El 'Pacto ético digital', paso importante hacia una nueva cultura democrática

Desde el punto de vista de su desarrollo y profundización, la democracia panameña tiene una enorme y creciente deuda con los ciudadanos. Más son las preguntas, las dudas y la desconfianza, que los aciertos y la colaboración.

En este ambiente de desencanto democrático y de cara a lo que serán las elecciones de 2024, el Tribunal Electoral hace un llamado a la ciudadanía a firmar un “pacto ético digital”, un compromiso público sin aparente carácter vinculante, pero de sustancial importancia para el buen desenvolvimiento del proceso electoral.

Entre los compromisos podemos mencionar:

Respeto a la veda electoral (desde la reforma de 2017 existen tiempos de propaganda y campaña de 60 días)

No hacer uso de cuentas falsas para desinformar o guiar maliciosamente al electorado hacia conclusiones o para promover propaganda electoral a favor o en contra de aspirantes, precandidatos, candidatos y partidos políticos.

Promover el buen uso de las redes sociales y estar vigilantes ante la aparición de fake news o noticias falsas que puedan poner en peligro el proceso electoral. Denunciar las noticias falsas.

Evitar las campañas sucias en las que se ofenda la dignidad humana con la utilización de insultos, incursiones en la vida privada, discriminación y aseveraciones de conductas ilegales que no se hayan dictaminado por los tribunales competentes, se promueva la violencia y la falta de tolerancia.

Como ciudadano debo aplaudir esta iniciativa del Tribunal Electoral, ya que promueve una nueva cultura democrática por medio del resguardo de valores como el respeto, la tolerancia, la búsqueda de la verdad, respeto a la dignidad humana, a la reputación, a la intimidad familiar y personal, valores que se han estado diluyendo en la sociedad panameña durante los últimos años, y las redes sociales se han convertido en un espacio similar al viejo oeste norteamericano donde no impera la ley ni los principios éticos.

La libertad de expresión no es un derecho absoluto:

Para algunos medios tradicionales y, sobre todo, no convencionales, esta iniciativa podría representar una intromisión en el derecho de expresión, es importante entonces recordar que el derecho a la libertad de expresión no es un derecho absoluto ya que está limitado por otros derechos.

La carta interamericana de derechos humanos en su artículo 13 sobre la libertad de pensamiento y expresión en su numeral 2, reconoce el derecho a la reputación y la moral pública como límites al derecho de expresión, aunque también afirma que el derecho de expresión “no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley”.

En cuanto al delito de calumnia y el delito de injuria, están establecidos en el Código Penal, en los artículos 172 y 173, respectivamente.

El delito de calumnia consiste en la acción de quien atribuya falsamente a una persona la comisión de un hecho punible, y tiene sanción prevista de 90 a 180 días multa y cuando se comete a través de un medio de comunicación social, la sanción aplicable es de 18 a 24 meses de prisión.

El delito de injuria, por su parte, consiste en la acción de quien ofende la dignidad, honra o decoro de una persona mediante escrito o por cualquier forma, y lleva aparejada sanción de 60 a 120 días-multa. Cuando se comete a través de un medio de comunicación social, de 12 a 18 meses de prisión.

A este respecto son relevantes los comentarios que esboza el abogado constitucionalista Salvador Sánchez, cuando advierte que “la legislación panameña sobre calumnia e injuria admite que el responsable de emitir conceptos calumniosos quede exento de pena si prueba la veracidad de lo afirmado. Si la conducta criminal atribuida se demuestra cierta, no habría delito de calumnia, y la exención de la penalidad contemplada en la ley, vendría sobrando”. (Sánchez, S, 2006)

También es pertinente mencionar que según el artículo 178 del Código Penal, “no constituyen delito contra el honor, entre otras situaciones, las discusiones, críticas y opiniones sobre los actos u omisiones de los servidores públicos, relativos al ejercicio de sus funciones”. “Es decir, que tratándose de calumnia o injuria contra funcionarios (y algunas corporaciones privadas), el querellado puede librarse del supuesto abuso de la libertad de expresión si logra probar que lo que dice de esos funcionarios es cierto. En el caso de las injurias, especialmente si las injurias se refieren a su ejercicio como agente estatal”. (IBID).

El internet ha transformado la forma como vivimos y nos organizamos en sociedad, y esto incluye, desde luego, los procesos electorales.

Para el sociólogo Manuel Castells, “lo más importante que ha ocurrido en los últimos 20 años es la transformación del sistema de comunicación y lo que denominó “autocomunicación de masas”. El 97% de la información que existe en el planeta está digitalizada y el 85% es accesible a través del internet. Castells, Manuel, 2018).

A inicios de 2022 el 78,2% de los panameños utiliza redes sociales, esa cifra ha aumentado vertiginosamente.

Reconociendo las responsabilidades que conlleva este auge tecnológico y sus efectos para la democracia, el Tribunal Electoral plantea por medio de este “pacto digital” que “las nuevas tecnologías no pueden ganarle a nuestro espíritu de democracia y es nuestro deber protegerla en estos nuevos espacios digitales”.

La manipulación de la opinión pública en las redes sociales sigue siendo una amenaza crítica y creciente para la democracia, el primer informe del proyecto Bradshaw y Howard de la Computacional Propaganda Project del Oxford Internet Institute en 2018 “evidencia que con cada elección que pasa hay un creciente cuerpo de evidencia de que los líderes nacionales, partidos y candidatos políticos individuales están utilizando plataformas de redes sociales para difundir desinformación. Esta se ha vuelto la estrategia más efectiva de campaña negativa hasta la fecha”. (Calderón Larrea, M, 2021)

La realidad de las cosas es que las redes sociales han hecho evolucionar a los medios tradicionales y como producto de su exponencial difusión, la comunicación a través de internet y la penetración de las redes sociales empiezan a desplazar a los medios tradicionales a la hora de conformar la opinión pública.

Ante esta realidad surgen nuevas posibilidades, pero también nuevos peligros, entre ellos la manipulación tecnológica para adulterar la opinión pública.

Siguiendo el pensamiento de Castells, ante la creciente posibilidad de manipular la formación de opinión pública por medio de las redes, surge la llamada “política del escándalo” como método de lucha política suplantando así la “lucha de ideas”.

Dentro de este esquema cada parte se esfuerza en dañar la reputación de su adversario publicando información sobre escándalos que son “a veces ciertos, a veces manipulados, a veces falsos; para lograr este objetivo las corporaciones hacen uso de medios alternos que gravitan en torno a las redes sociales. Lo que mueve esta agenda es una lucha descarnada por el control del botín del Estado desde el poder político y no la construcción de un nuevo orden económico, social y político.” Castells, M, 2018).

El debate político ideológico ha sido suplantado por “la política del escándalo” como método de lucha política entre los factores reales de poder. En los últimos años el escenario de debate se trasladó hacia las redes sociales y como respuesta a este fenómeno, estos poderes (políticos, corporaciones mediáticas, y poderes económicos) recientemente han adquirido enorme influencia dentro de las redes sociales para desde ahí manipular la información por medio de otro nuevo naciente fenómeno que el maestro Castells denomina “investigación de oposición”.

La nueva “investigación de oposición” desde las redes sociales es la más reciente estrategia de las corporaciones mediáticas y grupos de poder político para ganar credibilidad y (o) hacer perder credibilidad a su adversario, lo hacen manipulando la información con la finalidad única de controlar el destino de las arcas del Estado. Su objetivo es fortalecer las agendas de los grupos de poder y no transformar la realidad desde el debate y la búsqueda de consenso social; el debate de ideas y propositivo es casi inexistente, a lo sumo ocupa un pequeño porcentaje, mientras que los escándalos constituyen el principal énfasis de este tipo de mercenarios de la información.

Queda claro que el “pacto ético digital” es una iniciativa de avanzada, importante ante el enorme desafío de fortalecer los valores de nuestra democracia, entendiendo la democracia como una forma de vida y una cultura de convivencia social pacífica basada en el debate propositivo de ideas y no en estrategias de manipulación y difamación.

Esta iniciativa, por ende, no debe quedarse en su nivel embrionario, por el contrario, los valores que han sido identificados por el Tribunal Electoral y cuya protección sirve de fundamento al pacto, deben ser repensados e instrumentalizados como parte esencial de las próximas reformas electorales.