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Crece rechazo a memorándum con EEUU; dirigentes políticos denuncian lesión contra la soberanía

- 01/05/2025 01:57
Con un documento titulado “Unidad Nacional y Defensa de la Soberanía”, varios dirigentes de oposición expresaron su rechazo al memorándum de entendimiento con Estados Unidos por considerarlo lesivo a la soberanía y contrario a la Constitución.
Se trata de una iniciativa de sectores que se definen como opositores al gobierno de José Raúl Mulino y que han confluido en seis puntos ante las amenazas del gobierno del presidente Donald Trump a Panamá.
Un acuerdo que tiene lugar cuando se cumple el noveno día de paro nacional docente y huelga de los trabajadores de la construcción, que también se declaran oposición e igualmente rechazan el memorándum.
El documento, que fue firmado por dirigentes de partidos políticos, independientes y figuras de la sociedad civil, plantea seis demandas al Ejecutivo, entre las cuales se encuentra: pedir al Gobierno dar marcha atrás al memorándum, exigir que cualquier acuerdo vinculado al Canal que modifique o transgreda el régimen de neutralidad pase por la Asamblea Nacional y un referéndum, como lo establece el artículo 325 de la carta magna.
Igualmente, el documento llama a la población a construir un frente ante las amenazas y apela al uso de la diplomacia, el multilateralismo y espacios en los organismos internacionales para recabar apoyo a la causa panameña. También hace un llamado a todas las “fuerzas vivas del país” a defender la integridad territorial y constituir una “unidad patriótica” ante la coyuntura.
Quiénes firmaron
El documento fue leído por el abogado Alonso Illueca, acompañado del presidente del Movimiento Otro Camino (MOCA) Ricardo Lombana, y el expresidente de la República Martín Torrijos, quienes compartieron la mesa principal con los líderes de la coalición Vamos Juan Diego Vázquez y Gabriel Silva; el actual vicealcalde de Panamá, Roberto Ruiz Díaz; la exprocuradora de la Nación Ana Matilde Gómez, y la exvicealcaldesa de la capital Raysa Banfield, entre otros.
También estuvo presente y suscribió el documento el diputado Crispiano Adames, miembro del Partido Revolucionario Democrático, siendo el único parlamentario activo que asistió. Por el Partido Panameñista firmó su vicepresidente, Guillermo Bermúdez.
¿Nuevo bloque opositor?
La Estrella de Panamá conversó con algunos de los asistentes, quienes coincidieron mayormente en la “unidad” de las distintas fuerzas políticas del país que adversan el memorándum.
Juan Diego Vázquez, presidente de Vamos, ponderó que, pese a las diferencias políticas entre los firmantes, se trata de “un llamado a la unidad”, cuestionando a Mulino y su gobierno “que insulta y reprime a quienes no piensa igual que ellos”.
En cuando al rechazo a la Ley 462 que reforma la Caja de Seguro Social y la posible apertura de la mina en Donoso, dos reclamos que mantiene movilizadas a las organizaciones populares y que no forman parte de la declaración, Vázquez indicó que estos deben ser escuchados. “Esa ley de la CSS debe ser ampliamente revisada”, sostuvo.
Por su parte, el líder de MOCA, Ricardo Lombana, cuestionó las posturas del gobierno sobre quienes han criticado sus políticas. “Tratar a los ciudadanos que están en desacuerdo con desprecio, ser ofensivo e insultar las voces disidentes [... con eso] el mismo presidente se está encargando de levantar a la ciudadanía”, declaró el dirigente.
Lombana adelantó que el documento está abierto a que otros sectores se adhieran. “Cuando se trata de defender a nuestra nación [...] sí podemos ponernos de acuerdo”, subrayó.
En tanto que Martín Torrijos recordó la importancia del recorrido histórico del país en el tema de la recuperación del Canal y que lo firmado por Mulino representa un retroceso. “La mejor defensa que tiene Panamá y el Canal es su neutralidad, que se viola con estos acuerdos”, dijo.
Este medio conoció que esta declaración y la confluencia de estos sectores se estuvo desarrollando durante las últimas tres semanas, en las que se acordaron puntos mínimos sobre la cuestión de la soberanía.
Además, fuentes confirmaron que se habría extendido invitación a otros partidos y grupos independientes, pero que no confirmaron por temor a “afectar” sus relaciones personales y empresariales con Estados Unidos.
Desde diciembre pasado, la Casa Blanca mantiene una campaña abierta sobre una supuesta “injerencia china” en la administración del Canal y los puertos, sumado a presiones de varios altos funcionarios que han reiterado lo dicho por el presidente estadounidense Donald Trump de retomar la vía interoceánica, sin descartar la vía militar.
Los primeros documentos, como el Acuerdo Lima-Levitsky (1990) o el Convenio Linares- Baker III (1990), durante el gobierno de Guillermo Endara, estaban vinculados al argumento de la lucha contra el narcotráfico. Durante el gobierno en Ernesto Pérez Balladares se firmaron otros acuerdos de “cooperación”, que incluían cooperación de materia de transporte y uso de aeronaves, también contra el narco. Con el gobierno de Mireya Moscoso hubo por lo menos diez acuerdos, entre los más polémicos, el Canje de Notas de 2001, que establecía una coordinación con agencias de seguridad de Estados Unidos en aguas internacionales. Mientras que con Martín Torrijos hubo varios acuerdos, entre ellos el Entendimiento Mezquita-Stephenson de 2009, sobre fondos de cooperación antinarcóticos para la formación e intercambio de información. Durante las gestiones de Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela también hubo acercamientos en programas de formación policial, en tanto que bajo Laurentino Cortizo se acordó el establecimiento del Comando Regional del Atlántico (CROAN) en 2020, para el “combate” al crimen transnacional con “asesores” estadounidenses.