Venta de fallos, el fantasma tras la corrupción en la justicia

Actualizado
  • 21/04/2015 02:00
Creado
  • 21/04/2015 02:00
En la Asamblea hay 55 expedientes contra magistrados de la Corte Suprema, la mayoría por abuso de autoridad y corrupción.

El magistrado Víctor Benavides revive un trauma que quedó en evidencia con el juicio a Alejandro Moncada Luna: la agria premisa de que la Corte Suprema está, paradójicamente, anegada en corrupción. Una denuncia hecha por su exagente de seguridad en un video desnuda su rol en la espiral de la venta de fallos judiciales, que por estos días se promueve como un mercancía básica de la justicia.

Benavides es, empero, la puerta al fondo de la discusión. En número de denuncias ante la Asamblea Nacional, al magistrado de la sala de lo Contencioso Administrativo le anteceden Harley Mitchell, Oydén Ortega (con seis cada uno) y José Ayú Prado, el más nuevo de todos y con el mayor número de quejas, entre ellas una del exjuez Alexis Ballesteros, quien lo acusa de fallar a favor de amigos del expresidente Ricardo Martinelli.

En el caso de Benavides, el supuesto delito más común es el de abuso de autoridad (cuatro de seis), aunque el Suntracs también lo acusa de corrupción por haber liberado en casación, el año pasado, al asesino de un obrero.

DE INTERESES Y OTROS MALES

El jurista Carlos Herrera Morán sostiene que la mayoría de las quejas contra los jueces máximos han sido promovidas porque estos, supuestamente, tenían ‘intereses inconfesables' con algunas de las partes de los procesos en los que fallaron.

Herrera Morán integra una comisión incidental que ha creado el Colegio de Abogados (CNA) para analizar las denuncias pendientes en la Asamblea Nacional contra los magistrados, tras la destitución de Moncada Luna, en marzo pasado.

Ese ente no oficial ha corroborado que hay pendientes de solución 55 quejas en la Comisión de Credenciales de la Asamblea . Apenas una ha sido juzgada.

‘Incluso hay algunas que nunca se tramitaron, lo que revela el pacto de coexistencia que hay entre los magistrados y los diputados', arguye. La próxima semana, el CNA espera que la comisión les reciba en una visita al Palacio Justo Arosemena, para, en quince días, tener un informe final.

Los planteamientos de Herrera Morán se alinean con parte de la denuncia de Vicente Caballero, el exseguridad de Benavides, quien asegura haber depositado frecuentemente hasta $20 mil en una cuenta bancaria del máximo juez en el Banco Nacional, por negociar sus decisiones.

El defensor del magistrado, Ángel Gómez, rebate que se trataba de depósitos regulares para sus familiares en Veraguas, y deslegitima el hecho de que Caballero haya puesto la queja desde la prisión, donde se encuentra confinado desde 2010, por, justamente, el secuestro de la madre de Benavides.

‘La gravedad de las denuncias son de escándalo', sostiene la directora de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, Magaly Castillo, tomando en cuenta que Caballero ha señalado a Benavides como pedófilo.

Por eso mismo Herrera Morán cree que este caso obliga a la Asamblea Nacional a actuar pronto, porque, en coincidencia con el exmagistrado Guillermo Márquez Amado, asume que la administración de la justicia no puede estar sometida a entredichos como los que hoy tienen al magistrado en apuros.

UN DELITO DE POCA PISTA

Pero es complicado. Aunque se habla con soltura de la venta de fallos en la Corte, judicialmente ha sido difícil de probar.

En el caso más próximo (y el único investigado en democracia), el diputado fiscal Pedro Miguel González dice no haber podido verificar que el magistrado Alejandro Moncada Luna comerció sus decisiones en la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo —la misma que Benavides, por cierto—, sino que ligó su riqueza injustificada con negociados administrativos desde la Corte. El exmagistrado compró dos apartamentos por $1.7 millones, un monto impagable con su salario.

Para Castillo, la acusación que se le endilga a Benavides es ‘bastante difícil de probar', por lo complejo de perseguir a quienes hayan comprado sus decisiones, aunque instó a que, tal como a Moncada Luna, se siga el rastro de los depósitos.

Esa es, para el abogado Eloy Alfaro, una manera ‘fácil' de que Benavides pueda probar que es inocente a los señalamientos de corrupción que se posan sobre él.

La venta de fallos, dejan ver los analistas, es al fin y al cabo un delito ‘fantasmagórico' al que la justicia apenas se puede aproximar investigando supuestos enriquecimientos ilícitos.

—Pero el resto de los magistrados tienen que hablar con Benavides— , insiste.

—¿Y cómo, si ellos también están denunciados por lo mismo que él, sólo que sus casos están congelados en la Asamblea?

—Sobre todos pesa esa acusación, y ellos tienen que evaluar lo que está sucediendo— , punza.

Lo que debe ocurrir, según Herrera Morán, es que el gobierno haga lo que hace tiempo debe hacer: acometer una reforma judicial que despolitice la Corte, el mecanismo de elección de magistrados y el de investigarlos. ‘Ese es nuestro pecado', falla. Otro punto flaco de la democracia.

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CREDENCIALES

La denuncia que se espera en la Asamblea

La jornada en la Comisión de Credenciales cerró ayer sin que se recibiera una denuncia contra el magistrado Víctor Benavides, como su defensor y voceros de la sociedad civil organizada esperaban.

Ángel Gómez, abogado del magistrado, aseguró que estaban en la recolección de pruebas, aunque esperarían la queja oficial del exagente de seguridad Vicente Caballero.

Credenciales ya tiene cuatro denuncias contra el magistrado Benavides.

Magaly Castillo

‘ Es difícil probar que hubo venta de fallos, pero hay que seguir los depósitos, el enriquecimiento ilícito',

ALIANZA PRO JUSTICIA

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