Ley 59 ordena multa y suspender salario por no divulgar bienes

Ya han pasado los diez días que la Constitución Política otorga a los funcionarios para presentar ante notario público su declaración de bienes patrimoniales.

Ahora lo que corresponde a la Contraloría de la República, a cargo de Gioconda Tores de Bianchini, es hacer un inventario de los que lo hicieron y cumplieron con los requisitos legales y constitucionales, así como de los que ignoraron esta norma.

A los que incumplieron, la Contraloría debe ordenar la retención del salario, así lo establece la Ley 59 de diciembre de 1999, que reglamenta la norma constitucional. Así lo plantean excontralores y abogados penalistas consultados por La Estrella de Panamá .

A la fecha, solo se conoce que el presidente de la República, Juan Carlos Varela; la vicepresidenta, Isabel de St Malo; el presidente de la Asamblea Nacional, Adolfo Valederrama; y el ministro de Gobierno, Milton Henríquez, han hecho pública su declaración de bienes.

LOS OBLIGADOS

Los funcionarios antes mencionados no son los únicos que deben hacer pública su declaración de bienes al entrar al gobierno. La Constitución Política y la Ley 59 ordenan que ‘... los directores generales, gerentes o jefes de entidades autónomas, los directores nacionales y provinciales de los servicios de Policía, empleados o funcionarios públicos de manejo conforme al Código Fiscal’, también deben hacerlo.

Carlos Gasnell, de Transparencia Internacional, reclama que no solo debe ser al inicio y al final, también deben hacerlo al intermedio de su periodo o cada dos años.

En tal sentido, presentaron una iniciativa legislativa ante la oficina de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional.

REACCIONES

Rogelio Cruz, exprocurador de la Nación, está claro en que si a la fecha hay funcionarios que no han hecho su declaración de bienes, lo que toca es ‘ retener el salario’ de cada uno de ellos.

Agrega el abogado que la declaración jurada por medio de una escritura pública debe ser presentada por el funcionario y ya el plazo venció.

A pesar de estar firme en su planteamiento, considera que la contralora no se va a atrever a retener el salario de los funcionarios, porque la cuestionarían por el poco trabajo en los cinco años y la poca fiscalización.

En tanto, el excontralor Alvin Weeden coincidió en que la Ley 59 es clara y habla de que al que no cumpla, hay que retenerle su salario y eso es lo que deben hacer.

Los que no cumplen, no solo violan la ley, también la Constitución, y deben atenerse a las consecuencias, afirmó el excontralor.

En tanto, Gasnell, de Transparencia Internacional, planteó que ‘la Ley 59 hay que reformarla, debe de aplicarse a todos para los que tienen bienes e ingresos que proteger’. A la vez, debe dejarse claro y sin lugar a dudas la obligatoriedad de hacerla pública para que los funcionarios no puedan evadir esa responsabilidad.