Mag. María Fernanda Castro: 'La labor jurisdiccional es tal vez la más ingrata de todas'

La justicia de América Latina está plagada de calificativos que le restan credibilidad, lenta, politizada, corrupta, que ha puesto en jaque al servicio público. Recientemente se celebró en Panamá la Cumbre Judicial de Iberoamérica que reunió a magistrados de la región, mediante la cual se intercambian buenas prácticas de cada país. La magistrada María Fernanda Castro, de la Corte Suprema de Honduras, conversó con “El Polígrafo” sobre los retos de la justicia en su país. Hay situaciones similares en cuanto al barómetro que mide la percepción de la justicia que socava las democracias. La poca credibilidad en el sistema resulta un desafío mayor para la justicia de los países latinoamericanos, principalmente. En la vecina Honduras se impulsó la digitalización y control de los expedientes –en tiempo– en cada despacho para intentar ofrecer un mejor servicio al usuario. A esto se suman las amenazas de grupos criminales que han obligado al sistema a proporcionar 'un alto nivel de protección' a los jueces en cuestión. La magistrada fue elegida por el Congreso de su país luego, dice, de un proceso minucioso en el que se tiene en cuenta si el aspirante contrajo deudas, antecedentes penales, y son sometidos a pruebas de polígrafo para intentar garantizar su integridad en el ejercicio.

Yo creo que Honduras, como el resto de los países de Latinoamérica en general, tiene la justicia como un valor sensitivo en las decisiones que tomamos como ciudadanos. Podría decir que no somos muy distintos en relación con la percepción de justicia, también está moldeada por los acontecimientos de la actualidad, sobre todo por aquellos que trascienden mediáticamente. De ahí que existen entidades de los poderes judiciales de la región y nos reunimos para analizar los desafíos a enfrentar, si son comunes y cómo se enfrentan en diferentes países. Tal vez eso no trasciende mediáticamente, de ahí que la percepción de la ciudadanía es más que todo con casos relevantes y no necesariamente viendo los esfuerzos que desde la institución se realizan para dar un mejor servicio.

Lo que ocurre es que finalmente quienes nos eligen son ellos, pero nosotros pasamos por un proceso de selección realmente detallado. Hasta polígrafo nos hacen, para que te des cuenta de lo minucioso que es. Ocurre que cuando llega el día, por lo general un año antes de que la Corte sea elegida, se nombra una junta nominadora que está conformada por siete entidades que representan la comunidad de Honduras: el Colegio de Abogados; la CSJ; el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos; la empresa privada; los trabajadores y la sociedad civil organizada. Estas entidades tienen un titular y un suplente que tiene posibilidades de proponer una cierta cantidad de personas para el cargo, pero además lo abren a otras postulaciones.

Entonces empiezan a investigar el currículum, de ahí hacen entrevistas quienes pasan determinados estándares de experiencia y conocimiento, sigue a pruebas de confianza, polígrafo, pruebas psicológicas, es una tortura. Pero, además, piden información financiera del candidato, si debe o no, si tiene alguna diligencia en el Ministerio Público. En mi caso se postularon 200 personas, eso significa que había 140 propuestas por estas entidades y 60 que se autopostularon, eligen a la mejor evaluada. A la hora de la hora esos 45 candidatos que manda la junta nominadora, los limita a los congresistas a elegir dentro de esos 45 y cuando llegan al Congreso uno llega por méritos.

Pero el asunto es que yo fui juez toda mi vida, desde que me gradué del colegio pasé casi por todos los cargos, desde el más sencillo hasta el más alto, fui asistente de magistrados en muchas salas. Realmente es merecedor que esté ahí y actuamos con independencia. Yo recuerdo cuando tomamos posesión como jueces del tribunal de sentencia, que era una reforma al proceso acusatorio en Honduras. Dije en mi discurso que la labor jurisdiccional es tal vez la más ingrata de todas, lo repetiría ahora. Esto es así porque si alguien se interpone en el camino tienes que olvidarlo de inmediato, y si sientes que eso te afecta tienes que apartarte del conocimiento.

Sí. Nosotros tenemos tribunales especializados en las ramas en donde más peligrosidad hay para los jueces y estos tienen un alto nivel de protección. Hay jueces de crimen organizado, hay jueces de extinción, y esos jueces están sumamente protegidos.

Yo creo que como países debemos de alguna manera estar atentos de lo que ocurre en nuestros países vecinos, sin embargo, las decisiones que tomen otros países como jueces tenemos una limitación muy grande para hablar sobre ello. Si la decisión hubiese sido tomada por mi persona, te estaría aclarando cuáles son los puntos que fundamentan la decisión, pero si es de otra entidad creo que no es correcto que me pronuncie al respecto.

Tenemos una estructura bastante sólida sobre todo al tratamiento de altos funcionarios que tienen un procedimiento especial señalado por la ley. En las últimas décadas hemos enfrentado que la ciudadanía, si tiene algo que decir, es que ha habido muchas modificaciones de leyes que no competen al poder judicial por sí mismo, sino al Congreso Nacional y que tal vez esas reformas reflejan un cambio en las disposiciones legales anteriores que la ciudadanía puede o no estar de acuerdo.

En la legislación hay normas que indican que deben seguirse procedimientos diferentes. En el poder judicial nos enfocamos en la promesa que se rinde para ejercer una función jurisdiccional para cumplir con la Constitución.

En el último año por la pandemia es difícil, pero en los últimos cinco años hay muchos funcionarios cuyas causas han sido judicializadas. Recordemos que en el poder judicial de Honduras el Ministerio Público es una entidad autónoma y de ello depende que inicien o no la acción. Una vez iniciados se sigue el procedimiento tal y como dice la ley.

Llevan sus procesos, algunos han sido juzgados, otros están en espera de resoluciones, y ahí vamos. Eso es algo que vemos muy cercano en el tiempo.

Por mi función no es correcto que señale ninguno, pero sí hay diputados, personas a cargo de municipalidades, direcciones o instituciones públicas de alta trascendencia.

Honduras tiene divididas las funciones por sala. En mi caso soy coordinadora de la Sala laboral Contencioso Administrativo y nosotros estamos prácticamente al día. Resolvemos casos que iniciaron el mismo año en la sala. Recordemos que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) lo que ve es materia de casación, somos el último recurso disponible. Además, estoy a cargo de la Unidad de Gestión de Calidad de la que me gustaría hablarle porque hace una gran diferencia en cuanto a la percepción de la ciudadanía y el usuario del poder judicial en cuanto al tratamiento que estamos obligados a dar.

En esa Unidad de Gestión de Calidad, la sala en la que estoy a cargo, está rehabilitada en cuestión de calidad por tres ocasiones y trabajamos con base en objetivos, pero también tenemos sistematizado el ingreso y trabajamos esos objetivos que se ven reflejados en los indicadores de la sala. Tomamos en cuenta al usuario para que brinde sugerencias del trabajo que realizamos. Eso es parte de lo que se desarrolla en la Cumbre Judicial Iberoamericana.

Realmente en este periodo de esta CSJ hemos avanzado mucho. Tenemos una Unidad de Gestión de Calidad que acredita a los despachos judiciales y algunas dependencias administrativas o en proceso de acreditación.

Esto significa que toda la información se sistematiza, van a un juzgado o una sala que está inserta en la gestión de calidad y la información la proveen de inmediato. Pueden decir cuándo entró un expediente en mi oficina, cuánto tiempo tiene el magistrado para leerlo y cuándo saldrá de mi oficina, por ejemplo. Te puede decir también en qué sesión de sala se fallará en el caso, porque hay términos que están establecidos en la ley, pero hay términos dentro de los despachos que no están establecidos en la ley. Nosotros sí los tenemos identificados y vamos reduciéndolos. La ciudadanía hace esto muy seguidamente. Nos han enviado notas al pleno para responder cuántos expedientes entraron en tal año, cuántas sentencias se dieron y cuántas nos faltan por dictar. Esa información la podemos hacer de manera automática porque tenemos sistematizado todo y los indicadores nos arrojan un porcentaje de cumplimiento de lo que hemos hecho. Dentro de los despachos hay jerarquías, pero a final de cuentas tenemos al usuario que tiene sus necesidades y tratamos de solventarlas. Sabemos que es un trabajo en desarrollo, hay mucho por hacer, pero es programático.

Realmente la deben solicitar porque no tenemos un sistema en el que se pueda ver hasta que pase determinado periodo, porque al final de año sí tenemos una unidad de estadísticas y centro de información que lo digitaliza periódicamente.

Te diré que hay varios sistemas. Si están insertos en el procedimiento de gestión de calidad, nosotros tenemos al menos tres procedimientos de auditoría. El primero es una revisión interna en el que vemos cuáles han sido los objetivos que nos planteamos periódicamente dentro de la sala a cumplir, por lo general debemos cumplir con el plan estratégico, pero también a eliminar el rezago. Somos conscientes de que todos los sistemas tenemos rezago y dar una respuesta en períodos más breves. En eso hay que pensar que vamos a ser usuarios del sistema algún día. Eso, por un lado, vemos qué hacer para que las cosas que no hemos alcanzado las podamos hacer. Luego hay una fase de revisión externa que la realiza otro despacho que también está inserto en el sistema de gestión de calidad. Esas personas evalúan nuestro trabajo, cómo hemos cumplido los objetivos, qué hemos hecho, qué dicen los indicadores con respecto a ello, porque todo tiene que estar documentado. Entonces ellos nos dan un porcentaje de cumplimiento.

Por lo general siempre tenemos que mejorar en algo y empezamos a trabajar en los detonantes. Y luego, nosotros tenemos una alianza con el poder judicial de Costa Rica y ellos son nuestros finales auditores externos. Ellos nos indican al final del día el aval de acreditación o reacreditación del despacho.

La cumbre se realiza cada dos años en la que renovamos a los miembros de las comisiones permanentes y todos los poderes judiciales estamos con la mejor disposición de aportar con nuestras buenas prácticas las experiencias que tenemos en nuestros países e intercambiar experiencias para mejorar.

Creo que desde ya lo hemos incluido desde hace muchos años, uno de los grandes aportes ha sido el tener una estructura en materia de calidad para la justicia. Hemos trabajado mucho en ello. Una de las conclusiones a las que llegamos era sugerir a la Cumbre Judicial que haga un observatorio de calidad para la justicia, porque en ella se concentran las buenas prácticas y podemos acudir cuando hay algo que no encontramos la manera de sacarlo adelante.