‘Bolota’ Salazar - Betserai Richards | ¿Qué sanciones puede recibir un diputado por agredir a otro en la Asamblea?

La Asamblea Nacional se convirtió en coliseo pugilístico este lunes 21 de julio cuando el diputado perredista Jairo “Bolota” Salazar lanzara un puñetazo contra el diputado de Seguimos, Betserai Richards.

“Hay límites que un hombre no puede tolerar, y más cuando la agresión va dirigida a lo más sagrado que tiene un ser humano. Están acostumbrados a ofender y a denigrar para luego victimizarse, en otras palabras tiran la piedra y esconden la mano”, publicó el diputado Salazar en su cuenta de Instagram.

Fuentes del Legislativo compartieron con La Estrella de Panamá que el diputado Richards habría insultado a la madre de Salazar, pero Richards declaró públicamente que eso es falso.

“Bajo ninguna circunstancia, ese no es mi estilo”, afirmó el diputado este martes 22 de julio antes de presentar una denuncia contra Salazar en el Ministerio Público. “Yo el pasado viernes hablé al país y pedí que los 14 millones de dólares que se desaparecieron de las arcas de la Junta Comunal de la provincia de Colón sean devueltos o que se llegue hasta las últimas consecuencias. Yo únicamente me referí a ese tema y lógicamente, tuvo 12 horas para inventar mentiras y ahí están las consecuencias, está inventando mentiras a estas horas del día”, aseguró.

Agresiones en la Asamblea Nacional

Esta no es la primera vez que se registra un acto de violencia en la Asamblea. En 1989, Luis Gómez del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y Willy Cochez protagonizaron una pelea a puños en el pleno Legislativo.

En 2019, la diputada perredista denunció al mismo Jairo Salazar por presuntamente agredirla con una botella de agua. El caso fue archivado en 2021 por la Corte Suprema de Justicia.

En octubre de 2019, los perredista Crispiano Adames y Leandro Ávila fueron el centro de otro incidente. Adames acusó a Ávila de “vendido y cobarde” y le gritó que lo esperaba fuera del edificio para resolver la disputa a puño limpio.

Un mes después, Salazar de nuevo hizo noticia. Durante una fiesta en Los Lagos, provincia de Colón, un sujeto arrojó una botella contra un policía, partiéndole la frente y dejándole el rostro ensangrentado. Cuando la policía detuvo al responsable y lo llevó a la subestación, Salazar salió al paso asegurando que representaba al detenido.

“Quítate tu uniforme y yo me quito mi investidura, pa que veas que te parto”, gritó Salazar. El momento quedó capturado en un video que fue compartido por redes sociales. “Filma bien yo no le tengo miedo a las cámaras si estoy acostumbrado a estar en el show”, declaró.

En 2022, otro diputado perredista, Raúl Pineda, casi se agarra a golpes con el diputado independiente Edison Broce, durante una presentación en la Comisión de Presupuesto. La transmisión en directo de la Asamblea fue interrumpida justo después que Pineda saltó de su silla increpando a Broce.

En ninguno de los casos mencionados se ha revocado el mandato de ninguno de estos diputados.

¿Qué dice la Ley?

La Constitución Nacional establece que “Los miembros de la Asamblea Nacional no son legalmente responsables por las opiniones y votos que emitan en el ejercicio de su cargo”. Sin embargo, sí pueden ser procesados legalmente. “Los miembros de la Asamblea Nacional podrán ser investigados y procesados por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, por la presunta comisión de algún acto delictivo o policivo, sin que para estos efectos se requiera autorización de la Asamblea Nacional. La detención preventiva o cualquier medida cautelar será determinada por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia”, dictamina la Constitución.

“El Diputado Principal o Suplente podrá ser demandado civilmente, pero no podrá decretarse secuestro u otra medida cautelar sobre su patrimonio, sin previa autorización del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, con excepción de las medidas que tengan como fundamento asegurar el cumplimiento de obligaciones por Derecho de Familia y Derecho Laboral”, destaca.

Además, existen estándares de conducta que deben seguir los diputados de la República. En octubre de 2005 se adoptó el Código de Ética y Honor Parlamentario.

“Los diputados y las diputadas deben comportarse con honradez, transparencia, justicia, mesura, discreción y seriedad, de tal forma que su conducta pueda admitir la fiscalización más detallada de parte de los ciudadanos. El diputado y la diputada deben reflejar en su conducta pública la dignidad del cargo que ejercen”, establece el artículo 6 del código.

El artículo 9 señala que es deber de los diputados “conservar la dignidad y el decoro propios de la investidura del cargo”, mientras que el artículo 10 dictamina que es incompatible con los deberes inherentes al cargo “proferir injurias, calumnias, acusaciones temerarias o amenazas contra colegas y demás personas que intervengan en los asuntos propios del desempeño de sus funciones”.

De acuerdo al Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, le corresponde a la Comisión de Credenciales, reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales “investigar los hechos graves que ocurran en la Asamblea y cuya sanción no esté atribuida al Presidente o Presidenta de la Asamblea por este Reglamento”.

Sin embargo, la Asamblea aún no conforma sus comisiones para el actual período legislativo. En el período anterior, la comisión era presidida por la diputada Shirley Castañedas del Partido Realizando Metas. Jairo Salazar era uno de los comisionados.