Orden ejecutiva de Trump bloquea embargos y juicios contra fondos venezolanos bajo custodia estadounidense

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió este 9 de enero una orden ejecutiva mediante la cual declaró una emergencia nacional para impedir el embargo o cualquier proceso judicial contra los fondos del Gobierno de Venezuela que se encuentran bajo custodia de Estados Unidos.

En el documento, el mandatario argumenta que cualquier intento de embargo o acción judicial sobre estos recursos representaría una amenaza para la seguridad nacional y la política exterior estadounidense.

Según la orden, dichas acciones podrían interferir con los esfuerzos de Washington para promover la estabilidad económica y política en Venezuela y afectar objetivos de política exterior, como la reducción de la migración irregular, el combate al narcotráfico y la contención de actores que Estados Unidos considera hostiles, como Irán y Hezbolá.

La orden define como “Fondos de depósito de gobiernos extranjeros” a los recursos mantenidos por el Departamento del Tesoro en nombre del Gobierno de Venezuela, sus agencias o empresas estatales, incluidos el Banco Central de Venezuela y Petróleos de Venezuela.

Esos fondos provienen, entre otros conceptos, de la venta de recursos naturales y de diluyentes al Estado venezolano.

El decreto presidencial prohíbe cualquier embargo, sentencia, gravamen o proceso judicial contra estos fondos y establece que tales acciones serán consideradas nulas.

Asimismo, restringe la transferencia, pago o uso de los recursos, salvo que exista autorización expresa mediante regulaciones, licencias u órdenes emitidas conforme a la propia orden ejecutiva.

Trump subrayó que los fondos son propiedad soberana del Gobierno de Venezuela y no pertenecen a acreedores, actores comerciales ni particulares.

Además, precisó que Estados Unidos mantiene dichos recursos únicamente en calidad de custodio y no como participante del mercado, y que los fondos no han sido ni serán utilizados para actividades comerciales dentro del territorio estadounidense.

La orden también establece que la administración y eventual disposición de los recursos se realizará con fines públicos, gubernamentales o diplomáticos, según lo determine el secretario de Estado.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, deberá coordinar estas acciones con el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia y el Departamento de Energía.

Asimismo, se autoriza a Bessent y a la fiscal general, Pam Bondi, a invocar la inmunidad soberana de los fondos en cualquier procedimiento judicial o administrativo, y se ordena la presentación de informes periódicos al Congreso sobre la emergencia nacional declarada.

La orden ejecutiva reemplaza cualquier disposición previa que contradiga lo establecido en el nuevo decreto y aclara que no crea derechos exigibles contra el Gobierno de Estados Unidos.

El documento fue firmado por el presidente Donald Trump y dispone que los costos de su publicación sean asumidos por el Departamento del Tesoro.