia en el Ministerio Público sobre lo que los gremios expertos le han señalado hasta hastiar: sobrecostes y maraña de irregularidades entumecen las megaobras viales que se construyeron con Ricardo Martinelli al poder.

El hecho contrasta con el resto de los casos de corrupción que atestan a la justicia: unas quince causas se han promovido por supuestos robos al erario calculados inicialmente en $1,200 millones (aunque según la Fiscalía de Cuentas hasta el momento se han cifrado $130 millones).

Sólo por el PAN la mitad del Gabinete de ‘la locura' está preso, con casa por cárcel o sin poder tomar un avión al extranjero. Pero por obras públicas cero. Cero aunque, según la siquis de los políticos locales, han sido justamente este tipo de proyectos la principal fuente histórica de corrupción.

¿Por qué no ha habido denuncias sobre obras públicas? ¿Está interesado o no el gobierno en ello?

EL DINERO QUE SE PERDIÓ

El ministro de Obras Públicas (MOP) Ramón Arosemena es cauto. No es que no se haya hecho nada, dice.

El expediente ‘más avanzado' está relacionado con el ensanche de la autopista Arraiján-La Chorrera, sobre el cual la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Nacional hizo énfasis a principios de año: se hicieron cosas que no se pidieron, se omitieron otras importantes, y la calidad de los materiales es ‘cuestionable', insistía el diputado e ingeniero José Antonio Domínguez.

Según una verificación del Departamento de Fiscalización del MOP, por esa autovía (que terminó costando $159.9 millones) se pagaron entre $40 millones y $50 millones de más. Suficiente como para haber construido cinco escuelas modelos, de las más caras que levantó Martinelli.

Con el dato entre manos, el titular asegura que todavía no puede denunciar.

‘Esto está en la Contraloría. Nosotros terminamos nuestro proceso. Hay que esperar que ellos nos den sus resultados y comparemos si hay algún error nuestro', insiste Arosemena, aun cuando el Ministerio de Obras Públicas ha tenido que invertir en reparar lo nuevo.

—Si me preguntas si estoy contento con eso, no. Es como si hubieras comprado una ropa nueva y te dan una vieja. Si hay algo mal ellos deben corregirlo—, resbala.

Adelantándose en este caso, el abogado Francisco Zappi ha hecho lo que el gobierno no ha podido. En una denuncia la semana pasada ha pedido al Ministerio Público investigar las anomalías de esta obra.

‘Allí hay precios inflados (…) fue un contrato que se modificó varias veces', punzó.

La principal figura del entramado a vistas es el exministro Federico Suárez, un entusiasta empresario de la construcción que se ganó la licitación para ensanchar la autopista y la cedió a la constructora TCT (la cuarta más importante durante el gobierno Martinelli) poco antes de subir al poder.

DE VÍA TOCUMEN Y 'OTROS MALES'

Además del expediente Arraiján-La Chorrera, el MOP tiene sobre sus hombros aclarar qué hay detrás del ensanche de la vía Tocumen. Cada uno de sus kilómetros costaron $19.8 millones.

La entidad sostiene que todavía realizan su inspección. La Asamblea Nacional se dijo comprometida pero después sostuvo que no tenía recursos para ello. La intención se perdió. Saber o no qué tantas anomalías hubo ahí es una necesidad postergada.

Aunque la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA) ha estado clara. El especialista Gilberto Moncayo cuestionaba durante la puesta en marcha de la obra que la calidad del asfalto utilizado no justificaba su monto ($236 millones, más de dos veces lo que costó el puente Centenario). Tampoco, dijo, se entendía cómo pese al costo global la obra no incluía la reforma del puente de San Miguelito.

Fuera de la Vía Tocumen, las autoridades no han podido determinar si la relación costo-calidad que se estableció para los cuatro pasos elevados de la vía Brasil se ajustaba a la realidad. Costaron $398 millones, y dos años después presentan problemas en sus calzadas de rodadura y no resuelven el problema de tránsito de las zonas en donde se ubican.

‘Solo nos podemos apoyar en las garantías que tienen esas obras', insiste Arosemena. Esa misma figura ha utilizado en el caso de la Cinta Costera III, que rompe el récord de precio de proyectos viales en la ciudad capital ($784 millones).

El año pasado el gobierno pidió a la contratista Odebrecht cambiar parte del material de la vía, porque tenía ondulaciones. La empresa pagó por los trabajos, por estar la obra en garantía. La firma también trabaja el tramo más importante del ensanche a cuatro carriles de la vía Santiago-David (71 kilómetros a $4.8 millones en promedio, cada uno).

Paralelamente, el gobierno dice no haber encontrado errores ni sospechas en las obras de la vía Divisa-Chitré.

EL PAÍS QUE EMPIEZA CADA CINCO AÑOS

Investigar o no los velos de irregularidades en las obras viales del último lustro es una cuestión de tiempo. El presidente Juan Carlos Varela ha dado a sus ministros hasta finales de año para presentar las denuncias. Si no, materia versada.

‘Es necesario acabar con esto para deslindar responsabilidades', ha pedido el diputado Domínguez, coordinador de la auditoría que dio luces de las irregularidades en la vía Arraiján-La Chorrera, el primer escándalo en obras públicas.

Previendo la complejidad de investigar este tipo de casos, la Comisión Vial de la SPIA ha pedido a la justicia tenerla en cuenta. El vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz, sostiene que no investigar no es una opción. ‘Aquí surge la necesidad de aclarar cosas'.

Pero el MOP dice que no puede ‘ir hacia atrás'. ‘No puedo simplemente buscar culpables, tengo que ver qué opciones tengo, de acuerdo al contrato —sigue Arosemena—. Pero echar atrás, no'.

==========

MORATORIA A LA CORRUPCIÓN

‘No hay plazo para presentar estas denuncias'

El presidente Juan Carlos Varela ha pedido a sus ministros presentar cualquier sospecha de corrupción en el gobierno pasado antes de que acabe el año. La solicitud cae sobre todas las entidades, aunque sobre el MOP todavía más. Ese ente no ha dado aviso alguno al Ministerio Público sobre las extrañezas que ha hallado.

Pero el ultimátum presidencial no es un problema, cree que el vicepresidente del Colegio de Abogados, Juan Carlos Araúz. ‘Ante este tipo de delitos (corrupción) la prescripción no es asunto que ahogue. No hay plazo', insiste.

A su juicio, lo más preocupante es que la justicia no tenga la capacidad técnica de afrontar expedientes como esos.

El gobierno de Varela prometió en campaña introducir una reforma al Código Penal para hacer que los delitos por corrupción no prescriban. La moción no fue discutida por el Gabinete en su primer año y por tanto no fue presentada al Legislativo. Tampoco figura en la lista de prioridades del segundo año.

==========

LOS MILLONES

La autopista Arraiján-La Chorrera y Vía Tocumen centran el debate

$160 millones costó el ensanche de la autopista Arraiján-La Chorrera, ejecutada durante la administración de Ricardo Martinelli. Tuvo cuatro adendas; la última costó $7.3 millones.

$50 millones de sobrecostos ha estimado la Asamblea Nacional y el MOP en el proyecto.

$237 millones costó el proyecto de ensanche de la vía Tocumen, entregado al consorcio ICA-MECO. ICA, además recibió con Martinelli $450 millones por el Corredor Sur.

$19.8 millones por kilómetro es el promedio de la obra. Es la media más cara de todo el país.