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- 08/09/2020 00:00
Luego de cuatro meses de su publicación en la Gaceta Oficial, a partir de hoy martes 8 de septiembre entra en vigencia la nueva ley de contrataciones públicas
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Agrega La Estrella en Google ↗️Entre las modificaciones está otorgar poder al Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas para multar a los servidores públicos que no acaten sus decisiones. La normativa anterior solo facultaba a esta instancia superior a decidir sobre los recursos de apelación de la Dirección General de Contrataciones Públicas.
La Ley 153 establece medidas de control para prevenir la corrupción, evitar la paralización de las obras con mecanismos de reclamo “por acciones temerarias y sin fundamento” y promover la participación de todos los sectores productivos del país.
La norma en su artículo 12 establece una lista de 11 situaciones que declaran la incapacidad de una empresa para contratar con el Estado; entre ellas se destaca el hecho de estar moroso por el pago de multas por incumplimientos por contratos anteriores con alguna institución pública; haber participado en la elaboración de procedimientos en la selección de contratistas; que hayan sido condenadas por delitos contra la administración pública, entre otros.
En el tema de los mecanismos de control para evitar la paralización de las obras, esta normativa introduce la figura del “Pacto de Integridad”, que consiste en un documento que deben suscribir las empresas contratantes con el Estado, el cual debe ser de obligatorio cumplimiento.
Un comunicado de la Dirección General de Contrataciones Públicas indica que la nueva Ley 153, que reforma la Ley 22 de Contrataciones Públicas, “introduce equilibrio al trámite de las acciones de reclamo, reconociendo el derecho al debido proceso, sin desnaturalizarlo y evitando sus excesos”.
Otro de los elementos novedosos de la Ley 153 del 8 de mayo de 2020 consiste en la incorporación de normas especiales, orientadas a darle participación a empresarios nacionales que conforman los sectores productivos de las micro, pequeñas y medianas empresas, y a los productores locales.
Para Raphael Fuentes, director general de Contrataciones Públicas, con esta nueva ley se promueve la dinamización de la economía panameña que en estos momentos de pandemia ha sido fuertemente golpeada, ya que permite una mayor convocatoria en las regiones del interior del país.
Fuentes promete que con esta nueva normativa se inicia un nuevo capítulo en la transformación del sistema de contrataciones públicas porque representan un importante y esperado avance, que se reflejará en el desarrollo del país.
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