Gobierno regula cárceles para reos de alta peligrosidad

Un decreto ejecutivo que regula la creación y funcionamiento de los centros de detención preventiva para personas privadas de libertad calificadas de peligrosidad extrema fue firmado y avalado por el presidente de la República, Juan Carlos Varela, y el ministro de Gobierno, Carlos Rubio.

El decreto establece que estos centros se fundamentarán en los principios de seguridad, tutela del bien jurídico, rehabilitación y defensa social, y serán administrados por la Dirección General del Sistema Penitenciario, con apoyo de la Fuerza Pública para garantizar la seguridad externa.

De igual manera, las personas privadas de libertad de peligrosidad extrema serán recluidas en estos centros de conformidad con los plazos establecidos por el juez de la causa o la autoridad competente, mientras dure la detención provisional o preventiva, de acuerdo a la legislación penal.

‘El Estado, por conducto del Ministerio de Gobierno y la Dirección General del Sistema Penitenciario, procurará las condiciones adecuadas de las instalaciones en cumplimiento de lo previsto de nuestra normativa constitucional y penitenciaria', señala el decreto.

Las personas que ingresen a los centros serán las que califiquen como de peligrosidad extrema y para ello se tomará en cuenta los criterios de: edad, situación procesal, antecedentes penales, vínculo con el crimen organizado y estado de salud.

Los Centros de Detención Preventiva para Personas Privadas de Libertad Calificadas de Peligrosidad Extrema contarán con instalaciones adecuadas para la prestación de los servicios de atención que dispone la Ley 55 de 30 de julio de 2003 y el Decreto Ejecutivo 393 de 25 de 2005.

PUNTA COCO

Entre 2015 y 2016, el Gobierno decidió trasladar a la cárcel de la isla Punta Coco, en el archipiélago de Las Perlas, en la provincia de Panamá, a siete peligrosos detenidos, cabecillas de bandas delictivas que operaban dentro de diferentes centros penitenciarios.

Sin embargo, las condiciones de la cárcel fue cuestionada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por lo que los detenidos tuvieron que ser trasladados a la Nueva Joya.