Acusan de peculado a al menos 33 exfuncionarios

H asta el momento, se han presentado ante el Ministerio Público 38 querellas penales contra al menos 21 instituciones. La mayoría son por supuesto delito de peculado e incumplimiento de los deberes de servidor público a todos los niveles.

Por lo que se lee en las querellas, el denominador común es el desvío de fondos públicos para favorecer intereses personales o políticos de quienes, hasta ahora, han sido detectados en esta práctica.

Algunas denuncias se iniciaron de oficio en el Ministerio Público tras publicaciones en los medios de comunicación o acusaciones anónimas. El resto han sido presentadas por los relevos en las instituciones, quienes, a través de auditorías, han identificado faltantes o el supuesto uso indebido de la plata.

El Programa de Ayuda Nacional (PAN) es una de las instituciones en que los dineros sirvieron a políticos antes que a sus verdaderos fines.

Se calcula que $1,200 millones fueron desviados en detrimento de los nobles fines de estos recursos.

Curioso resulta que, a través de los años, la institución ha sufrido metamorfosis en el nombre: FES, FIS, PAN. No obstante, estos cambios no contemplaron controles financieros ni administrativos de los bienes, como tampoco en la compra de insumos para las causas de la institución.

Como consecuencia, sin necesidad de acudir a una licitación pública, sus directivos disponen de los fondos públicos a discreción de las peticiones, generalmente con fines proselitistas, antes que a la esencia para la que fue creada la institución.

Una de las promesas de campaña que arrastró la victoria del ahora presidente Juan Carlos Varela fue la transparencia. Habló de un futuro sin sobrecostos, honesto y de rendición de cuentas.

Después, a sus primeros 100 días de mandato, Varela dijo que el país sería testigo de más investigaciones que alcanzarían a figuras de alto perfil.

El mandatario giró instrucciones precisas a sus ministros y directores de entidades para que pusieran en blanco y negro los hechos irregulares encontrados y los hicieran llegar al Ministerio Público.

Las citadas denuncias conforman un nuevo reto para el sistema judicial del país y ponen a prueba su capacidad de investigar, recabar pruebas contundentes y lograr la certeza del castigo.