“Velo” en finanzas de partidos complica agenda de reformas

El financiamiento privado a las campañas presidenciales de los partidos políticos sigue en aumento y se mantiene como el secreto mejor guardado, reservado solo para la cúpula de los colectivos.

Cálculos oficiales revelan que en las últimas cuatro elecciones, los partidos políticos se gastaron $155.79 millones en campaña electoral. De ese total, $55.5 millones forman parte del financiamiento público aplicado por primera vez en las elecciones generales de 1999; el resto procede de fuentes privadas.

Es un anhelo del Tribunal Electoral (TE), al cual se suman los representantes de la sociedad civil organizada, que los partidos informen de cuánto es el ingreso que reciben en concepto de financiamiento privado y que además se ponga un tope a las donaciones y las campañas, así como que se revele la identidad de los donantes.

La negativa ha sido permanente. La semana pasada, se volvió a convertir en el dique que impidió que la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE), que desde enero ha estado sesiones de manera fluida, se volviera a reunir para establecer las normas que regirán el proceso electoral del 2019.

Los partidos políticos, sin distingo (gobierno y oposición), acordaron posponer para el 25 de junio la reanudación de las sesiones.

Ya el TE presentó una propuesta para poner tope a los partidos en el caso de la publicidad electoral.

La última propuesta para mejorar el sistema electoral en el país fue rechazada por la Asamblea Nacional y, a criterio del TE, se perdió la oportunidad de avanzar en temas de transparencia.

El proyecto consensuado en el seno de la CNRE, en el 2010, contemplaba la trasparencia en el financiamiento privado, un tope tanto en los gastos en que podían incurrir los partidos políticos, como en los aportes que podían hacer los donantes, así como medidas para reducir el costo de la campaña a base de abreviar el tiempo de estas

Además, se contemplaba un sistema igualitario para el costo de la propaganda televisiva y el aumento del financiamiento para candidatos independientes.

En la última sesión de la CNRE, el magistrado Eduardo Valdés Escoffery manifestó que la no publicación de los nombres de los donantes de campaña riñe con la transparencia e insistirán en lograr el objetivo.

La causa de la propuesta es la misma desde hace varios lustros: temor de que dineros del narcotráfico o de procedencia ilegal penetren las campañas, y el rechazo al desmedido gasto en publicidad .

Sin embargo, los partidos políticos prefieren seguir con el secreto de las contribuciones privadas.

Mientras el TE y los partidos políticos buscan un consenso, la tendencia en la región es al tope de las campañas.

El director del Centro de Estudios Democráticos del TE, Carlos Díaz, en un análisis regional presentado en la CNRE pone en evidencia la tendencia a introducir límites y topes a las contribu ciones privadas.

El objetivo de la reducción, explicó Díaz, es evitar desequilibrios o asimetrías en las arcas de los partidos políticos y la influencia de grupos de interés en las instituciones y políticas públicas.

DONACIONES

En Panamá el financiamiento público a la política fue una iniciativa del TE y de la CNRE en 1997. En ese momento, contó el aval de la Asamblea Nacional y se instituyó lo que se denomina el subsidio electoral a los partidos y candidatos independientes con fundamento en artículo 141 de la Constitución Política que desde 1972 había previsto que el Estado debe contribuir en los gastos en que incurran los participantes del proceso electoral.

Dese la implementación del subsidio electoral, considerado una inversión para el fortalecimiento de la democracia, el Estado ha destinado más de $135 millones .

Paralelo a la contribución estatal, los partidos recibieron $100 millones en donaciones privadas en las últimas tres elecciones.

Informes del TE sobre el financiamiento privado de las campañas revelan que estas donaciones siguen ascendiendo.

En el 2004, los partidos que participaron en la contienda reportaron $13.8 millones; en 2009, $27.2 millones y en la última contienda electoral, en 2014, se reportó una contribución privada de $591 millones. En ninguna se reveló quiénes fueron los donantes. Preocupa además que las normas vigentes sobre regulaciones de aportes privados se pueden evadir con facilidad.

Otra debilidad que se detecta en el sistema es que las normas carecen del detalle suficiente para impedir que los partidos desvíen los recursos del financiamiento público a propósitos distintos a los electorales.

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DINERO PÚBLICO

Asignar fondos a los partidos políticos fue aprobado en la Asamblea Nacional en el año 1997