Diputadas presentan informe de minoría y cuestionan cambios en la reforma electoral

La reforma al Código Electoral suma un nuevo capítulo de confrontación en la Asamblea Nacional. Las diputadas de libre postulación Alexandra Brenes y Walkiria Chandler presentaron un informe de minoría contra el proyecto de ley 699 y cuestionaron varios de los cambios aprobados en primer debate por la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales.

El documento sostiene que nueve aspectos del proyecto podrían vulnerar disposiciones constitucionales y afectar derechos políticos, la igualdad del voto, las candidaturas por libre postulación, el financiamiento electoral y las facultades de las instituciones electorales.

Las diputadas, que votaron en contra del proyecto en la comisión, también presentaron un texto alternativo para su discusión en segundo debate.

Durante su intervención ante el pleno, Brenes calificó el proyecto, en los términos aprobados por la Comisión de Gobierno, como un “grave atentado” contra la democracia electoral panameña.

Uno de sus principales cuestionamientos se concentra en la posibilidad de que una misma persona conserve dos cargos de elección popular de manera simultánea, mediante una licencia sin sueldo en uno de ellos.

La diputada sostuvo que esa disposición contradice la Constitución y cuestionó que una persona pueda ejercer dos cargos de elección popular al mismo tiempo.

“Viola la igualdad de sufragio”, afirmó Brenes, quien también cuestionó las modificaciones relacionadas con las firmas de adherentes y las candidaturas por libre postulación.

Según la diputada, el proyecto establece condiciones desventajosas para quienes aspiran a cargos mediante la libre postulación frente a las condiciones que mantienen los partidos políticos.

Brenes también señaló que la propuesta reduce las facultades de la Fiscalía Electoral y del Tribunal Electoral.

“Nosotras hemos presentado nuestro informe de minoría con nuestro voto en contra, pero principalmente con su debido fundamento constitucional”, sostuvo.

Los señalamientos forman parte de los argumentos desarrollados en el informe presentado por Brenes y Chandler.

Chandler centró parte de su intervención en el financiamiento público de la política.

La diputada cuestionó que el proyecto eleve el monto destinado al financiamiento electoral mientras persisten, según dijo, problemas de recursos en hospitales, universidades y escuelas públicas.

Según Chandler, a finales de la década de 1990 el financiamiento público electoral rondaba los $15 millones, mientras que con el esquema previsto en el proyecto de Ley 699 el monto podría llegar a aproximadamente $158 millones.

La diputada sostuvo que el padrón electoral creció en una proporción mucho menor durante ese periodo y afirmó que el financiamiento aumentaría de manera considerable frente al crecimiento del electorado.

Chandler dijo que, junto con Brenes, propuso reducir el monto previsto de aproximadamente $158 millones a unos $80 millones, pero que esa modificación no recibió respaldo en la Comisión de Gobierno.

La diputada también cuestionó la posibilidad de que una misma persona pueda mantener simultáneamente dos cargos de elección popular bajo determinadas condiciones.

“Esas son las cosas de las cuales nosotras votamos en contra y con lo que no podemos estar a favor”, manifestó.

Chandler defendió además la libre postulación y sostuvo que existe una población mayoritaria que no está afiliada a partidos políticos.

“Defender la democracia es pensar en todos los panameños”, afirmó.

El diputado Luis Eduardo Camacho, miembro de la Comisión de Gobierno, reaccionó a la presentación del informe y señaló que Brenes y Chandler tienen derecho a defender su posición ante el pleno de la Asamblea Nacional.

Camacho destacó que el informe de minoría debe seguir el procedimiento correspondiente y llegar al pleno para su discusión.

“Ya fueron derrotadas en la Comisión de Gobierno. Ahora ellas tienen la oportunidad en el pleno de tratar de convencer al resto de los diputados”, expresó.

El diputado sostuvo que el pleno puede decidir si acoge el informe de minoría o mantiene el informe de mayoría.

Camacho también cuestionó las posiciones que plantean devolver el proyecto a primer debate.

A su juicio, el proyecto ya cumplió esa etapa y corresponde al pleno discutirlo, modificarlo o decidir sobre su contenido.

“Yo no le tengo miedo al debate. Yo me preparo para eso”, afirmó.

El diputado también rechazó que se utilice como argumento la falta de discusión en la comisión y sostuvo que los diputados pueden promover modificaciones durante el debate en el pleno.

“Cuando uno tiene una posición, la defiende y la sustenta”, manifestó.

Camacho evitó pronunciarse sobre la constitucionalidad de las disposiciones cuestionadas y señaló que esa discusión corresponde a las instancias competentes.

Los nueve puntos cuestionados

El Informe de Minoría identifica nueve aspectos del Proyecto de Ley 699 que, según las diputadas, pueden entrar en conflicto con la Constitución o con normas internacionales.

Entre ellos figura el aumento de los requisitos para constituir partidos políticos y respaldar candidaturas por libre postulación.

El informe cuestiona además la eliminación de la posibilidad de contabilizar las firmas de los iniciadores de un partido como adherentes, así como la disposición que establece que el presidente del partido sea su representante legal.

También plantea objeciones al aumento de los topes de financiamiento privado, a las condiciones para las candidaturas por libre postulación y al mecanismo de asignación de curules por residuo.

El documento cuestiona además la posibilidad de que un funcionario electo para dos cargos conserve ambos bajo determinadas condiciones y plantea reparos a los plazos de prescripción de la acción penal electoral y de las contravenciones.

Finalmente, las diputadas cuestionan la reducción de multas y otras modificaciones que, según su interpretación, pueden afectar las facultades fiscalizadoras y sancionadoras del Tribunal Electoral.