‘Hay un plan de desmantelamiento del sector agropecuario en Panamá’

La reciente crisis con los productores de leche, coloca sobre la mesa un hecho alarmante: el sector productivo agoniza en Panamá. La ganadería y el cultivo se han convertido en una lucha diaria para quienes insisten en sostener una actividad esencial, pero marginada históricamente por el Estado. Nelson Cedeño, productor y miembro de la Asociación Nacional de Ganaderos (Anagan) y presidente de Ganaderos al Rescate, cuestiona si existe una intención deliberada para debilitar la producción nacional en favor de importaciones desproporcionadas, comprometiendo así la soberanía alimentaria. “Sembramos a ruego: ruego para que llueva, para cosechar, para que nos compren y vuelves a rogar, para que paguen a tiempo. Somos un sector clave que generar empleo y proteger la comida de la gente”. En este polígrafo para La Estrella de Panamá, Cedeño desgrana las complicidades internas, la desidia institucional y las fallas estructurales que ahogan al sector destinado a alimentar a la nación.

Estamos en crisis, prácticamente en cuidados intensivos. En 1995, cuando empieza la implementación de los tratados de libre comercio (TLC), había 6,500 productores de leche grado C, hoy solamente quedan 1,700 (...) [En Panamá] consumimos 400 millones de litros anuales, producimos 150 millones, casi 300 millones de litros se importan

Se está importando leche en polvo, sucedáneos, pero la ponen en la estantería de igual a igual con el producto nacional, que sí es leche pura.

Hay un plan de desmantelamiento del sector agropecuario. Hace 35 años existía la Empresa Nacional de Maquinaria, institución pública encargada de impulsar programas de mecanización agrícola. Cerró Coagro, que daba insumos técnicos e importaba agroquímicos. Todas esas empresas fueron se fueron eliminando poco a poco. Luego vinieron los TLC que golpearon más al sector, tenemos insuficientes programas de semillas. Ahora estamos en una crisis en que se plantea el cierre del Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA), que esperamos no ocurra.

No es bueno. Entiendo que, por ahora, no cerrará. El gerente del Banco Nacional, Javier Carrizo, nos dijo que no iba a cerrar ni fusionarse, que habrá ajustes, pero que seguirá funcionando bajo otro nombre pero con las mismas políticas. Con el BDA ocurre que los productores grandes, y algunos que no eran tan productores, recibieron empréstitos entre 3 y 7 millones de dólares que acumularon una deuda de más de 400 millones de dólares, algo impagable. Ahora, los micros, pequeños y medianos, tenemos que sufrir las consecuencias de ese despilfarro. Somos los que mejor pagamos y a tiempo, pagamos bien porque dependemos de ello. Si yo tengo mi finca, mi casa, el patrimonio de tres generaciones hipotecado con el banco, yo voy a hacer hasta lo imposible para quedar bien y no perder todo mi patrimonio. Nuestra vida es producir comida. Estamos dispuestos a producir comida 24/7, pero que se nos dé el valor y el respaldo.

La leche grado C está costando 48 centavos de dólares el litro y la grado A está por los 65 centavos. Si multiplicas eso por los millones que procesa la industria al día durante todo el año, podemos tener una idea de cuánto genera el sector. El asunto es que algunos pretenden, bajo los tratados de libre comercio, importar con cero aranceles generando competencia desleal. Si tomamos de ejemplo a EE.UU. su gobierno dio más de $10 mil millones en apoyo a su agro, tiene políticas de subsidio o compensación a sus productores. ¿Cómo se permite que esa leche entre aquí con cero arancel prácticamente? Los productores nacionales, generamos el 14% de la empleomanía del país y estamos cerca de 150 mil y 200 mil empleos. No podemos permitir importaciones desmedidas con productos sucedáneos.

Los dos eslabones más débiles de la cadena, el productor y el consumidor, somos los más afectados. Los eslabones del centro se llevan la mayor ganancia. Les vendemos barato y ellos lo venden caro a los consumidores. Se han confabulado entre las diferentes empresas que desarrollan una misma actividad y se ponen de acuerdo en un precio, no hay una real competencia. Hay productos que oscilan entre 150% y 200% de utilidad, por eso propusimos en la Mesa de Penonomé [2022] un tope a las utilidades de algunos productos. No es control de precios, ni copiar sistemas comunistas o socialistas, es aplicar medidas como en Estados Unidos o Europa.

Así es, ocurre también con la importación de insumos agrícolas, pesticidas y fertilizantes. Todo eso eleva los costos de producción, pero no es el único problema. En 2018, cuando hubo el bajón de producción de carne, los importadores, que ni siquiera tenían cuarto frío, desde sus oficinas en calle 50, mandaron contenedores de carne que estaba “dumpeada” [importación subsidiada por debajo del precio de producción] en sus países de origen. Con un solo contenedor ganaban 55 mil dólares, cuando un productor gana eso en todo un año de producción. Es una gran distorsión donde no hay libre mercado, los precios los disparan en el transporte, distribución y comercialización. Eso debe corregirse.

No es satanizarlos, es que el supermercado pone en el anaquel productos de leche junto a otros que no vienen de una glándula mamaria, de una vaca. Es decir, estos sucedáneos son a base de vegetales, grasas y a veces productos sintéticos con apenas un 5 % de leche, que no tienen los componentes nutritivos de lácteos reales. Se vende como si fueran productos similares, cuando no lo son, además con precios mucho más bajos que aquellos producidos con leche de verdad.

Se pactó un acuerdo que dejó en indefensión al agro nacional. Va a haber cero arancel en 2026 para la leche, pollo, cerdo, carne, maíz y arroz (...) cuando se negocian este tipo de acuerdos y sobre todo con Estados Unidos, quienes están en la mesa de negociación son miembros del CONEP [Consejo Nacional de la Empresa Privada] y la Cámara de Comercio, no los productores, que ni siquiera estaban en el cuarto de al lado negociando. Nos usaron como moneda de cambio a los productores. El problema no es el tratado mismo, sino cómo y quiénes lo negociaron. Es una amenaza grave para la soberanía alimentaria.

¿Cómo podemos comparar la eficiencia del productor nacional con la de Estados Unidos u otros países? Si acá tenemos problemas de financiamiento, un Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) que no cumple su rol de apoyar y orientar técnicamente al productor. Tenemos una cantera de profesionales muy bien formados en el MIDA, todos ellos en oficina, sin carro para movilizarse, ni combustibles. Aparte, no están al servicio del micro, pequeño y mediano productor. Mientras sus productores tienen alta tecnología, financiamiento a tiempo, precios justos e incentivos. No tenemos política de soberanía alimentaria y la confunden con seguridad alimentaria.

Lo primero es dejar claro que son muy distintos. La seguridad alimentaria implica que el Estado garantice alimentos a la población a cómo dé lugar, aunque sea importar todo de China, Brasil o Estados Unidos. En cambio, con soberanía alimentaria, hablamos de que el país produzca para la gente y se consuma nacional. Solo se importa cuando hace falta. El problema es que en Panamá se ponen los bueyes delante de la carreta, importamos primero y luego, si hay chance, le dan un espacio a la producción nacional.

Sí, te pongo un ejemplo. En Panamá consumimos 12 millones de quintales de maíz, pero solo producimos localmente 1.8 millones. ¿Cómo se justifica que al momento que, pese a que esa producción no llega al 1.5% de lo que consumimos, no haya espacio para que le compren?, ¿Por qué? Porque los silos del IMA (Instituto de Mercadeo Agropecuario) están llenos. ¿Por qué están llenos?, pues porque metiste dos o tres barcos con importaciones un mes antes de iniciar la cosecha de maíz; lo mismo sucede con el arroz. Eso obliga a llevar el arroz a un molino donde quedan varios días, perdiendo su pureza y su valor hasta un 40%.

Debe haber seguridades en los contratos para el sector agropecuario, con acuerdos a largo plazo sobre el volumen y precios que se van a comprar. El año pasado, con el maíz, hubo gente que tuvo que entregar el maíz primero, lo tenía en el patio o en el portal, a expensas de que se le mojara, sin saber siquiera a qué precio se lo iban a pagar. Entonces, cuando llegó el momento de venderlo, este debía pagarse en que un maíz que usted debió vender entre $18 y $20 dólares, lo terminaron vendiendo en $13. Eso no es justo. La soberanía alimentaria implica seguridad de mercado a través de acuerdos previos, tener precios justos y con pago a tiempo.