Consultas al proyecto de reformas constitucionales entran en la recta final

La Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional inicia, a partir de hoy, el periodo de consultas correspondientes a la ciudad de Panamá referentes al proyecto de reformas constitucionales que impulsa el Órgano Ejecutivo y que fue avalado por el Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo.

Tras casi dos meses de giras por las diversas provincias y comarcas del país, la Comisión de Gobierno se reunirá desde hoy hasta el viernes 11 de octubre en el Auditorio Carlos Alvarado desde las 9:00 a.m., entrando en la recta final de estas consultas.

Ayer, Rafael Zúñiga, Director Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Panamá, se reunió con el presidente de la Comisión de Gobierno, el diputado Leandro Ávila, a quien le entregó el documento preparado por este sector, que contiene propuestas de reformas a la Constitución para que sean consideradas en el proceso de consulta ciudadana que realiza la Asamblea.

Zúñiga manifestó que ya que concluyó la gira por diferentes sectores del interior del país, para escuchar las sugerencias del pueblo panameño, con respecto a las consultas para modificar la Carta Magna, los representantes de la Cámara de Comercio quieren ser parte de las reuniones que se llevarán a cabo en la ciudad capital y explicar los aspectos contenidos en su propuesta.

Expresó que el documento abarca aspectos como la institucionalidad del país, empezando por el Órgano Judicial, que es la columna angular de todo Estado de Derecho, igualmente, se debe incluir el Órgano Legislativo y la evaluación de las gestiones establecidas por el Ejecutivo.

Con relación a la función judicial de la Asamblea la propuesta de la CCIAP establece que el Legislativo conocería las acusaciones o denuncias contra el presidente de la República y los magistrados de la CSJ, y juzgarlos. Pero, para efectos de la investigación, el Ministerio Público sería el encargado.

El documento propone que la Corte conozca las acusaciones y denuncias que se presenten contra diputados y juzgarlos, pero el MP estaría a cargo de la investigación.

La propuesta además modifica los requisitos para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, incrementándose la edad mínima de 35 a 45 años.

Enrique de Obarrio, miembro de la Concertación Nacional, instancia conformada por 23 sectores del país, indicó que independientemente de que la CCIAP haya avalado el proyecto de reformas constitucionales aprobado por la Concertación, en esta fase de consultas tienen, al igual que cualquier otro sector, la libertad de exponer y sustentar sus propuestas.

“El hecho de que algunos sectores consignaron algún discenso en algunas de las propuestas, eso no impedía que se aprobara el acuerdo concertado. Si había más de tres discensos en un artículo, ya se consideraba que no había consensos, pero las cuarenta propuestas que están en el proyecto formaron parte del acuerdo consensuado”, agregó.

De Obarrio expresó que espera que en esta última fase de consultas los participantes hagan propuestas complementarias, nuevas mociones o validen el proyecto de la Concertación.

“El proyecto no está escrito en piedra, lo que se quiere es aprovechar el momento histórico para que al final cuando ese documento llegue al referéndum en la segunda mitad del otro año, realmente podamos ofrecerle a la ciudadanía lo que vaya en los mejores intereses del país en todas las áreas”, sostuvo De Obarrio.

El diputado Ávila reiteró el procedimiento que se seguirá una vez culminen las consultas el 11 de octubre próximo.

Detalló que a la Comisión de Gobierno solo le corresponderá emitir y remitir al Pleno legislativo un informe del proyecto de reformas luego de realizadas las consultas ciudadanas en todo el país.

Además, el acto constitucional deberá ser aprobado en dos legislaturas subsecuentes por mayoría absoluta de la Asamblea Nacional, en tres debates en la primera legislatura que termina este mes y otros tres debates en la legislatura que se inicia en enero de 2020.

Según el mecanismo aprobado, a través de una resolución, una vez aprobado el acto constitucional en su tercer debate de la segunda legislatura, la Asamblea, mediante resolución, señalará la fecha en que el mismo será sometido a consulta popular mediante referéndum.