Contraloría culpa a tres funcionarios del negociado de llantas

La Contraloría General de la República confirmó que en la compra de 448 llantas para el Programa de Ayuda Nacional (PAN) hubo una lesión patrimonial de $110,948, aunque vinculó únicamente al exdirector de la entidad Rafael Guardia, y a los jefes de Almacén y Transporte, Edwin Serracín y Ana Victoria Andrión.

El informe, pieza fundamental en la audiencia preliminar que se celebrará este viernes ante el juez décimoquinto penal Leslie Loaiza, no incluye al empresario Charles Sadat Bonilla, detenido preventivamente desde enero por haber vendido los repuestos al PAN.

Según el documento, al que La Estrella de Panamá tuvo acceso, Free Port PTY, sociedad de Bonilla, facturó las llantas al PAN por $169,482, aunque las compró a Tambor por $52 mil. ‘Es decir, (un precio) dos veces superior (al del mercado)', refresca la auditoría de la Contraloría.

Guardia ha dicho al Ministerio Público que además de Free Port PTY, Sadat Bonilla era dueño de las sociedades Amaizing Solutions y Emprender Ltd, que también presentaron ofertas para la venta de las llantas.

El abogado Orlando Castillo, defensa de Bonilla, reconoce que su cliente es dueño solamente de Amaizing, aunque asegura que al no regirse por la Ley 22 de Contrataciones Públicas, varias empresas de un mismo grupo pueden participar del mismo acto público.

UNO Y UNO, TRES

El contrato de las llantas quedó en manos de Bonilla, amigo de Rafael Guardia hijo (investigado por supuesto blanqueo), porque solía hacerle favores al exdirector del PAN a través de ‘algunas sociedades que tenía, sin ningún tipo de interés o ganancia'. ‘No cobré comisión', dijo Guardia padre.

La defensa de Bonilla ha replicado que su cliente sea el único detenido del caso (acusado de peculado agravado), y no se le haya aplicado la misma regla a los funcionarios de Contraloría que debieron ver la compra.

Pero la Fiscalía Tercera Anticorrupción lo acusa no solamente de venderle con sobreprecios al PAN, sino de haber conseguido en contrato con corrupción.

Se basa en que además de los sobreprecios, una sociedad de Bonilla giró a favor de otra de Guardia un cheque por $30 mil, el 3 de julio de 2014. ‘Eso fue la devolución de un cheque que le hizo Guardia pro $30 mil el 26 de mayo anterior, para la compra de una propiedad, que se cayó', insiste Castillo, confirmando la cercanía entre el exjefe del PAN y su cliente.

‘Fue amoral haberle comprado a una empresa que previamente conocía, por pago de favores personales', reconoció Guardia, citado por el informe de la Contraloría.

COBRO COACTIVO

Los defensores de Bonilla aseguran en otro informe de auditoría forense que no hubo tal perjuicio económico contra el Estado, porque los auditores de la Contraloría no calcularon los ‘gastos administrativos y los impuestos fiscales y municipales' que se desprendían del contrato.

Las cuentas de los auditores del Estado valoran la factura que presentó Free Port PTY, menos un cheque por $5,543 que el PAN descontó a la sociedad, y giró al Tesoro Nacional, y menos la factura de Tambor.

Los cálculos de la defensa del empresario es que éste se habría ganado en torno de los $50 mil por la compra y no el doble, como sostiene la Contraloría. Por su relación comercial con Tambor Bonilla consiguió precios por $52 mil cuando el valor real de las 448 llantas en el mercado es de $84 mil, agregó.

La Contraloría remitió el informe al Tribunal de Cuentas, que deberá cobrar $110,948 a Guardia y otros $110,948 a Andrión, más $1,605 a Serracín, porque no reportó que se entregaron cuatro llantas menos que las compradas. El juez Loaiza decidirá si con Bonilla y otras dos personas, irán o no a juicio.

==========

ARGUMENTOS

El Ministerio Público investiga a siete personas por el caso de las llantas.