Fondo de retiro para magistrados divide opiniones

Un fuerte debate se ha desatado tras la aprobación del Acuerdo No. 407 por parte del pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que establece un fondo especial de retiro para magistrados y jueces, con vigencia desde el 1 de enero de 2025, pero que fue aprobado en 2024 y publicado oficialmente en la Gaceta Oficial apenas este viernes 8 de agosto.

La norma crea un fondo que garantiza a los magistrados el 100% de su último salario, y a jueces de tribunales inferiores porcentajes menores (60% para magistrados de tribunales superiores, 50% para jueces de circuito y 40% para jueces municipales), sumados a las pensiones que les otorga la Caja de Seguro Social (CSS). La diferencia entre el pago de la CSS y el monto total sería cubierta por el Órgano Judicial.

La CSJ justifica la medida señalando que para mantener la independencia judicial es indispensable que los jueces “reciban una remuneración suficiente, irreductible y acorde con la importancia de la función que desempeñan”.

Además, el fondo se mantiene vigente para los magistrados aun cuando se venza su periodo constitucional o se retiren por cualquier motivo antes de alcanzar la jubilación.

El acuerdo ha encontrado una fuerte resistencia entre juristas, políticos y miembros de la sociedad civil, que advierten una posible violación a la Constitución y una creación de privilegios injustificados.

El abogado y diputado Ernesto Cedeño fue enfático al señalar que “es abiertamente inconstitucional”.

Cedeño explicó que el artículo 163, numeral 3, de la Carta Magna establece que todo lo relacionado con jubilaciones debe regularse por ley y prohíbe a los diputados avalar pagos para esos fines a través de otro mecanismo. En su opinión, el acuerdo de la Corte suplanta la función legislativa, al crear un beneficio que debería discutirse y aprobarse en la Asamblea Nacional.

“No le es dable a los diputados avalar un centavo para una jubilación especial de esta magnitud. Eso tiene que ser por ley. Que presenten la ley para que se debata en la Asamblea. Pero como está presentado en este acuerdo, no procede”, afirmó Cedeño.

El abogado Alfonso Fraguela, en su cuenta de X (antiguo Twitter), calificó la medida como un “privilegio” y recordó que el retiro voluntario, en el pasado, era un mecanismo para reducir planillas estatales, donde la posición del funcionario desaparecía, cosa que no ocurre con este fondo, pues los cargos de magistrados y jueces no desaparecen y deben ser cubiertos nuevamente.

Por su parte, el constitucionalista Miguel Antonio Bernal también se pronunció a través de X, utilizando una serie de calificativos para describir el fondo de retiro: “Insólito, Injustificado, Inmoral, Impuesto, Indebido, Improsulto, Irresponsable, Impresentable, Inconstitucional, Impopular... Y ahora le toca a usted añadirle algo a la jubilación de los 9!!”.

Juan Diego Vásquez, exdiputado y líder de la coalición Vamos, manifestó que aunque respeta la labor de los jueces y magistrados honestos, la creación de este fondo no resulta viable dadas las condiciones financieras actuales del país.

“Profundizar la desigualdad creando beneficios especiales en las pensiones de algunos panameños sobre otros no es dable en la situación financiera nacional actual”, afirmó Vásquez en su cuenta de X.

El acuerdo establece que la Caja de Seguro Social pagará hasta el límite que la ley permite y que el Órgano Judicial debe asumir la diferencia para completar el 100% del último salario de los magistrados.

El beneficio se mantendrá incluso si el magistrado finaliza su período constitucional sin haber alcanzado la edad de jubilación o si se retira voluntariamente por cualquier causa.

Este fondo también incluye a jueces de tribunales superiores, jueces de circuito y jueces municipales, que recibirán porcentajes proporcionales adicionales a sus pensiones de la CSS.