Entre pactos, pugnas y vetos: la agenda que la Asamblea dejó para 2027

Con el Presupuesto General del Estado para 2027 aprobado en medio de denuncias de “matraqueo” y señalamientos de “pactos” entre diputados y el Ejecutivo, la Asamblea Nacional cerró la primera legislatura del tercer periodo anual de sesiones ordinarias con una agenda que dejó proyectos clave sin resolver, entre ellos las reformas electorales y los cambios al reglamento interno, ambos atrapados por las pugnas políticas.

La reforma al Código Electoral, de cara a las elecciones generales de 2029, contenida en el proyecto de ley 699, se convirtió en uno de los principales focos de confrontación de una legislatura que arrancó el pasado 1 de junio con la elección de Shirley Castañedas, de Realizando Metas (RM), como presidenta del Legislativo.

Las diferencias se profundizaron después de que la Comisión de Gobierno, presidida por Benicio Robinson, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), incorporara 46 modificaciones a una propuesta original de 168 artículos, varias de ellas impulsadas junto al oficialismo. Los cambios encendieron las alertas del Tribunal Electoral (TE), partidos políticos y organizaciones civiles, que cuestionaron disposiciones relacionadas con el aumento de los topes al financiamiento privado, el endurecimiento de los requisitos para constituir nuevos partidos y las restricciones a la participación de candidatos por libre postulación.

El TE advirtió que algunas modificaciones representaban un retroceso para el sistema electoral. Entretanto, la bancada independiente Vamos impulsó el retorno del proyecto a primer debate mediante un informe de minoría que advertía sobre posibles restricciones a derechos políticos y principios constitucionales.

La discusión también abrió otro frente de tensión dentro del PRD. Robinson planteó que la representación legal de los partidos recayera en sus presidentes y no en otras figuras, como ocurre en su colectivo, donde esa función está en manos del secretario general. La propuesta fue interpretada dentro y fuera del partido como un intento de desplazar a Balbina Herrera, líder en el colectivo y actual secretaria general, lo que generó rechazo entre sectores perredistas y terminó enfriándose mientras buscan una posición de consenso.

A las diferencias se sumaron los cuestionamientos del Partido Panameñista, la oposición de las bancadas Vamos y Seguimos y las dificultades para reunir los 36 votos necesarios en el pleno. El escenario terminó de complicarse cuando diputados de RM expresaron su preferencia por posponer la discusión hasta el próximo año, dejando al descubierto las diferencias incluso dentro del oficialismo.

El otro pendiente es la reforma al Reglamento Orgánico del Régimen Interno (RORI), una iniciativa para actualizar un documento que no se revisa desde 2010, pero que terminó convertida en otro escenario de confrontación estéril.

Lo que inicialmente contemplaba cambios sobre transparencia en las planillas, controles al ausentismo, nepotismo y eliminación de privilegios, con propuestas de distintas bancadas, terminó incluyendo disposiciones polémicas, como mantener la laxitud sobre las ausencias de los diputados en las sesiones del pleno, para evitar que los parlamentarios cobren pese a casi no asistir a sus curules.

Igualmente, se incluyeron otras disposiciones aún más escandalosas, que buscan otorgar a los diputados facultades para gestionar y fiscalizar obras comunitarias, así como garantizar una inversión mínima en el presupuesto estatal para proyectos en esas áreas, lo que generó críticas por ser visto como una forma de institucionalizar las dinámicas clientelares de los diputados. Las críticas no se limitaron a la Asamblea. La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana advirtió que algunas disposiciones desnaturalizaban las funciones constitucionales de los diputados.

Pese a las críticas, el proyecto fue aprobado en tercer debate el 11 de agosto y vetado por el presidente José Raúl Mulino, quien lo devolvió al Legislativo el 18 de septiembre, tras objetar nueve artículos por razones de inexequibilidad e inconveniencia. Entre sus principales reparos señaló que contabilizar las giras en los circuitos como asistencia podía justificar ausencias al pleno; que la gestión de obras invadía competencias del Ejecutivo y los municipios; y que garantizar partidas presupuestarias para los circuitos comprometía facultades propias del Ejecutivo. Otros reparos apuntaron a la juramentación de suplentes por presidentes de comisiones y a la duplicidad de funciones entre las comisiones que fueron modificadas.

El 21 de octubre, la Comisión de Gobierno, presidida por Robinson, volvió a examinar la iniciativa y recomendó acoger las objeciones de inexequibilidad a los artículos 3, 4, 5 y 21. Sin embargo, en el caso de la gestión comunitaria, mantuvo la posibilidad de que los diputados canalicen solicitudes ante las autoridades competentes, aunque eliminó la inversión mínima garantizada en el presupuesto. El resto de las objeciones por inconveniencia quedó pendiente de análisis en la Comisión de Credenciales.

La posibilidad de que los diputados insistan en mantener los artículos objetados tampoco está descartada. De ocurrir, la Constitución establece que se requiere el respaldo de dos tercios de los miembros de la Asamblea para que el expediente pase a la Corte Suprema de Justicia, que tendría la última palabra sobre su constitucionalidad.

La agenda legislativa también arrastró un amplio paquete de proyectos relacionados con educación, institucionalidad, economía y desarrollo social. Hasta septiembre, el pleno mantenía pendientes de segundo debate unos 166 proyectos de ley, algunos presentados desde julio de 2024. Entre ellos figuran propuestas para hacer obligatoria la educación media, transparentar las gestiones de los altos funcionarios públicos, crear el Instituto Nacional de la Mujer y establecer el Sistema Nacional de Integración Logística, Marítima y Portuaria. También esperan discusión reformas a la Ley General de Adopciones, a la legislación educativa para regular la comercialización de textos escolares, uniformes y útiles, así como cambios al régimen de responsabilidad penal para adolescentes.

La lista incluye, además, iniciativas para crear tribunales administrativos y nuevos juzgados de tránsito, establecer escuelas nocturnas para adultos en cada corregimiento y regular el uso de teléfonos celulares en los centros educativos.

En el ámbito social y ambiental figuran propuestas sobre esterilización en el sistema de salud pública y la implementación de máquinas recicladoras con reembolso en el Metro de Panamá. A esto se suman iniciativas culturales para reconocer festivales folclóricos y declarar manifestaciones tradicionales como patrimonio cultural inmaterial.

La Asamblea cerrará este periodo con una agenda que deja interrogantes sobre su productividad. El 2027 no solo supondrá el reto de desempolvar proyectos pendientes, sino que también transcurrirá en un ambiente político en el que el tono preelectoral comenzará a ganar espacio en los debates, en medio de los procesos de renovación de dirigencias y elecciones internas que celebrarán varios partidos políticos. En ese escenario, la discusión legislativa podría quedar atravesada por los intereses y las disputas partidarias, profundizando sus ineficiencias, duramente criticadas desde fuera.