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Trump autoriza a empresas de Estados Unidos a vender petróleo venezolano en todo el mundo
- 15/09/2026 16:51
Washington permitirá operaciones directas junto con PDVSA, mientras retendrá ingresos dirigidos hacia entidades sancionadas mediante cuentas fiscales sometidas a supervisión federal
La Administración del presidente Donald Trump amplió significativamente la participación de compañías estadounidenses en la industria energética de Venezuela, al permitirles negociar directamente con Petróleos de Venezuela (PDVSA) y comercializar crudo venezolano incluso fuera de Estados Unidos.
La decisión fue formalizada mediante la Licencia General 52C, emitida el 14 de septiembre de 2026 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro. El documento sustituye completamente la Licencia General 52B, aprobada el 27 de agosto de 2026.
El nuevo esquema no elimina las sanciones impuestas a PDVSA. En cambio, transforma su funcionamiento: las empresas estadounidenses podrán hacer negocios con la petrolera estatal, pero deberán cumplir condiciones contractuales, financieras y de información determinadas por Washington.
La apertura incluye la extracción, exportación, reexportación, venta, almacenamiento, transporte y comercialización de petróleo y productos petroquímicos venezolanos. También permite suministrar diluyentes, tecnología, bienes y servicios, firmar nuevos contratos de inversión y constituir empresas conjuntas vinculadas con los sectores de petróleo, gas y petroquímica.
Compañías podrán vender el crudo a terceros países
La autorización beneficia a entidades constituidas bajo las leyes de Estados Unidos antes del 29 de enero de 2025.
Estas compañías podrán realizar transacciones con PDVSA, así como con empresas en las que la petrolera venezolana posea directa o indirectamente una participación igual o superior al 50%.
También quedaron autorizadas las operaciones con el Gobierno de Venezuela que sean necesarias para ejecutar los negocios permitidos por la licencia.
La medida no limita las ventas al mercado estadounidense. Las compañías podrán colocar petróleo y productos petroquímicos venezolanos en otros países, aunque estarán sometidas a estrictos requisitos de información.
Después de efectuar la primera operación internacional, deberán presentar un reporte ante los departamentos de Estado y Energía dentro de un plazo de 10 días.
Los informes posteriores tendrán que entregarse cada 90 días mientras continúen las operaciones e incluirán:
Las empresas y personas involucradas
Los productos comercializados
Las cantidades y el valor de cada transacción
Las fechas de las operaciones
El país de destino final
Los impuestos, tasas y otros desembolsos entregados al Gobierno venezolano
Estados Unidos custodiará parte del dinero
Aunque la licencia abre el mercado a compañías estadounidenses, Washington conservará el control sobre los recursos destinados a personas o entidades bloqueadas.
Los pagos dirigidos a sujetos sancionados deberán ser depositados en los denominados Foreign Government Deposit Funds, salvo aquellos relacionados con impuestos locales, permisos y determinadas tasas.
El Departamento del Tesoro también podrá ordenar que los fondos sean colocados en otras cuentas designadas por las autoridades estadounidenses.
Estos mecanismos fueron creados mediante una orden ejecutiva firmada por Trump el 9 de enero de 2026. Jurídicamente, el dinero permanece como propiedad del Gobierno de Venezuela, pero queda retenido bajo custodia de Estados Unidos.
Los recursos no pueden retirarse, transferirse o utilizarse libremente. El secretario de Estado determinará qué desembolsos pueden realizarse para fines públicos, gubernamentales o diplomáticos, mientras el Tesoro estadounidense ejecutará esas instrucciones.
En la práctica, Venezuela conserva la titularidad formal de los ingresos, pero Washington decide cuándo y para qué pueden liberarse.
Persisten dudas sobre la transparencia
El nuevo modelo deja interrogantes sobre la vigilancia y utilización final del dinero generado por las operaciones petroleras.
La orden ejecutiva establece quién custodia los recursos y quién puede autorizar su desembolso, pero no describe públicamente un procedimiento detallado para aprobar cada pago.
Tampoco establece un sistema independiente de auditoría externa que permita rastrear completamente el destino de los fondos.
El Departamento del Tesoro, en coordinación con el secretario de Estado, está facultado para presentar informes periódicos y finales al Congreso de Estados Unidos. Sin embargo, los documentos disponibles no explican el nivel de información que será divulgado públicamente sobre cada transacción.
Rusia, China, Irán, Cuba y Corea del Norte quedan excluidos
La apertura petrolera tiene límites geopolíticos claramente definidos.
La Licencia General 52C prohíbe operaciones con personas o compañías ubicadas o constituidas en:
Rusia
Irán
Corea del Norte
Cuba
También excluye a las empresas controladas por personas o entidades de esos países, así como a las sociedades conjuntas establecidas con ellas.
En el caso de China, la licencia impide que empresas constituidas en Venezuela o Estados Unidos se beneficien de la autorización cuando sean propiedad, estén controladas o mantengan una asociación empresarial con personas o compañías chinas.
Las restricciones muestran que la decisión petrolera forma parte de una estrategia más amplia de seguridad nacional, mediante la cual Washington busca reducir la influencia de China, Rusia e Irán sobre los recursos energéticos venezolanos.
La propia OFAC sostiene que las licencias recientes pretenden facilitar el regreso y la reinversión de compañías estadounidenses en Venezuela, en concordancia con los objetivos estratégicos de Estados Unidos en el hemisferio.
El acuerdo relacionado con Alejandro Betancourt
La ampliación de la licencia se produce después de que la Administración Trump respaldara una operación vinculada con North American Blue Energy Partners (Nabep), compañía controlada por el empresario venezolano Alejandro Betancourt.
Según las cifras divulgadas sobre el acuerdo, la operación abarca activos asociados con aproximadamente 65,000 millones de barriles de reservas probadas.
El Gobierno estadounidense obtendría una participación del 35% en la expansión de la compañía sin aportar directamente capital público. Además, tendría derecho a adquirir al costo de producción el 20% del petróleo generado y prioridad para comprar el volumen restante.
La Casa Blanca presentó esa operación como parte de un plan para atraer inversiones privadas, reconstruir la deteriorada industria venezolana y desplazar a competidores geopolíticos que durante años ocuparon espacios estratégicos dentro del sector.
La nueva licencia crea ahora un marco más amplio para que otras compañías estadounidenses puedan incorporarse directamente al negocio de PDVSA.
Las sanciones y restricciones que continúan vigentes
La apertura no autoriza cualquier tipo de transacción.
La Licencia General 52C mantiene las restricciones relacionadas con bonos y determinadas deudas emitidas por el Gobierno de Venezuela, PDVSA y sus subsidiarias.
También permanecen prohibidas:
Las operaciones para utilizar participaciones estatales en PDVSA como garantía
Los pagos en oro
Los canjes de deuda
Los pagos efectuados mediante el petroleo u otras monedas digitales emitidas por el Gobierno venezolano
Las operaciones con embarcaciones bloqueadas
El desbloqueo automático de propiedades congeladas
La ejecución de sentencias o laudos que pretendan transferir activos sancionados.
La autorización tampoco puede utilizarse para modificar la administración o el gobierno corporativo de PDV Holding, Citgo Holding o CITGO Petroleum Corporation.
Con esta nueva política, Estados Unidos deja atrás un modelo orientado principalmente a cerrar los mercados internacionales al crudo venezolano. Ahora permite que el petróleo vuelva a circular y que empresas estadounidenses participen directamente, mientras conserva la capacidad de vigilar las operaciones, excluir a sus rivales y controlar el acceso a una parte de los ingresos.
¿Qué permite la Licencia General 52C de Estados Unidos para vender petróleo de Venezuela?
Autoriza a compañías estadounidenses a operar con PDVSA y comercializar crudo internacionalmente, mientras Washington custodia los pagos vinculados con entidades sancionadas.
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