Panamá, ¿Estado nacional débil y régimen presidencialista fuerte?

La escasa capacidad analítica de nuestras élites políticas las ha llevado muchas veces a confundir la esfera del Estado con las del régimen político. También es cierto que lo que predomina en nuestro país son las visiones juridicistas, tanto del Estado como de la institucionalidad política que ampara al denominado ‘Estado de derecho’, siempre acompañada de una fraseología ampulosa, sobrecargada de adjetivos.

Desde esta perspectiva ¿basta que la Constitución Política de la República establezca la separación de poderes, para que renglón seguido se asuma esa realidad literaria como una realidad fáctica?

En realidad, la perspectiva jurídica es la menos útil para estudiar los procesos de democratización de nuestras sociedades. Sencillamente porque siendo una perspectiva basada en codificaciones no siempre da cuenta de los ámbitos y de los procesos donde la institucionalización política hace posible que el ámbito del deber ser se convierta en el mundo materializado de las relaciones institucionales de poder.

En un medio sociopolítico como el nuestro, preñado de rituales y de simulaciones, es común observar la preeminencia de concepciones legalistas del Estado, cuyos enfoques y prácticas no van más allá de una visión formalista de la realidad. Es aquí donde las diversas tradiciones sociológicas y politológicas enriquecen los análisis del estado, tanto por lo que aportan al estudio de los componentes burocrático-organizativos, como también de los ideológicos.

EL ESTADO

Se le debe al sociólogo alemán Max Weber una de las definiciones más aceptadas de Estado. Weber lo entendía como aquella particular institución dotada de un componente burocrático administrativo de alcance nacional territorial y en posesión del monopolio legítimo de la violencia. Pese a estos elementos relativamente invariantes, lo cierto es que el Estado es una entidad históricamente situada, en permanente proceso de edificación.

Reconocer el carácter histórico del Estado Nacional en Panamá conlleva entender que la llamada ‘forma estado’ que articula políticamente población y territorio, ha tenido y tiene como dorsal un complejo burocrático y un soporte jurídico-legal que co-constituyen y regulan una complejidad de relaciones sociales, especialmente la relación capital-trabajo. Que en este corto tiempo de era republicana, el Estado ha sido el referente de la nación y por tanto el centro de la identidad colectiva (‘el nosotros’ los panameños y panameñas) que sirvió de soporte en la luchas nacionalistas contra el entreguismo de algunos sectores sociales del país; y configura también, la ‘bisagra’ que modula las relaciones que se establecen entre el ‘interior’ de su territorio y el contexto regional e internacional. (O’Donnell).

No obstante, no siempre esta relación social que llamamos Estado se ha erigido en el valladar contra el racismo y baluarte de la defensa de la diversidad étnica cultural; y mucho menos en el inquebrantable protector del derecho a la libre organización social y laboral. El Estado panameño históricamente no siempre ha permanecido a la altura en su papel de orientador en la resolución pacífica de las contradicciones sociales y políticas; como tampoco, ser la barrera contra la especulación y la defensa del patrimonio nacional —especialmente las finanzas públicas y medio ambiente—, frente a la codicia de los depredadores de siempre. Ha sido tendencialmente instrumento político de poderosos intereses económicos.

EL RÉGIMEN PRESIDENCIALISTA

Al régimen se le reconoce su papel de mediación o vínculo entre el Estado y la sociedad. Tiene un estatuto distinto y por tanto se constituye en un dispositivo que regula la relación entre el ‘poder concentrado’ y la sociedad civil. El régimen lo configura ese conjunto de pautas que establecen la forma mediante la cual se tiene acceso al gobierno; define a su vez, el perfil de los actores que están habilitados para acceder a ese conjunto de recursos institucionales, y establece las prácticas y competencias para obtenerlos. Como interesa establecer el régimen presidencialista caracterizado por su extrema injerencia pública, en el contexto de un sistema democrático de elecciones ‘competitivas e institucionalizadas’, es de vital importancia en esta argumentación el papel de las instituciones. (O’Donnell).

LA INSTITUCIONALIDAD

La gran debilidad del Estado panameño y del sistema de relaciones que lo desarrolla, son las instituciones y con él, todo el orden político jurídico que el andamiaje supraestructural encierra. En realidad, aun cuando sostengamos que el Estado es en última instancia una relación social, esta relación que se codifica por medio de una Constitución que configura el marco del ‘contrato social’ que preserva derechos y deberes entre diversos colectivos e individuos, no necesariamente conlleva siempre instituciones orientadas por pautas de mandato y permanencia.

Desde esta perspectiva, el soporte de esta estructura codificada de poder (La Constitución) es el entramado institucional del Estado. Sin embargo, la convivencia democrática se hace difícil ante instituciones que simulan acciones de intervención o independencia y no se organizan por consiguiente, en torno a valores de ‘imposición y estabilidad’. Más difícil si estamos ante instituciones que no se consolidan en el tiempo como eficaces y estables, producto de reglas hechas al calor de la coyuntura que no trascienden el momento, por insostenibles.

Por supuesto que estos escenarios tienen que contextualizarse históricamente, en la medida que proyectos institucionales bien intencionados muchas veces carecen de poder para hacerlos obligatorios a todos los ciudadanos. También, es la propia debilidad institucional y/o la de sus funcionarios la que no les permite enfrentar a quienes detentan el poder económico, siendo muchas veces objetos de coacción e intimidación en el espacio público. Es común observar también procesos de mercantilización que someten las instituciones del Estado a los valores de mercado, desnaturalizando sus funciones de bien común y colocándolas prácticamente en los circuitos comerciales privados orientados por el lucro y la ganancia.

Con todo, está documentado que regímenes democráticos que coexisten con realidades socio-económicas caracterizadas por fuertes desigualdades y exclusiones, son propensos a que sus instituciones no cumplan los propósitos para los cuales fueron creadas. Estos son contextos propicios para la manipulación política y soportes de los excesos de quienes detentan el poder.

LA SEPARACIÓN DE PODERES

El Artículo 2 del Título I sobre el ‘Estado Panameño’ de la Constitución Política de la República establece la separación de poderes. Sin embargo, la percepción que se tiene sobre este tema es que tal separación no existe. Percibir es ‘evaluar en diferentes escalas el mundo’. Esta evaluación no se da desde la perspectiva del individuo aislado, se da desde un aprendizaje cultural que supone una interacción con el entorno, en enlace con un flujo de información constante, cuyo soporte cotidiano es esa ‘red’ de relaciones cognoscitivas que llamamos intersubjetividad y que solidifica en el tiempo una comunidad de pensamiento.

Desde esta perspectiva, es importante el tipo de información que se obtiene, la manera mediante la cual se obtiene y una modalidad de procesamiento que está siempre de cara al entorno cultural al que se pertenece. Sectores sociales diversos o comunidades de interés distintos establecerán percepciones disímiles. Sin embargo, pese a la diversidad de intereses sociales, la percepción sobre la separación de poderes es la misma, esta no existe.

Al final, frente a esta falta de coherencia y debilidad del Estado panameño, el régimen presidencialista se ha posicionado en el espacio público como la expresión fuerte de un conjunto de intereses particulares frente al interés general.